La promesa de una “nueva arquitectura del Estado” que José Antonio Kast lanzó con bombos y platillos en su primera Cuenta Pública ha quedado atrapada en la maraña de sus propias contradicciones. A casi tres meses del anuncio, la comisión de “expertos” que debía proponer una fusión de ministerios y una reducción del aparato estatal aún no se ha constituido, mientras el gobierno ya ha definido que la fusión de Interior y Segegob será el primer paso de una reforma que, en los hechos, no tocará los ministerios que realmente defienden los intereses del capital: Hacienda, Economía y Minería. La clase trabajadora asiste a una farsa de manual: mientras los grupos económicos reclaman un “Estado más eficiente” para seguir aumentando sus ganancias, la derecha chilensis utiliza el discurso de la modernización para desfinanciar lo público y concentrar aún más el poder en las manos de unos pocos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El 1 de junio de 2026, en su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast prometió una transformación profunda del Estado. “Convocaremos a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado”, declaró, “una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, que elimine las superposiciones de funciones y que reasigne los recursos”. La promesa de reducir el número de ministerios —de 25 a 19, según planteaba la UDI— y de fusionar el Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno (Segegob) era presentada como un paso hacia un Estado “más eficiente” y “ordenado”.
Pero la realidad, tozuda como siempre, ha desmentido la prisa del discurso. El proyecto de fusión de Interior y Segegob, que debía enviarse “en las próximas semanas”, casi tres meses después sigue sin materializarse. La comisión de expertos, que debía sentar las bases de la nueva arquitectura del Estado, tampoco ha comenzado a funcionar. El retraso no es un problema técnico; es la confesión de que la “transformación” no es más que una coartada para una ofensiva de clase.
La hipocresía de la “eficiencia”: recortar lo público, blindar el poder del capital
El discurso de la “eficiencia” y la “racionalización” del Estado es el caballo de Troya de la derecha para desfinanciar lo público. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que anunció un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, ahora dice necesitar una “nueva arquitectura del Estado” para ser más eficiente. Pero la historia enseña que, para la derecha chilena, “eficiencia” es sinónimo de recorte de derechos.
El diseño actual ya ha demostrado su verdadera naturaleza. La concentración en una sola autoridad —el biministro Claudio Alvarado— de las responsabilidades de Interior, la coordinación del gabinete, la relación con el Congreso y la vocería comunicacional no es un accidente. Es la concentración del poder en las manos de quienes defienden los intereses del capital, mientras los ministerios que realmente importan para la acumulación —Hacienda, Economía y Minería— quedan intactos, blindados contra cualquier “racionalización”.
La experiencia reciente lo confirma. El episodio de la megareforma tributaria, cuando el ministro del Interior no fue informado de que Hacienda había recurrido al Tribunal Constitucional, no es un error de comunicación. Es la demostración de que el poder real no está en el ministerio que coordina, sino en el que maneja el dinero. La “nueva arquitectura” no cambiará eso: solo lo consolidará.
La función de clase de la “modernización”: la racionalidad del capital
Desde una perspectiva marxista, la comisión de “expertos” no es una herramienta de modernización, sino un mecanismo de legitimación de la ofensiva neoliberal. La convocatoria a “expertos” del ámbito público, académico y empresarial no es un gesto de pluralismo; es la institucionalización de la lógica del capital en el diseño del Estado. Los “expertos” de las empresas y las universidades privadas son los mismos que han diseñado las políticas de ajuste, las mismas que han recomendado la privatización de los servicios públicos y las mismas que han defendido la megareforma tributaria.
El objetivo declarado de la comisión —”reducir el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones y reasignar recursos”— es, en los hechos, una receta para desmantelar lo que queda del Estado social. La fusión de ministerios no es una medida de eficiencia; es una forma de concentrar el poder y reducir la capacidad de acción de las instituciones que protegen los derechos de los trabajadores. La “reasignación de recursos” no es una redistribución; es una transferencia desde la salud, la educación y la vivienda hacia los bolsillos de los grupos económicos.
La propia derecha lo ha reconocido sin pudor. La UDI, que instó a Kast a anunciar la reforma, argumentó que “hay ministerios con funciones similares y que este es el minuto para impulsar una modernización”. Pero las “funciones similares” que la UDI quiere eliminar no son las de los ministerios que defienden los intereses del capital. Son las de aquellos que, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de las Culturas, han sido conquistas de la lucha popular.
Epílogo: la farsa continúa
La comisión de expertos para una nueva arquitectura del Estado no es una reforma; es un montaje. Es la farsa de un gobierno que, mientras recorta los derechos de los trabajadores y entrega el patrimonio público al capital, se presenta como un modernizador eficiente. Es la hipocresía de una derecha que, mientras concentra el poder en las manos de los mismos de siempre, habla de “racionalidad” y “eficiencia”.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar. La “nueva arquitectura del Estado” que Kast promete no es para construir un Estado al servicio de las mayorías; es para desmantelar lo que queda del Estado social y consolidar el poder de los grupos económicos. La fusión de ministerios, la reducción de carteras y la reasignación de recursos no son medidas técnicas; son armas de clase.
Mientras los “expertos” de la comisión se preparan para diseñar un Estado más “eficiente”, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. La arquitectura del Estado que realmente importa no es la que se diseña en los despachos de La Moneda, sino la que se construye en las calles, en los barrios y en las fábricas, con la organización y la resistencia de los de abajo.