El Tribunal de Contratación Pública (TCP) declaró ilegal y arbitraria la adjudicación del centro gastronómico y cultural BordeRío por parte de la Municipalidad de Vitacura, ordenando al municipio reevaluar las ofertas en igualdad de condiciones. El fallo, dictado el 26 de agosto, acogió la impugnación de la empresa perdedora, Minera y Constructora Río Grande, al constatar que la comisión evaluadora había corregido de oficio la oferta económica del Consorcio Parque Río, inflando artificialmente su puntaje de 6,74 a 67,42 puntos. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: el aparato municipal de las comunas ricas no es un ente técnico neutral, sino un mecanismo al servicio de los intereses de los grupos económicos que, cuando pueden, doblan las reglas para favorecer a los suyos, mientras los de abajo son sometidos a la “mano dura” de la ley.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tarde del lunes 31 de agosto, el Tribunal de Contratación Pública (TCP) emitió una sentencia que debería encender todas las alarmas en la administración pública chilena. El organismo acogió parcialmente la acción de impugnación presentada por Minera y Constructora Río Grande SpA en contra de la Municipalidad de Vitacura y declaró “ilegal y arbitrario” el decreto mediante el cual el municipio adjudicó, en diciembre de 2025, la concesión del centro gastronómico y cultural BordeRío al Consorcio Parque Río.
El fallo no es un mero tecnicismo legal. Es la constatación de que el Estado chileno, incluso en sus niveles más locales, opera bajo la lógica de la clase dominante: las reglas se aplican con rigor a los de abajo, pero se doblan cuando los intereses de los poderosos están en juego. La diferencia era sustantiva: el tribunal estableció que, si la comisión hubiese considerado las 4.644 UTM efectivamente consignadas en el documento, el consorcio adjudicado habría obtenido 6,74 puntos en el criterio económico y no los 67,42 puntos que finalmente recibió.
La aritmética del favoritismo: cómo se maquilló una oferta para beneficiar al capital
El mecanismo del fraude es tan simple como brutal. En el Anexo N°5 entregado por el Consorcio Parque Río se consignó un aporte mensual de 258 UTM y un monto total de 4.644 UTM para los 180 meses de concesión. La diferencia es abismal: 4.644 UTM versus 46.440 UTM. El error aritmético, si es que lo era, era tan evidente que cualquier evaluación imparcial habría descartado la oferta por inconsistente. Pero la comisión municipal, en lugar de declarar inadmisible la propuesta, decidió corregirla de oficio, multiplicando el monto mensual por los 180 meses y elevando el puntaje económico de la oferta de manera artificial.
La Municipalidad de Vitacura defendió esta actuación argumentando que el parámetro relevante era el aporte mensual de 258 UTM, cifra que nunca fue modificada, y que los 46.440 UTM correspondían simplemente al resultado correcto de multiplicar ese monto por los 180 meses de duración del contrato. El TCP, sin embargo, desestimó esa interpretación. Según concluyó, la modificación del monto total implicó corregir un elemento integrante del precio ofertado, actuación que está expresamente excluida entre los errores que pueden ser subsanados durante la evaluación de una licitación pública.
“En tales condiciones, la actuación de la Comisión Evaluadora excedió las facultades que le confería el ordenamiento jurídico”, sostuvo el fallo, señalando además que la corrección terminó beneficiando al adjudicatario y vulnerando el principio de igualdad entre los oferentes.
La función de clase del favoritismo municipal
Desde una perspectiva marxista, el fallo del TCP no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. La Municipalidad de Vitacura, una de las comunas más ricas del país, no es un ente técnico neutral al servicio del bien común, sino un mecanismo al servicio de los intereses de los grupos económicos que dominan el territorio. La corrección de oficio de la oferta del Consorcio Parque Río no fue un error técnico; fue la manifestación de una complicidad de clase: los funcionarios municipales, los evaluadores, los políticos locales, todos sabían que estaban favoreciendo a un grupo sobre otro, y todos actuaron como si esa fuera la norma.
El hecho de que la empresa perdedora, Minera y Constructora Río Grande, haya tenido que recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos es una prueba de que el sistema no funciona para los de abajo. En una licitación justa, la oferta económicamente inconsistente habría sido descartada de plano. Pero en el Chile de los patrones, las reglas se doblan cuando los intereses del capital están en juego. La sentencia del TCP no es un triunfo de la transparencia; es la confirmación de que la justicia, para los de abajo, solo llega cuando el favoritismo es tan grosero que resulta insostenible.
La hipocresía de la “mano dura” y el silencio del gobierno
El escándalo de BordeRío se produce en un contexto en que el gobierno de José Antonio Kast ha hecho de la “mano dura” contra la delincuencia su principal bandera. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que impulsó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, dice ahora necesitar “mano dura” contra el crimen.
Pero los hechos demuestran que la “mano dura” es selectiva. Se aplica con rigor a los jóvenes de los barrios populares, a los migrantes, a los manifestantes. Pero se desvanece cuando se trata de los grupos económicos que, desde las comunas ricas, doblan las reglas de la licitación pública para favorecer a los suyos. El silencio del gobierno de Kast ante este escándalo es una confesión involuntaria: la “mano dura” no es contra la corrupción de cuello y corbata, sino contra los sectores populares.
Epílogo: la justicia de los patrones
El fallo del Tribunal de Contratación Pública sobre BordeRío es una derrota para la Municipalidad de Vitacura, pero no es el fin de la historia. La sentencia no implica que la empresa perdedora pase automáticamente a quedarse con la concesión. Al contrario, lo que ordena el TCP es que Vitacura vuelva a la etapa de evaluación de las propuestas y continúe el procedimiento desde allí, respetando las condiciones originales de las ofertas y las reglas establecidas en las bases. La pelota vuelve a la cancha de los mismos que cometieron la ilegalidad.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de un tribunal que corrige un favoritismo grosero. La verdadera lección de BordeRío es que el Estado chileno, incluso en sus niveles más locales, opera bajo la lógica de la clase dominante: las reglas se aplican con rigor a los de abajo, pero se doblan cuando los intereses de los poderosos están en juego. Mientras el gobierno de Kast sigue predicando la “mano dura” para los pobres, los grupos económicos de las comunas ricas siguen haciendo su agosto con el saqueo de los recursos públicos. La justicia, en el Chile de los patrones, es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres.