En medio de un desempleo que alcanza el 9,4% y una economía que no logra reactivarse, el gobierno de José Antonio Kast ha reactivado un proyecto de ley que crea los llamados “contratos por hora”, una modalidad que permite acordar jornadas de hasta 30 horas semanales o 120 horas mensuales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defiende la iniciativa como una herramienta para “darle institucionalidad” a relaciones laborales que hoy operan en la informalidad. Pero la letra chica del proyecto revela otra cosa: un trabajador podrá ser convocado con solo 24 horas de anticipación, sus horas no utilizadas serán compensadas con solo el 75% de su valor, y la polifuncionalidad borrará las fronteras entre los cargos. Mientras la Sofofa celebra la “flexibilidad” y la CUT denuncia un retroceso en los derechos laborales, la clase trabajadora asiste a la consumación de una reforma que no es nueva: es el mismo libreto que la dictadura ensayó en 1979, el mismo que Milei aplicó en Argentina con resultados desastrosos, y el mismo que el capital necesita para abaratar costos y disciplinar a los de abajo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia cayó como un baldazo de agua fría sobre las organizaciones sindicales. La Comisión de Trabajo del Senado reactivó la discusión de un proyecto de ley, originado en 2018, que busca incorporar los contratos por hora al Código del Trabajo. La iniciativa, a la que el gobierno de José Antonio Kast le puso urgencia simple, permitiría a empleadores y trabajadores acordar jornadas de hasta 30 horas semanales o 120 horas mensuales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido la medida como una forma de “reconocer que existen actividades donde la demanda fluctúa” y de dar “institucionalidad” a relaciones laborales que hoy operan en la informalidad.
Pero, ¿qué significa realmente “darle institucionalidad” a la precariedad? El proyecto establece que el trabajador deberá ser convocado con al menos 72 horas de anticipación —frente a las 24 horas que proponía la moción original— y que solo estará obligado a concurrir cuando la convocatoria se ajuste a las condiciones pactadas. Si el empleador no utiliza la totalidad de las horas acordadas, el trabajador tendrá derecho a percibir, al menos, el 75% de las horas no empleadas . Las horas no utilizadas no podrán trasladarse a un período siguiente.
El gobierno ha intentado vender la propuesta como un avance: el trabajador podrá prestar servicios para otros empleadores y no se podrán establecer cláusulas de exclusividad que le impidan complementar sus ingresos. Pero, ¿qué trabajador puede planificar su vida con una convocatoria de 72 horas? ¿Qué estabilidad puede tener un ingreso que depende de horas que pueden ser canceladas con una compensación del 75%? La “previsibilidad” que promete el gobierno es, en los hechos, la institucionalización de la incertidumbre.
El abrazo de los patrones: la Sofofa celebra la flexibilidad
Mientras los trabajadores observan con preocupación, los gremios empresariales han recibido la iniciativa con los brazos abiertos. La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, calificó el proyecto como “un buen camino” y destacó que “en un mercado laboral moderno, propiciar un mercado laboral más flexible va en el buen camino”. Navarro enfatizó que el 25% de los jóvenes no encuentra empleo y que mecanismos como este permiten “combinar el estudio con el trabajo” .
El discurso de la Sofofa es el mismo de siempre: la flexibilidad como solución al desempleo. Pero la experiencia internacional desmiente esa narrativa. El gobierno de Javier Milei en Argentina prometió una “modernización laboral” con los mismos argumentos: desregular, abaratar costos y formalizar el empleo. Un año después, la informalidad subió al 43,2%. La Confederación Sindical Internacional ubica a Argentina, Panamá y Ecuador entre los peores países del mundo para los derechos laborales. La receta es la misma, y los resultados, predecibles.
