El gobierno de José Antonio Kast sumó este martes una nueva baja en sus filas: la renuncia forzada del seremi de Transportes de Arica y Parinacota, Patricio Löhr Tapia, luego de que se revelara que presionó a funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para favorecer el ingreso de trabajadores de su propia empresa al aeropuerto Chacalluta, sin que esta contara con la autorización operacional vigente . La autoridad, militante del Partido Republicano, había creado LohrAviation FBO Chile SpA tras dejar la DGAC y mantenía vínculos declarados con ella . La hipocresía es monumental: la misma administración que se llena la boca con discursos de “mano dura” y “probidad”, que recorta derechos y desfinancia lo público, aplica una vara distinta cuando se trata de los suyos. Mientras un funcionario de base es perseguido con todo el peso de la ley por una falta menor, un seremi republicano puede intentar usar el aparato estatal para beneficiar su negocio privado y solo enfrenta una renuncia. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: en el Chile de los patrones, el Estado es un botín al servicio de los de arriba.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La mañana del martes 1 de septiembre, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristian Sayes, confirmó a Radio ADN lo que ya era un rumor en los pasillos del gobierno regional: el Ejecutivo había solicitado la renuncia del seremi de Transportes, Patricio Löhr Tapia . La decisión, que se suma a la larga lista de bajas en la administración de José Antonio Kast —el quinto integrante del gabinete regional en dejar su puesto de forma forzada, y el 44 del gobierno central—, fue adoptada tras una denuncia de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC .
La controversia estalló cuando se reveló que Löhr, quien había trabajado en la propia DGAC antes de asumir como seremi, había creado la empresa LohrAviation FBO Chile SpA, una firma vinculada a servicios de aviación . Según la denuncia, el seremi habría llamado al teléfono particular de la encargada del Área de Seguridad y Acreditación de la DGAC para pedir que se autorizara el ingreso de trabajadores de su empresa al aeropuerto de Chacalluta . El problema: LohrAviation no contaba con un permiso operacional vigente, luego de que expirara una autorización temporal mientras se tramitaban nuevos antecedentes .
La funcionaria, según el relato del presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de la DGAC, Javier Villarroel, rechazó la solicitud debido a la falta de autorización. La respuesta de Löhr fue, como era de esperar, una amenaza: habría advertido que podría iniciar acciones legales contra quienes impidieran el acceso . La denuncia no es un hecho aislado. Es la confirmación de que, para la derecha chilena, el Estado no es un ente al servicio del bien común, sino una extensión de sus negocios privados.
El modus operandi de la clase dominante: el Estado como extensión del negocio privado
El caso de Patricio Löhr no es una anomalía. Es la expresión de la lógica de clase que gobierna la administración pública chilena. El seremi, militante del Partido Republicano, utilizó su cargo público para favorecer su empresa privada. Creó LohrAviation después de dejar la DGAC y, una vez en el poder, intentó usar su influencia para saltarse los procedimientos que la ley exige a cualquier otro ciudadano .
La hipocresía alcanza niveles grotescos cuando se contrasta este caso con el discurso oficial del gobierno de Kast. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que impulsó una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción, dice ahora necesitar “mano dura” contra la corrupción. Pero la “mano dura” es selectiva: se aplica con rigor a los jóvenes de los barrios populares, a los migrantes, a los manifestantes. Pero se desvanece cuando se trata de los suyos.
El delegado presidencial Sayes fue explícito: “Como Gobierno tomamos las acciones que corresponden en este tipo de situaciones y, por lo tanto, ya se le pidió la renuncia” . Pero la renuncia no es una sanción; es una solución de compromiso que permite al gobierno deshacerse de un problema sin tener que enfrentar las consecuencias políticas de una investigación más profunda. El seremi no fue formalizado, no fue condenado, no fue inhabilitado. Simplemente renunció, como tantos otros, y seguirá su vida con total normalidad.
La función de clase de la impunidad
Desde una perspectiva marxista, el caso de Patricio Löhr es la prueba de que la “mano dura” que pregona la derecha no es contra la corrupción de cuello y corbata, sino contra los sectores populares. El mismo sistema que encarcela a los jóvenes de los barrios populares por delitos menores, que mantiene en prisión preventiva a cientos de personas sin condena, aplica una vara distinta cuando el imputado es un militante del partido de gobierno.
La renuncia de Löhr no es una derrota para el gobierno; es una operación de contención de daños. El seremi, que había creado su empresa tras dejar la DGAC y mantenía vínculos declarados con ella , no enfrentará cargos penales ni civiles. Su salida del cargo es apenas un gesto simbólico que permite al gobierno de Kast deshacerse de una evidencia incómoda sin tener que asumir las consecuencias políticas de una investigación más profunda.
Epílogo: el negocio de la “mano derecha”
El caso de Patricio Löhr es la prueba más contundente de que la “mano dura” que pregona el gobierno de Kast no es contra la corrupción, sino contra los de abajo. La misma administración que se llena la boca con discursos de “probidad” y “transparencia” es la que permite que sus propios funcionarios utilicen el Estado como una extensión de sus negocios privados.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de una renuncia forzada. La verdadera lucha no es contra los seremis que presionan a la DGAC para favorecer a sus empresas, sino contra un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo. Mientras el gobierno de Kast sigue predicando la “mano dura” para los pobres, los funcionarios de la derecha siguen haciendo su agosto con el saqueo de los recursos públicos. El negocio de la “mano derecha” no ha terminado; apenas comienza.