A cinco meses de la asunción de José Antonio Kast, el proyecto de la derecha más dura que haya gobernado Chile desde el retorno a la democracia ha quedado al desnudo. No se trata de un gobierno que administra el capitalismo; se trata de un gobierno que ha hecho de la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital su única razón de ser. La megareforma tributaria, la reforma al mercado de capitales, la flexibilización laboral, la agenda represiva de seguridad, los recortes sociales y la sumisión al capital transnacional no son políticas aisladas: son las piezas de una misma ofensiva de clase destinada a consolidar el dominio de una minoría sobre la mayoría. Kast no es el presidente de los chilenos: es el presidente de los ricos y del capital transnacional.
Por Editor
El saqueo tributario: el regalo de 4.000 millones a los dueños del capital
El corazón de la ofensiva de Kast es la megareforma tributaria, aprobada en agosto de 2026 tras una tramitación exprés que la derecha impuso con el apoyo del Partido de la Gente. La columna vertebral de la iniciativa es la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, un regalo de más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas.
El economista Andrés Solimano fue lapidario: “La rebaja tributaria es una apuesta a un eventual boom de inversiones privadas muy irreal en el actual contexto económico internacional y nacional”. Y añadió que “las empresas grandes no necesitan rebajas tributarias, sus rentabilidades ya son muy altas”.
El senador Daniel Núñez resumió la contradicción de clase en una frase: “Mientras que a la gente afectada por las alzas les dicen que no hay plata, con este discurso, se dice que sí hay plata para bajar los impuestos a los más ricos de Chile”.
A la rebaja del impuesto corporativo se suma la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para transacciones bursátiles y una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con un impuesto único reducido del 7%. Como denunció el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, “disminuir los gravámenes empresariales implicaría una merma en los recursos fiscales, sin garantías de que esto se traduzcan en inversión dentro del país”.
La segunda etapa: la reforma al mercado de capitales
Pero la megareforma tributaria no es el final del camino, sino apenas el primer paso. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya tiene lista la segunda etapa de su agenda: una reforma al mercado de capitales que busca convertir a Chile en una “plataforma regional de servicios financieros”.
La iniciativa incluye la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en acciones, bonos y fondos; la simplificación regulatoria para facilitar la creación de fondos; y cambios tributarios que profundizan la entrega del sistema financiero a los grandes inversionistas. El gobierno calcula que podría atraer US$11.200 millones de los US$150 mil millones en capitales disponibles en el sistema financiero internacional.
Lo que el gobierno presenta como “modernización” es, en realidad, la entrega del sistema financiero al capital especulativo. Es la continuación del saqueo: primero los impuestos de los trabajadores se transfieren a las grandes empresas; ahora el sistema financiero se abre de par en par para que el capital extranjero opere sin control.
La flexibilización laboral: el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores
La ofensiva de Kast no se detiene en la economía. La reforma laboral que prepara el gobierno apunta a desmantelar las conquistas históricas de los trabajadores. El gobierno ha anunciado modificaciones a la ley de 40 horas para flexibilizar el cálculo de la jornada semanal, y proyecta un sistema de contratos por hora para sectores estacionales como la agricultura y el turismo.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha adelantado que se ampliará el margen de cálculo de la jornada hacia un promedio anual, siguiendo el modelo de varios países de la OCDE. Lo que esto significa en la práctica es que los trabajadores podrán ser obligados a trabajar semanas de hasta 52 horas, compensadas con semanas de menor carga, sin que el cálculo semanal garantice el descanso y la vida familiar.
El eje más regresivo de la reforma laboral es la sustitución de la indemnización por años de servicio por un sistema de cuentas individuales de capitalización con una cotización adicional del 1,8% de cargo patronal. Un trabajador con 10 años de antigüedad y un sueldo de 1 millón de pesos perdería la indemnización que hoy le corresponde por ley. Es la transferencia directa del costo del despido desde el empleador hacia el trabajador.
La agenda represiva: el blindaje del aparato de control
La seguridad ha sido la punta de lanza de la campaña de Kast, y su gobierno ha cumplido con creces las expectativas de la derecha más dura. La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) es un megaproyecto de 20 leyes que incluye la creación de un nuevo estado de excepción de hasta 240 días, con la suma del poder público a favor del presidente y restricciones a derechos como la libertad de protesta y de reunión.
