Meta aceptó pagar hasta 16.680 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial para cerrar la demanda presentada por 29 estados de EE.UU. que la acusaban de diseñar deliberadamente Instagram y Facebook para generar adicción en menores, engañar a las familias sobre los riesgos y recopilar ilegalmente sus datos personales. El pacto, alcanzado en pleno juicio federal en Oakland, incluye cambios operativos como límites de tiempo diario de dos horas para menores y bloqueos nocturnos. Pero la indemnización de 17.000 millones de dólares —que equivale a apenas el 8,5% de los ingresos anuales de la compañía— es una multa de estacionamiento para un gigante que facturó 201.000 millones en 2025. Mientras Mark Zuckerberg y sus ejecutivos celebraban en Wall Street con una subida del 4,4% de las acciones, la clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: para el capital, la salud mental de los hijos de los trabajadores es solo un costo de operación que se puede pagar, como una multa de tránsito, mientras el negocio de la vigilancia y la adicción sigue su curso.
Por Equipo El Despertar
El negocio de la adicción: cómo Meta convirtió a los niños en producto
La demanda, presentada por una coalición de 29 estados liderada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, era la más emblemática de una ola de litigios que acusan a las grandes tecnológicas de haber desatado una crisis de salud mental juvenil. Las autoridades sostenían que Meta diseñó deliberadamente algoritmos y notificaciones para enganchar a los más jóvenes, que ocultó al público los riesgos de sus plataformas y que recopiló ilegalmente datos de menores de 13 años para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.
El acuerdo, alcanzado en el segundo día del juicio y antes de que Mark Zuckerberg tuviera que declarar, exige a Meta pagar hasta 16.680 millones de dólares a los estados e implementar una serie de cambios en sus plataformas: límite de tiempo diario de dos horas para menores de 18 años y bloqueo entre medianoche y las 6 de la madrugada, solo levantable por los padres; eliminación de notificaciones en horario escolar y de los contadores de “me gusta” visibles para menores; prohibición de filtros de cirugía estética; y un feed no personalizado para jóvenes, libre de algoritmos de recomendación.
La hipocresía del sistema: la multa como costo de operación
El monto de la indemnización —17.000 millones de dólares— parece una cifra astronómica para la clase trabajadora. Pero para Meta, que en 2025 registró ingresos por 201.000 millones de dólares, la multa equivale a apenas el 8,5% de sus ganancias anuales. Es el equivalente a que un trabajador que gana el salario mínimo pague una multa de 4.000 pesos. La indemnización ni siquiera alcanza el 15% de lo que Meta se ha comprometido a gastar en 2026 solo en desarrollar inteligencia artificial y construir centros de datos.
La respuesta de los mercados fue elocuente: las acciones de Meta subieron un 4,4% tras conocerse el acuerdo. Es decir, los inversionistas celebraron que la empresa hubiera eludido un juicio que podría haber expuesto sus prácticas más oscuras y que hubiera negociado una multa que no afecta su capacidad de acumulación. La “justicia” en el capitalismo no es un instrumento de reparación, sino un mecanismo de gestión del riesgo que el capital incorpora como otro costo de operación.
La función de clase de la crisis de salud mental juvenil
Desde una perspectiva marxista, el caso de Meta no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase del capitalismo digital. La industria tecnológica no produce bienestar; produce mercancías. Y los usuarios, especialmente los niños y adolescentes, son la materia prima de ese negocio. Sus datos, su atención y su salud mental son extraídos como plusvalía, convertidos en perfiles de consumo y vendidos a los anunciantes. La adicción no es un efecto secundario no deseado; es el mecanismo central del modelo de negocio.
El acuerdo extrajudicial de Meta no es una victoria de la justicia, sino una operación de maquillaje. Los estados demandantes, liderados por fiscales generales que representan los intereses del establishment, han aceptado una indemnización que, en los hechos, no cambia el modelo de negocio de la empresa. Los cambios operativos —límites de tiempo, bloqueos nocturnos, eliminación de “me gusta”— son medidas cosméticas que no afectan la estructura de acumulación de Meta. La empresa sigue siendo dueña de los datos de los niños, sigue diseñando algoritmos para maximizar el tiempo de pantalla y sigue extrayendo plusvalía de la atención de los jóvenes.
El silencio cómplice de la industria farmacéutica y el Estado
El acuerdo de Meta no aborda las causas estructurales de la crisis de salud mental juvenil. No cuestiona el papel de la industria farmacéutica en la medicalización de la infancia, ni el abandono estatal de la salud pública, ni la precarización de la vida familiar que empuja a los niños a las pantallas. Los 17.000 millones de dólares que Meta pagará no se destinarán a construir hospitales públicos, a financiar escuelas o a garantizar el acceso a la salud mental para los hijos de los trabajadores. Se destinarán a los presupuestos de los estados, donde se diluirán en el engranaje del gasto público, sin transformar las condiciones que generan la crisis.
La industria farmacéutica, que ha lucrado con la medicalización de la infancia durante décadas, observa el espectáculo desde la barrera. Los mismos laboratorios que han promovido el diagnóstico de trastornos de conducta y la prescripción de psicofármacos para niños son los que ahora ven cómo la industria tecnológica es señalada como la principal responsable de la crisis. Pero ambos son caras de la misma moneda: el capital que convierte la salud en mercancía y la infancia en negocio.
Epílogo: la deuda del capital con los hijos de los trabajadores
El acuerdo extrajudicial de Meta no es el fin de la historia, sino su continuación. La empresa de Mark Zuckerberg ha comprado su impunidad por 17.000 millones de dólares, una cifra que, por astronómica que parezca, es apenas el costo de hacer negocios en el capitalismo. Los 47 estados que se sumaron al acuerdo han aceptado una solución que no transforma el modelo de negocio de Meta, que no devuelve los datos robados a los niños, que no repara el daño causado a millones de jóvenes.
Mientras los ejecutivos de Meta celebran en Wall Street y los fiscales generales se ufanan de su “victoria”, los hijos de los trabajadores siguen atrapados en el engranaje de la adicción digital, expuestos a algoritmos diseñados para extraer su atención y su salud mental. La clase trabajadora debe entender que la lucha por la protección de la infancia no se ganará en los tribunales burgueses ni con acuerdos extrajudiciales que no tocan las raíces del problema. La verdadera lucha es contra un sistema que convierte a los niños en mercancía, que extrae plusvalía de su sufrimiento y que, cuando es descubierto, paga una multa de estacionamiento y sigue su camino. Mientras el capital siga siendo el dueño de las plataformas y de los datos, la salud mental de los hijos de los trabajadores seguirá siendo un costo de operación.