En un hecho sin precedentes desde la nacionalización del cobre, la administración de Bernardo Fontaine concretó la primera sociedad público-privada de su gestión: “Minera Puntilla SA”, un joint venture con la minera privada Pucobre para el desarrollo del proyecto Tovaku. La nueva firma será controlada en un 60% por el capital privado y en un 40% por la estatal, en un modelo que la derecha chilena, encabezada por el biministro Daniel Mas y el propio Fontaine, se esfuerza por presentar como una “modernización” y una “alianza estratégica”. Pero la historia es tozuda: lo que la administración de José Antonio Kast está consumando no es una asociación para el desarrollo, sino la primera piedra de un proceso que, paso a paso, entrega el patrimonio más preciado de Chile a los grupos económicos que ya concentran la riqueza del país. Mientras los trabajadores de la minería ven cómo su empresa estatal se asocia con el capital que siempre quiso apropiarse de sus recursos, la clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: la “privatización” no es un proceso de un día, sino una estrategia de largo aliento que avanza bajo el manto de la “eficiencia” y la “modernización”, mientras los de abajo pagan el costo del saqueo.
Por Equipo El Despertar
La sociedad del despojo: Tovaku y la entrega del cobre al capital privado
El martes 25 de agosto, Codelco y la Sociedad Punta de Cobre (Pucobre) constituyeron la sociedad “Minera Puntilla SA”, una firma que estará encargada del desarrollo del proyecto minero Tovaku, en la Región de Atacama. La iniciativa, que requiere una inversión estimada de US$870 millones, tendrá una producción estimada de 46.000 toneladas de cátodos de cobre al año y una vida útil de 21 años. La estructura de propiedad es reveladora: Pucobre, una empresa privada, controlará el 60% de la sociedad, mientras que Codelco, la empresa estatal que debiera ser el orgullo de la soberanía nacional, quedará con apenas un 40%.
El proyecto no es nuevo. Se remonta a junio de 2009, cuando Codelco y Pucobre acordaron explorar el yacimiento. Desde entonces, Pucobre ha invertido aproximadamente US$35 millones en trabajos de exploración y estudios, y ahora, con la llegada de Fontaine a la presidencia del directorio de Codelco, el proyecto ha sido reactivado bajo el modelo de sociedad público-privada.
La doctrina Fontaine: “Asociarse con privados” como eufemismo de la entrega
Bernardo Fontaine, el economista designado por el Presidente Kast como nuevo presidente del directorio de Codelco, ha sido el arquitecto de esta nueva etapa . Su discurso es el de la derecha moderna: no se trata de privatizar, se trata de “trabajar con privados”. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, ha repetido como un mantra que “no estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco obteniendo más de 12 convenios con privados”.
Pero el lenguaje no puede ocultar la realidad. Lo que Fontaine y Mas están promoviendo es la profundización de un modelo que, bajo el pretexto de la “eficiencia” y la “modernización”, entrega el control de los recursos estratégicos del país al capital privado. Fontaine ha hablado abiertamente de “contar con socios que aportan tecnología y capital” y de “diversificar riesgos”. Pero, ¿quiénes son esos socios? Son los mismos grupos económicos que han saqueado los recursos naturales de Chile durante décadas, los mismos que se benefician de las rebajas tributarias de la megareforma y los mismos que, ahora, se preparan para hacerse con una parte del cobre que la nacionalización de 1971 puso en manos del Estado.
La hipocresía es brutal. Fontaine ha descartado la privatización de Codelco, pero lo que está haciendo es, en los hechos, una privatización por partes. La sociedad Minera Puntilla no es un hecho aislado, sino el primero de una serie de acuerdos que la administración de Kast planea sellar con el capital privado. En la misma línea, Fontaine ha anticipado que Codelco analizará la posibilidad de avanzar hacia un modelo tipo holding durante 2027, lo que implicaría una reestructuración profunda de la empresa que podría allanar el camino para la entrada de más capital privado en el corazón de la estatal.
La función de clase de la sociedad público-privada
Desde una perspectiva marxista, la sociedad Minera Puntilla no es una asociación para el desarrollo, sino un acto de despojo de clase. El capital privado, representado por Pucobre, no está invirtiendo en Codelco por altruismo o por un compromiso con el desarrollo nacional. Está invirtiendo porque ve una oportunidad de apropiarse de una parte de la plusvalía que la explotación del cobre genera. La participación del 60% de Pucobre en la sociedad no es una concesión, sino una transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital.
El discurso de la “eficiencia” y la “modernización” es la coartada de una clase que busca legitimar el saqueo de los recursos públicos. La derecha chilena ha utilizado este argumento durante décadas para justificar la privatización de empresas estatales, desde las telecomunicaciones hasta la electricidad. Ahora, con el pretexto de la “crisis” de Codelco y la “necesidad” de inversión privada, está avanzando sobre el último bastión de la soberanía nacional: el cobre.
La asociación con Pucobre no es un caso aislado. Es parte de una estrategia más amplia del gobierno de Kast para desmantelar el Estado empresarial y entregar los recursos estratégicos al capital. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que autorizó la capitalización de Codelco con 2.400 millones de dólares y que prepara una reforma al mercado de capitales para atraer US$11.200 millones de capitales internacionales, ahora sella la primera sociedad público-privada de su gestión, abriendo la puerta a nuevas alianzas que, paso a paso, entregarán el cobre chileno al capital extranjero.
La hipocresía del discurso anti-privatización
El gobierno de Kast ha insistido en que no privatizará Codelco. Fontaine ha dicho que “nuestro plan de recuperación de Codelco no incluye una privatización” . Pero la sociedad Minera Puntilla es, en los hechos, una privatización encubierta. No se trata de vender la empresa, sino de asociarla con privados en términos que benefician al capital, no al Estado ni a los trabajadores.
La oposición ha levantado la voz. La Comisión de Minería ya espera a Fontaine para interpelarlo sobre sus planes. Pero la derecha tiene la mayoría en el Congreso, y el gobierno de Kast está decidido a avanzar en su agenda de desmantelamiento del Estado empresarial. La sociedad con Pucobre es solo el primer paso. Fontaine ya ha anticipado que evaluará la venta de activos no estratégicos y que analizará la posibilidad de un modelo tipo holding. El camino está trazado.
Epílogo: el cobre de los de arriba, el olvido de los de abajo
La sociedad Minera Puntilla no es el fin de la historia, sino su continuación. El gobierno de Kast ha demostrado que su compromiso con la soberanía nacional es solo retórica. Cuando se trata de los intereses del capital, la derecha no duda en entregar el patrimonio más preciado del país a los mismos grupos económicos que han saqueado sus recursos durante décadas.
Mientras Fontaine celebra la “primera sociedad público-privada” de su gestión, los trabajadores de Codelco ven cómo su empresa se asocia con el capital privado, cómo se debilita su poder de negociación y cómo se precarizan sus condiciones laborales. La clase trabajadora chilena sigue esperando que el Estado cumpla con su obligación de proteger sus recursos, pero el gobierno de Kast está decidido a entregarlos al capital.
La sociedad Minera Puntilla es un acto de clase. Es la materialización de la alianza entre el capital privado y el Estado neoliberal, una alianza que busca extraer la riqueza del subsuelo chileno para engrosar las arcas de los grupos económicos. La lucha por Codelco es la lucha por la soberanía nacional, y esa lucha, como siempre, la libran los de abajo.