La Dirección del Trabajo, bajo el liderazgo de David Oddó, ha asestado un golpe demoledor a los derechos de los trabajadores contratistas al anular un dictamen que permitía registrar acuerdos marco supraempresa como instrumentos colectivos válidos. La decisión, que forma parte de la denominada “doctrina Oddó”, deja sin protección legal a miles de trabajadores de empresas que prestan servicios con fondos públicos —como los de la gran minería—, al impedir que acuerdos que fijaban condiciones mínimas de sueldos, bonos y beneficios tengan registro, fiscalización administrativa y protección contra prácticas antisindicales. Mientras el gobierno de José Antonio Kast celebra su “giro en 180 grados” en materia laboral, la clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: la misma administración que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas no duda en desmantelar los mecanismos de protección de los trabajadores, especialmente aquellos que, como los contratistas, ya eran los más vulnerables del sistema.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La historia comenzó en noviembre de 2025, cuando el entonces director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, firmó un dictamen que autorizaba registrar como “un acuerdo colectivo atípico” un documento marco de entendimiento suscrito entre la Confederación de Trabajadores del Cobre de Chile (CTC) y la Asociación Gremial de Empresarios para la Minería y Rubros Asociados (Agema), con la participación de Codelco. Ese acuerdo, que tenía un carácter supraempresa, fijaba condiciones mínimas de sueldos, bonos y beneficios para trabajadores contratistas de la minería, y su incumplimiento podía implicar un atentado contra la libertad sindical.
Pero el panorama cambió radicalmente con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. El nuevo director del Trabajo, David Oddó —un abogado cuya trayectoria profesional ha estado marcada por representar principalmente a empresas como AFP Capital, Servipag, Isapre Cruz Blanca y VTR—, optó por echar abajo el criterio fijado por su antecesor. A partir de una solicitud de reconsideración presentada por Agema, la DT emitió un nuevo dictamen en el que sostuvo que “no se encuentra facultada para calificar el acuerdo marco como una categoría de acuerdo colectivo atípico producto de la negociación colectiva”, por carecer dicha categoría de reconocimiento en el ordenamiento jurídico.
El desarme de los trabajadores contratistas: la doctrina Oddó como política de clase
La decisión de Oddó, que ha sido bautizada por los especialistas como la “doctrina Oddó”, tiene consecuencias devastadoras para los trabajadores contratistas. El nuevo dictamen establece que no procede el registro del acuerdo marco en la Inspección del Trabajo y que la calificación de un eventual incumplimiento como práctica desleal o antisindical corresponde a los tribunales. Como explicó el abogado Sergio Fuica, socio de Guerrero Olivos, el nuevo dictamen deja a los acuerdos marco “sin registro, sin fiscalización administrativa y sin protección especial contra prácticas antisindicales”.
La hipocresía de esta medida es monumental. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que aprobó la extensión de la legítima defensa privilegiada a los policías de franco, ahora desmantela los mecanismos de protección de los trabajadores contratistas que, con su fuerza de trabajo, sostienen sectores estratégicos como la minería. Los trabajadores de empresas que operan con fondos públicos —ya sean de la minería estatal, de la construcción de infraestructura o de los servicios básicos— quedan ahora a merced de las empresas contratistas, sin un instrumento colectivo que garantice condiciones mínimas de sueldos, bonos y beneficios.
La función de clase de la doctrina Oddó
Desde una perspectiva marxista, la “doctrina Oddó” no es un giro técnico ni una corrección administrativa, sino la expresión más clara de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno bajo el gobierno de Kast. El director del Trabajo, un abogado que construyó su carrera representando a las grandes empresas, ha utilizado su cargo para desmantelar los mecanismos de protección de los trabajadores, especialmente aquellos que, como los contratistas, ya eran los más vulnerables del sistema.
La anulación del dictamen que validaba los acuerdos marco supraempresa no es un acto de “certeza jurídica”, como argumentan algunos abogados laborales. Es un acto de guerra de clases: la negación del derecho de los trabajadores a organizarse más allá del nivel de la empresa, la prohibición de que los sindicatos puedan negociar condiciones mínimas para toda una industria, la condena de los trabajadores contratistas a la precariedad y la indefensión. Como señaló el exdirector del Trabajo Marcelo Albornoz, el nuevo criterio rescata “la sana, correcta e histórica jurisprudencia”. Pero esa “sana” jurisprudencia no es otra cosa que la consagración de la debilidad de los trabajadores frente al capital.
La hipocresía de la “flexibilidad” y el “orden” laboral
El gobierno de Kast ha justificado su política laboral con el discurso de la “flexibilidad” y la “modernización”. Pero la doctrina Oddó revela la verdadera naturaleza de esa “flexibilidad”: la flexibilidad del capital para explotar sin límites, la flexibilidad de las empresas para eludir sus obligaciones, la flexibilidad del Estado para desproteger a los trabajadores. Mientras el gobierno celebra sus “éxitos legislativos” y los grupos económicos se frotan las manos, los trabajadores contratistas de la minería, la construcción y los servicios ven cómo sus condiciones laborales se precarizan y sus derechos se desvanecen.
La doctrina Oddó no es un hecho aislado. Se inscribe en una ofensiva más amplia de la derecha chilena contra los derechos de los trabajadores: la megareforma que regala miles de millones a las grandes empresas, la flexibilización de la jornada laboral, la eliminación de la restricción de “única naturaleza” en los contratos, y ahora la anulación de los acuerdos marco supraempresa. Es la misma lógica de clase que ha guiado a la derecha chilena desde la dictadura: desmantelar los mecanismos de protección de los trabajadores para aumentar la tasa de ganancia del capital.
Epílogo: la deuda del sistema con los de abajo
La anulación del dictamen que validaba los acuerdos marco supraempresa no es el fin de la historia, sino su continuación. La doctrina Oddó ha dejado a miles de trabajadores contratistas sin protección legal, sin registro de sus acuerdos y sin fiscalización administrativa. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “certeza jurídica” y la “modernización”. La verdadera certeza es la certeza de la explotación. La verdadera modernización es la modernización de la precariedad.
Mientras el gobierno de Kast celebra sus “triunfos” y los grupos económicos se frotan las manos, los trabajadores contratistas siguen esperando que sus derechos sean respetados. La doctrina Oddó es un recordatorio de que el Estado chileno, bajo el gobierno de la derecha, no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba. La lucha por la negociación colectiva, por los acuerdos supraempresa y por la protección de los trabajadores contratistas es parte de la lucha por un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician de la explotación. La resistencia, como siempre, la libran los de abajo.