La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) identificó una deuda de $7.346 millones por el uso del espectro radioeléctrico —un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos— acumulada por 2.091 RUT, entre personas naturales y empresas. La subsecretaria Romina Garrido calificó el no pago como una “toma digital” de un bien nacional, comparable a una ocupación ilegal de terreno. Pero lo que la autoridad no dice es que la misma institución que hoy denuncia el despojo es la que, durante años, miró hacia otro lado mientras las grandes empresas telefónicas —Telefónica, Claro, Movistar— acumulaban deudas millonarias, y que la Contraloría lleva 17 meses exigiendo sin éxito que se apliquen las sanciones de caducidad correspondientes. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: el Estado de los patrones siempre encuentra excusas para no cobrarle a los de arriba, mientras los de abajo son sometidos a la “mano dura” de la ley.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tarde del lunes 31 de agosto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) hizo pública una información que debería encender todas las alarmas en la administración pública chilena. Un total de 2.091 RUT, entre personas naturales y empresas titulares de concesiones, adeudan al Estado la suma de **$7.346 millones** por derechos de uso del espectro radioeléctrico. La mayor parte de este saldo pendiente se concentra en tres categorías: Servicios Públicos ($4.122 millones), Radiodifusión Televisiva ($1.876 millones) y Servicios Limitados ($1.027 millones).
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, fue categórica al calificar la situación: “El no pago de estos derechos equivale, en los hechos, a una suerte de ‘toma digital’ de un bien nacional de uso público, tal como una toma de terreno, y eso no es aceptable” . Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple y brutal: ¿por qué el Estado, que hoy se rasga las vestiduras por esta deuda, permitió que se acumulara durante años sin aplicar las sanciones que la ley establece?
La complicidad del Estado: 17 meses de desobediencia a la Contraloría
La respuesta a esta pregunta es tan simple como reveladora. La Ley General de Telecomunicaciones establece que el atraso por más de seis meses en el pago de los derechos por uso del espectro radioeléctrico constituye una causal de caducidad de la concesión. Sin embargo, la Subtel no ha aplicado esta sanción. El 27 de septiembre de 2024, la Contraloría emitió el Informe Final N°294, en el cual detectó irregularidades relacionadas con concesiones cuyos derechos se encontraban impagos por más de seis meses e instruyó a Subtel a aplicar las caducidades correspondientes. Diecisiete meses después, el organismo regulador sigue sin ejecutar esa instrucción.
El 7 de julio de 2025, la Contraloría emitió un Informe de Seguimiento en el que reiteró que la Subtel seguía sin subsanar las irregularidades. En enero de 2026, el entonces subsecretario Claudio Araya (PC) firmó un oficio reconociendo que la Subtel no ha aplicado sanciones de caducidad a concesiones con más de seis meses de deuda. La morosidad del Estado para cobrarle a los de arriba no es un accidente; es la expresión de la lógica de clase que gobierna la administración pública.
Los deudores de siempre: las grandes empresas y el blindaje de la impunidad
Entre los deudores se encuentran las grandes empresas de telecomunicaciones que dominan el mercado chileno. Telefónica mantiene un saldo cercano a las 40.000 UTM, mientras que Claro registra más de 2.500 UTM pendientes. Algunos casos ya se encuentran judicializados, como la disputa entre Subtel y Movistar por el cobro retroactivo de US$3,5 millones por derechos de espectro que la propia Subtel omitió cobrar durante casi una década.
La hipocresía es monumental. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que impulsó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, dice ahora necesitar “mano dura” para cobrarle a las grandes telefónicas. Pero los hechos demuestran que la “mano dura” es selectiva: se aplica con rigor a los jóvenes de los barrios populares, a los migrantes, a los manifestantes. Pero se desvanece cuando se trata de los grupos económicos que, desde sus oficinas en las comunas ricas, acumulan deudas millonarias con el Estado sin que nadie les aplique las sanciones que la ley establece.
La función de clase de la “toma digital”
Desde una perspectiva marxista, el caso de la deuda de $7.346 millones por el uso del espectro radioeléctrico no es una anomalía, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El espectro radioeléctrico es un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos. Su uso debe ser retribuido al Estado para financiar políticas públicas que beneficien a la clase trabajadora. Pero en el Chile de los patrones, las grandes empresas utilizan el bien común como si fuera suyo, acumulan deudas millonarias y el Estado mira hacia otro lado.
La subsecretaria Garrido ha comparado el no pago con una “toma de terreno”. La comparación es reveladora. Cuando un poblador ocupa un terreno, es desalojado con la fuerza del Estado. Cuando una gran empresa ocupa el espectro radioeléctrico sin pagar, el Estado le concede 17 meses de gracia y sigue sin aplicar las sanciones. La lógica de clase es brutal: la “mano dura” es para los de abajo; la impunidad es para los de arriba.
El hecho de que la Subtel haya tenido que autodenunciarse ante la Contraloría para iniciar un proceso de revisión de estas obligaciones es una confesión involuntaria: el Estado no fiscaliza a las grandes empresas porque no quiere hacerlo. Solo cuando la presión institucional es insostenible, el aparato estatal se pone en movimiento.
Epílogo: la deuda de los patrones y el silencio de los cómplices
La deuda de $7.346 millones por el uso del espectro radioeléctrico no es el fin de la historia. La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha anunciado que está realizando las gestiones administrativas correspondientes y trabajando de forma coordinada con la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y el Registro Civil para recuperar los recursos. Pero la pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿por qué el Estado no cobró antes? ¿Por qué la Contraloría tuvo que insistir durante 17 meses para que se aplicaran sanciones que la ley establece? ¿Por qué las grandes empresas pueden acumular deudas millonarias sin que nadie les aplique la caducidad de sus concesiones?
La respuesta es simple: en el Chile de los patrones, el Estado no es un ente neutral al servicio del bien común, sino un mecanismo de dominación que la clase dominante utiliza para proteger sus intereses. La “toma digital” que denuncia la subsecretaria Garrido no es más que la manifestación de una lógica de clase que permite a los de arriba usar el bien común sin pagar, mientras los de abajo son sometidos a la “mano dura” de la ley.
Mientras los ministros se llenan la boca con discursos de “orden” y “probidad”, las grandes empresas siguen acumulando deudas millonarias con el Estado. La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de una Subtel que hoy se rasga las vestiduras por una deuda que ella misma permitió acumular. La verdadera lucha no es contra la “toma digital” de las grandes empresas, sino contra un sistema que blinda a los de arriba y criminaliza a los de abajo. La deuda de los patrones es la deuda de todos los chilenos. Y la historia, como siempre, la cobrarán los de abajo.