Mientras la clase trabajadora enfrenta un desempleo del 9,4%, recortes en salud, vivienda y educación, el gobierno de José Antonio Kast ha puesto en marcha una liquidación del patrimonio estatal sin precedentes: la venta de 234 inmuebles fiscales por US$73 millones, la participación del Estado en cuatro empresas sanitarias (US$150 millones) y la amenaza de desprenderse de activos de Codelco. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas mediante la megareforma tributaria, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que anunció un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, ahora pretende vender el patrimonio de todos los chilenos para recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). La hipocresía es monumental: el gobierno de la “emergencia” no tiene problemas en deshacerse del cobre, el agua y la tierra de los chilenos para financiar su propio desgobierno, mientras los de abajo siguen pagando el costo de un modelo que los excluye y los explota.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La maquinaria de desposesión del gobierno de José Antonio Kast se ha puesto en marcha a toda velocidad. Este martes 1 de septiembre, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó el plan “Se Busca Dueño”, mediante el cual pondrá a la venta 234 inmuebles fiscales que han permanecido abandonados o subutilizados. La ministra Catalina Parot fue explícita: el objetivo es recaudar US$73,3 millones. Las propiedades provienen en su mayoría de las llamadas “herencias vacantes” —bienes que pasan al Fisco cuando una persona fallece sin herederos— y deben ser vendidas en un plazo de dos años. El primer lote de 37 inmuebles ya fue publicado.
Pero la venta de inmuebles fiscales es apenas la punta del iceberg. En paralelo, el biministro de Economía, Daniel Mas, confirmó que el gobierno estudia desprenderse de la participación minoritaria que el Estado mantiene en las principales empresas sanitarias del país: Aguas Andinas, Esval, Essbio y Suralis. La operación, que no requiere ley ni paso por el Congreso y podría concretarse mediante remates en la Bolsa de Comercio, podría reportar cerca de US$150 millones. Al vender estas acciones, el Estado perdería las últimas facultades especiales que conserva sobre decisiones relacionadas con concesiones sanitarias y derechos de aprovechamiento de aguas. Es decir, el gobierno de Kast está dispuesto a entregar el control del agua —el recurso más estratégico del país— a manos privadas a cambio de una fracción de lo que gastó en regalarle a las grandes empresas.
La privatización encubierta de Codelco: el cobre como botín del capital
El remate no termina ahí. El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, ha planteado abiertamente la privatización de Codelco, la principal empresa del país. El gobierno ha descartado una privatización total, pero ha admitido la posibilidad de vender activos “no estratégicos” de la cuprífera estatal. La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) ha sido categórica: “Vamos a defenderla con ingeniería pura y, si no resulta, la vamos a defender en la calle. Por la razón o la fuerza”. El Partido Socialista, por su parte, ha denunciado que el gobierno avanza “mediante la venta de activos estratégicos, en una privatización encubierta”.
La lógica de clase del remate
Desde una perspectiva marxista, la venta de activos del Estado no es una medida de eficiencia, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el capitalismo chileno. El Estado no es un ente neutral al servicio del bien común, sino un instrumento al servicio de la acumulación del capital. La venta de las sanitarias, de los inmuebles fiscales y de los activos de Codelco no es un acto administrativo, sino una transferencia de riqueza desde el conjunto de la sociedad hacia los grupos económicos que ya concentran el poder.
La hipocresía alcanza niveles grotescos. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que anunció un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, ahora pretende vender el patrimonio de todos los chilenos para tapar los agujeros que ella misma ha creado. El ministro Quiroz fue explícito: recuperar el FEES “por la vía de lograr un superávit es muy largo y nos demoraría mucho tiempo”. Es decir: en lugar de aumentar los impuestos a los ricos o reducir el gasto militar, el gobierno prefiere liquidar el patrimonio público.
La función de clase de la desposesión
La columnista de BioBioChile fue lapidaria: el gobierno de Kast muestra “un profundo desapego con lo público”. “Lo que podría sonar razonable aparentemente: vender para generar liquidez, es una mirada a corto plazo que además debilita el patrimonio del Estado”. La crítica es certera, pero no se queda en el plano técnico. La venta de activos estatales no es una medida excepcional; es la culminación de un proceso que la derecha chilena ha venido impulsando desde el retorno a la democracia. La misma lógica que permitió la privatización de las empresas públicas en los años 80 y 90 es la que hoy guía al gobierno de Kast: el Estado debe deshacerse de todo lo que no sea directamente funcional a los intereses del capital.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “eficiencia” y la “modernización”. La venta de las sanitarias, de los inmuebles fiscales y de los activos de Codelco no es una medida para mejorar la gestión pública, sino una transferencia de riqueza desde el conjunto de la sociedad hacia los grupos económicos. El agua, el cobre y la tierra no son mercancías; son patrimonio de todos los chilenos. Y el gobierno de Kast, al ponerlos en venta, está liquidando el futuro de los de abajo para salvar las arcas de los de arriba.
Epílogo: el patrimonio de los de abajo como botín de los de arriba
Mientras los ministros celebran la venta de activos como un “éxito” de su gestión, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. El patrimonio de los chilenos se vende por monedas, y los de abajo, una vez más, pagan el costo de la codicia de los de arriba. La lucha por defender lo público es la lucha por la dignidad de toda la clase trabajadora. El gobierno de Kast puede vender el cobre, el agua y la tierra de los chilenos, pero no puede vender la memoria de quienes saben que ese patrimonio fue construido con el sudor de generaciones enteras. El remate de los patrones no es el fin de la historia; es el principio de una nueva batalla.