El diputado Luis Cuello (PC) fue lapidario al comparar el proyecto con las fichas del salitre: “El trabajador que negociará un contrato por horas con el Líder o Falabella tendrá tanta ‘libertad’ como el obrero del salitre que recibía un puñado de fichas como sueldo”. La comparación no es exagerada. El contrato por horas supone la certeza remuneracional; la polifuncionalidad, que también impulsa el gobierno, borra las fronteras entre los cargos; la anualización, con jornadas de hasta 52 horas, dificulta conciliar el trabajo y la familia.
La respuesta de los de abajo: la CUT rechaza el retroceso
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha manifestado su rechazo a la iniciativa, considerando que afecta derechos laborales como las vacaciones proporcionales y la negociación colectiva. El Partido Socialista ha denunciado que el gobierno está discutiendo estas medidas en una comisión en la que no participó ninguna organización sindical ni de pequeñas empresas .
La crítica de los sindicatos apunta al corazón del proyecto: no se trata de una medida técnica para “mejorar la empleabilidad”, sino de una ofensiva de clase para debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores. El contrato por horas no es una opción voluntaria para quienes buscan flexibilidad; es una herramienta que permite a los empleadores reducir costos, externalizar riesgos y precarizar las condiciones laborales.
El gobierno ha intentado desactivar las críticas argumentando que “los trabajadores contratados bajo la modalidad por horas gozarán de la totalidad de los derechos reconocidos por el Código del Trabajo”. Pero la frase es una falacia. Un trabajador con contrato por horas no tiene la misma estabilidad que un trabajador con jornada completa. Sus ingresos son inciertos, su capacidad de planificación es limitada y su poder de negociación es casi nulo. La “totalidad de los derechos” es una promesa vacía cuando la propia estructura del contrato impide ejercerlos.
La función de clase del contrato por horas
Desde una perspectiva marxista, el contrato por horas no es una innovación técnica, sino la continuación de la ofensiva de clase que la derecha chilena ha desplegado desde la dictadura. El gobierno de Kast está replicando el mismo libreto que la dictadura ensayó en 1979 con el Plan Laboral: desregular el mercado de trabajo, debilitar al sindicalismo y abaratar el costo de la fuerza de trabajo. El Presidente de la Mesa de Reactivación Laboral fue tajante: la protección de los trabajadores es “un cacho (problema) para la empresa”.
El desempleo no es nuevo en Chile. Desde 2013, la tasa de desocupación registra un alza que trasciende cualquier reforma laboral. Ese año marca el fin del superciclo del cobre y los commodities en América Latina. Las reformas de Bachelet, iniciadas en 2014, llegaron cuando la desaceleración ya estaba en curso. Para las reformas de Boric, el Banco Central estimó en 0,3 puntos el efecto del salario mínimo sobre la desocupación, un impacto acotado y de corto plazo. En el largo plazo, lo que explica el menor dinamismo es el estancamiento de la productividad, algo que el plan laboral de Kast apenas toca.
La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: si el desempleo es un problema estructural de la economía chilena, ¿por qué el gobierno insiste en recetas que ya han fracasado? La respuesta es de clase: el contrato por horas no está diseñado para crear empleo, sino para precarizar a quienes ya trabajan. El capital necesita un ejército de reserva de trabajadores desesperados para mantener los salarios bajos y la disciplina laboral. El contrato por horas es la herramienta perfecta para ese propósito.
Epílogo: la batalla laboral recién comienza
El proyecto de contrato por horas aún debe ser discutido en el Senado, y su futuro es incierto. Pero el gobierno de Kast ha dejado claro que la flexibilización laboral es su prioridad. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la salud, la vivienda y la educación de los sectores populares, ahora busca institucionalizar la precariedad como política de Estado.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “modernización”. El contrato por horas no es una herramienta para combatir el desempleo, sino para precarizar a quienes ya trabajan. Como ha señalado El País, el plan laboral de Kast es “la reforma laboral más regresiva desde el retorno a la democracia”. La lucha por los derechos laborales es la lucha por la dignidad de los de abajo. Y esa lucha, como siempre, la libran los que se niegan a ser reducidos a una mercancía.