La construcción de zanjas y el despliegue militar en la frontera norte, la principal apuesta del gobierno de José Antonio Kast para frenar el ingreso irregular al país, ha resultado ser un costoso fracaso. Pese a una inversión de más de 16.500 millones de pesos y un aumento del 89% en la dotación militar, el contrabando y la migración ilegal no solo persisten, sino que se han adaptado: las rutas se desplazaron hacia el sur, las expulsiones masivas de ciudadanos venezolanos se estrellan contra la falta de vínculos diplomáticos, y el Estado chileno se ha convertido en un mero espectador de las redes internacionales que trafican con personas, vehículos robados y mercancías ilegales. Mientras el gobierno celebra una baja de los ingresos ilegales, la clase trabajadora asiste, una vez más, al espectáculo de un Estado que gasta millones en gestos simbólicos mientras las causas estructurales del fenómeno —la desigualdad, la precariedad y la explotación laboral— permanecen intactas.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La imagen se ha vuelto familiar: en la árida frontera norte, una retroexcavadora cava una zanja de tres metros de profundidad, mientras más de 3.100 efectivos militares patrullan la zona y drones de vigilancia sobrevuelan el desierto. El “Plan Escudo Fronterizo”, la principal apuesta del gobierno de José Antonio Kast en materia migratoria y de seguridad, ha consumido una inversión superior a los $13.700 millones en tecnología y $2.800 millones trimestrales en despliegue militar. Pero a pesar de la parafernalia y de un aumento del 89% en la dotación militar, la realidad en el terreno es mucho más compleja de lo que los comunicados oficiales quieren hacer creer.
El gobierno ha celebrado una caída del 86% en los ingresos irregulares durante los primeros meses de su gestión, pasando de 6.957 detecciones en 2025 a apenas 964 en 2026. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ha insistido en que “el sistema de vigilancia está funcionando” y que las cifras demuestran una menor presión migratoria. Sin embargo, lo que el gobierno no dice es que el fenómeno no ha desaparecido: se ha desplazado.
Un informe del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago (CEM-USACH) evidencia que el refuerzo del control en el extremo norte ha llevado a que los flujos migratorios busquen rutas alternativas o sean detectados más tarde, ya en tránsito hacia el centro del país. La Región Metropolitana, por ejemplo, pasó de concentrar el 3,6% de las denuncias por pasos no habilitados en el primer trimestre de 2025 a un 35% en el mismo período de 2026. En Antofagasta, las denuncias aumentaron un 69,6% en el mismo período. Es decir, la migración irregular no ha sido detenida; solo ha sido desplazada hacia el sur, donde la vigilancia estatal es aún más débil.
El negocio del contrabando: una industria que la zanja no puede detener
El fracaso del “Escudo Fronterizo” se evidencia en el hallazgo, en junio de 2026, de un puente clandestino construido sobre la zanja de Colchane, la obra faraónica del gobierno para “cerrar” la frontera. La estructura, levantada con sacos de arena y piedras, permitía el paso irregular de migrantes, vehículos robados y contrabando entre Chile y Bolivia.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que “es algo que esperábamos desde un comienzo” y que la construcción del puente clandestino era una reacción esperable. La declaración es una confesión involuntaria: el gobierno sabía que su estrategia no era efectiva, pero la implementó de todos modos, como un gesto político más que como una solución real. El senador Daniel Núñez (PC) fue lapidario: “Las zanjas pueden servir para enviar una señal política, pero no detienen redes internacionales de tráfico de personas ni resuelven un fenómeno migratorio complejo”.
El contrabando, lejos de ser detenido, se ha reorganizado. Mientras el gobierno se ufana de haber pasado de 5 eventos de contrabando frustrados en 2025 a 31 en 2026 —un aumento de 520% que Interior exhibe como prueba de un mayor despliegue operativo—, la realidad es que el tráfico de vehículos robados, drogas y otros bienes ilegales sigue operando con total impunidad. La zanja, como bien lo señaló el senador Núñez, es una postal política, no una solución.