La oposición ha calificado la iniciativa como una concentración de poder que convierte a Kast en un “emperador”. La reforma constitucional que la acompaña busca consagrar la seguridad pública como un “deber del Estado”. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora dice necesitar una reforma constitucional para cumplir con su “deber” de proteger a la ciudadanía.
La hipocresía es brutal: la seguridad que ofrece Kast no es la seguridad de los barrios populares, sino la seguridad de los grupos económicos que necesitan un aparato represivo fuerte para disciplinar a los de abajo.
Los recortes sociales: el ajuste que pagan los de abajo
La contracara del festín tributario es el ajuste social. Un oficio del Ministerio de Hacienda propuso eliminar más de 140 programas públicos, golpeando áreas clave como la salud mental, la alimentación escolar y las políticas de derechos humanos.
En salud, el ajuste incluye la posible eliminación de programas fundamentales como la prevención del suicidio, la hospitalización domiciliaria y la atención a personas migrantes. En educación, se plantea terminar con iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar y restringir el acceso a la educación superior. La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los programas que Hacienda recomendó recortar.
La contradicción es insalvable. Kast prometió en campaña que “no vamos a recortar ningún beneficio social que hoy día exista”. Cinco meses después, su gobierno recorta la PGU, la gratuidad universitaria, la alimentación escolar y los programas de salud mental. La “mano dura” que prometió contra la delincuencia se ha convertido en “mano dura” contra los derechos de los trabajadores.
La sumisión al capital transnacional
El gobierno de Kast no solo beneficia a los grupos económicos nacionales; ha convertido la entrega de los recursos estratégicos del país al capital transnacional en su principal política de desarrollo. El proyecto de tierras raras en Penco, impulsado por la empresa canadiense Aclara Resources —cuyo principal controlador es el grupo peruano Hochschild—, fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Evaluación Ambiental con el respaldo explícito de Kast.
La alianza con el capital transnacional no es un accidente. Es la continuación de la lógica de clase que ha guiado a la derecha chilena desde la dictadura: el Estado como instrumento de acumulación del capital, los recursos naturales como botín de los grupos económicos, y los trabajadores como meros espectadores del saqueo.
La función de clase del gobierno de Kast
Desde una perspectiva marxista, el gobierno de Kast no es una anomalía ni un exceso de la derecha. Es la expresión más acabada de la lógica de clase que ha gobernado Chile desde el retorno a la democracia. La megareforma tributaria, la reforma al mercado de capitales, la flexibilización laboral, la agenda represiva y los recortes sociales no son políticas aisladas: son las piezas de una misma ofensiva destinada a transferir recursos desde los trabajadores hacia el capital.
El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, fue categórico: Kast ha decidido “gobernar para el uno por ciento más rico del país y dejar en el desamparo y sin ninguna protección al 99 por ciento de los chilenos”. La diputada Camila Vallejo ha acusado a Kast de una “gran estafa” y de trasladar los costos económicos a la clase trabajadora para favorecer a los más ricos.
La clase trabajadora chilena no debe dejarse engañar por el discurso de la “reactivación” y el “crecimiento”. El gobierno de Kast no está gobernando para ellos. Está gobernando para los grupos económicos que lo financian, para el capital transnacional que se beneficia del saqueo de los recursos naturales, para los grandes inversionistas que celebran sus rebajas tributarias mientras los trabajadores ven cómo sus salarios se estancan, sus pensiones se esfuman y sus derechos se desvanecen.
La ofensiva de clase que ha desatado Kast no es un accidente ni un exceso. Es la culminación de un proyecto que la derecha chilena ha construido durante décadas: la consolidación del modelo neoliberal, la entrega de los recursos del país al capital, la precarización de la vida de los trabajadores y la criminalización de la resistencia popular.
Mientras los trabajadores de la salud luchan por el pago de sus deudas, mientras los estudiantes defienden la gratuidad universitaria, mientras las familias de los barrios populares esperan una vivienda digna, el gobierno de Kast sigue celebrando sus “éxitos legislativos” y regalando miles de millones a los grupos económicos. Esa es la verdadera cara del gobierno de Kast: el gobierno de los ricos, el gobierno del capital transnacional, el gobierno de los de arriba contra los de abajo.