La reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, presentada hace apenas diez días como el corazón de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), agoniza en el Congreso sin los votos necesarios para su aprobación. El apoyo ciudadano a la iniciativa se desplomó 8 puntos en tres semanas, y un 58% de la población cree que el gobierno debería retirar el proyecto. La oposición ha sido tajante, pero el golpe más duro ha llegado desde las propias filas del oficialismo: la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), advirtió que el nuevo estado de excepción “no contará ni siquiera con los votos del oficialismo”; el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), pidió retirar la reforma; y el senador Daniel Núñez (PC) sentenció que “está muerta”. El gobierno ha tenido que quitarle la urgencia y abrirse a cambios, pero el diagnóstico es inapelable: la “mano dura” que prometió la derecha se ha estrellado contra la resistencia de una ciudadanía que no quiere un estado de excepción, sino soluciones concretas a sus problemas cotidianos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El proyecto estrella del gobierno de José Antonio Kast, la reforma constitucional de seguridad que debía marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, se encuentra en su lecho de muerte. Apenas diez días después de su ingreso al Senado, la iniciativa acumula un rechazo transversal que incluye a la oposición, a los académicos y, lo que es más grave para La Moneda, a sectores clave del propio oficialismo.
La última encuesta Cadem, publicada este jueves, fue lapidaria: el apoyo a la reforma de seguridad cayó 8 puntos en menos de un mes, situándose en un 41%. Pero el dato más revelador es que un 58% de los encuestados cree que el gobierno debería retirar el proyecto del Congreso, siete puntos más que en la medición anterior. La creación del nuevo estado de excepción, el corazón de la reforma, genera un rechazo del 51% y es considerada la medida menos prioritaria por la ciudadanía, con apenas un 15% de apoyo.
La rebelión de los académicos: el fantasma del autoritarismo legal
El jueves, los académicos Arturo Fontaine (Universidad de Chile) y Javier Couso (Universidad Diego Portales) publicaron una columna en El Mercurio que ha sacudido los cimientos del debate político. Calificaron la iniciativa como “manifiestamente iliberal” y advirtieron que podría abrir la puerta al autoritarismo e incluso permitir que un futuro mandatario instalara una “dictadura constitucional”.
Fontaine fue categórico en CNN Chile: “Si el Gobierno insiste en esto, se pone a caminar por la vía que conduce al autoritarismo legal”. Los académicos cuestionaron especialmente el nuevo estado de excepción que permitiría al Presidente suspender libertades por hasta 240 días sin control previo del Congreso, y la posibilidad de que el Ejecutivo y el Senado definan un registro de organizaciones criminales sin intervención del Poder Judicial. “Es una de las cosas más increíbles del proyecto”, afirmó Fontaine, aludiendo a que se estarían entregando atribuciones judiciales al sistema político. Su conclusión fue clara: “Lo mejor es retirar el proyecto u olvidarlo, no insistir en modificaciones en él”.
El fuego amigo del oficialismo: RN y UDI se suman al rechazo
El golpe más duro para el gobierno, sin embargo, no ha venido de la oposición, sino de sus propias filas. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), fue contundente al afirmar que el nuevo estado de excepción “no contará ni siquiera con los votos del oficialismo” y llamó al Ejecutivo a retirar la iniciativa. “Cuando la idea no es buena, lógicamente que los primeros que van a dudar son los propios oficialistas”, sentenció.
El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), se sumó a las críticas y pidió al gobierno retirar la megarreforma. “Se pasaron mucho más allá de lo razonable”, afirmó en T13 Radio. “A estas alturas, es mejor ponerse rojo una vez, sacarla (la reforma) e ingresarla de nuevo”. La diputada republicana Santelices respondió con dureza: “La ciudadanía nos exige pantalones”. Pero el daño ya estaba hecho: la UDI, el partido que ha sido el pilar del gobierno de Kast, se había sumado al coro de voces que piden el retiro del proyecto.
El senador Daniel Núñez (PC) fue aún más categórico al sentenciar que la reforma “está muerta”. “No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”, ironizó. El parlamentario comunista cuestionó el carácter autoritario de la propuesta y advirtió que el gobierno no cuenta con los votos necesarios para aprobarla en el Senado.
El gobierno retrocede, pero no se rinde: cambios cosméticos ante una iniciativa moribunda
El Ejecutivo, acorralado por las críticas, ha tenido que ceder terreno. El gobierno decidió quitarle la urgencia legislativa a la reforma, permitiendo que el Senado aborde otros temas pendientes. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, asumió la responsabilidad por la redacción del proyecto y confirmó que el Ejecutivo está dispuesto a moderar el nuevo estado de excepción. El propio Presidente Kast afirmó que el proyecto está abierto a modificaciones y que “se puede perfeccionar”.
Sin embargo, los cambios anunciados no han logrado frenar el rechazo. La UDI, a través de su presidente Guillermo Ramírez, ha defendido la idea de mantener la reforma en el Congreso, argumentando que retirarla “se podría interpretar como una renuncia”. Pero la realidad es tozuda: la iniciativa no reúne los votos necesarios en el Senado, y las solicitudes para retirarla persisten tanto desde el oficialismo como desde la oposición.
La función de clase de la derrota: la mano dura sin consenso
Desde una perspectiva marxista, el fracaso de la reforma de seguridad del gobierno de Kast no es un accidente ni un problema de “falta de diálogo”. Es la confirmación de que la derecha chilena no logra articular un proyecto hegemónico que vaya más allá de los intereses de los grupos económicos que la financian. La misma coalición que celebró el blindaje de la megareforma tributaria, que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, no logra ponerse de acuerdo en la agenda represiva que pretende imponer a los de abajo.
La reforma de seguridad no es una herramienta para proteger a la clase trabajadora, sino un intento de la derecha por ampliar el aparato represivo del Estado. El nuevo estado de excepción, el registro de organizaciones criminales y las inhabilidades perpetuas no son medidas para combatir el crimen organizado, sino para disciplinar a los sectores populares y garantizar que el capital pueda seguir acumulando sin obstáculos. Pero ni siquiera la propia derecha está dispuesta a respaldar un proyecto que, en sus actuales términos, amenaza con debilitar la institucionalidad que ella misma ha construido.
La derrota de la reforma de seguridad es una victoria para la clase trabajadora, pero no debe ser motivo de celebración. La derecha no ha renunciado a su proyecto represivo; solo ha sido frenada por la resistencia de una ciudadanía que no quiere un estado de excepción, sino soluciones concretas a sus problemas cotidianos. La lucha por la seguridad es la lucha por un modelo de desarrollo que ponga las necesidades de las mayorías por encima de los intereses de los grupos económicos. Y esa lucha, como siempre, la libran los de abajo.
La reforma de seguridad de Kast agoniza. La pregunta que queda flotando es si el gobierno tendrá la lucidez de retirarla antes de que su propia coalición la entierre en el Senado, o si insistirá en una iniciativa que ya ha perdido todo respaldo político y ciudadano.