La hipocresía de la “mano dura” migratoria
El gobierno de Kast ha endurecido su discurso contra la migración irregular, prometiendo expulsiones masivas y una “cuenta regresiva” para la deportación de los cerca de 300.000 inmigrantes sin papeles. Las cifras oficiales muestran un aumento del 69% en las expulsiones ejecutadas en los primeros meses de 2026, pasando de 478 a 808 casos. Pero detrás de la retórica, la realidad es mucho más compleja.
El informe del CEM-USACH revela una dificultad central para concretar las expulsiones de ciudadanos venezolanos: “No hay en este momento vínculos consulares con Venezuela. Como ves en la cifra, no hay expulsados venezolanos porque ningún país los va a recibir”. La falta de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, sumado al golpe militar del 3 de enero que capturó al presidente venezolano, ha dejado a Chile sin mecanismos para deportar a los miles de venezolanos que han ingresado al país.
La paradoja es brutal: el gobierno que promete “mano dura” contra la migración irregular no tiene las herramientas para cumplir su promesa. Las expulsiones se concentran en ciudadanos colombianos (343), bolivianos (178) y, en menor medida, venezolanos (116). La retórica antiinmigrante de Kast choca con la realidad de un Estado que no puede gestionar el fenómeno y que, en los hechos, solo logra deportar a quienes no representan un desafío diplomático.
La función de clase del control fronterizo
Desde una perspectiva marxista, el fracaso del “Escudo Fronterizo” no es un accidente ni un problema de gestión; es la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El control de la frontera no es una política para proteger a los trabajadores chilenos, sino un gesto simbólico para disciplinar a la clase trabajadora migrante y mantenerla en una situación de vulnerabilidad que la haga más explotable.
La misma administración que gasta miles de millones en zanjas y tecnología para “cerrar” la frontera es la que ha recortado la salud, la vivienda y la educación de los sectores populares. La misma que promete expulsiones masivas es la que ha frenado la regularización de 182.000 migrantes. La misma que se llena la boca con discursos de “orden” es la que, en los hechos, ha generado un caos que beneficia a las redes de tráfico de personas y contrabando.
El contrabando y la migración irregular no son fenómenos naturales; son el producto de un sistema económico que expulsa a los trabajadores de sus países de origen y los convierte en mercancía. La desigualdad estructural, la precariedad laboral y la falta de oportunidades son las verdaderas causas de la migración. Pero el gobierno de Kast prefiere excavar zanjas en el desierto antes que abordar las causas de fondo, porque esas causas no pueden ser resueltas por un gobierno que está al servicio de los grupos económicos que se benefician de la explotación de los trabajadores migrantes.
El silencio cómplice de la prensa hegemónica
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “éxitos” en materia de control fronterizo, la prensa hegemónica ha replicado acríticamente las cifras oficiales, presentando la caída de los ingresos irregulares como un triunfo de la administración. Pero lo que los titulares no dicen es que el fenómeno migratorio no ha sido resuelto, solo ha cambiado de forma. Las expulsiones se estrellan contra la falta de vínculos diplomáticos; el contrabando se reorganiza; y los trabajadores migrantes, que son los que realmente sostienen la economía chilena, siguen siendo explotados y criminalizados.
La clase trabajadora debe leer estas cifras con otros ojos. La caída de los ingresos irregulares no es una victoria de la “mano dura”, sino una prueba del fracaso de una estrategia que prioriza el gesto simbólico por sobre la solución real. La zanja de Colchane no ha detenido a los migrantes; solo ha desviado las rutas. Y los miles de millones gastados en el “Escudo Fronterizo” son un costo que la clase trabajadora paga con sus impuestos, mientras los verdaderos problemas del país —la desigualdad, la precariedad y la falta de oportunidades— siguen sin resolverse.