Marx comprendió tempranamente que bajo el capitalismo el trabajador se encuentra obligado a vender su fuerza de trabajo porque ha sido separado de los medios que le permitirían garantizar autónomamente su existencia. Esa aparente libertad contractual contiene una desigualdad fundamental: quien posee capital puede esperar; quien necesita un salario para vivir, mucho menos.
Por Editor El Despertar
Hay cifras que los gobiernos presentan como indicadores y que las familias viven como tragedias. El desempleo es una de ellas.
Cuando la desocupación en Chile alcanza el 9,5% y alrededor de 184 mil personas llevan un año o más buscando trabajo, no estamos simplemente frente a una desviación de las expectativas económicas. Estamos ante un problema social y político de primera magnitud. Detrás de cada décima porcentual existen personas que dejan de recibir un salario, hogares que consumen sus ahorros, familias que se endeudan para sobrevivir y trabajadores que comienzan a aceptar condiciones que antes habrían considerado inaceptables.
Por eso resulta indispensable discutir el desempleo desde una perspectiva distinta de aquella que domina habitualmente el debate económico. El trabajo no es una mercancía cualquiera. Es lo que al trabajador y a sus familias les permite reproducir sus existencia física y satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales
Marx comprendió tempranamente que bajo el capitalismo el trabajador se encuentra obligado a vender su fuerza de trabajo porque ha sido separado de los medios que le permitirían garantizar autónomamente su existencia. Esa aparente libertad contractual contiene una desigualdad fundamental: quien posee capital puede esperar; quien necesita un salario para vivir, mucho menos.
Y mientras más trabajadores compitan por menos puestos de trabajo, mayor será esa desigualdad.
En El Capital, Marx denominó “ejército industrial de reserva” a esa población trabajadora excedente que el propio proceso de acumulación capitalista produce y reproduce. Su existencia cumple una función económica y política decisiva: disciplina a quienes tienen empleo y debilita su capacidad para disputar salarios y mejores condiciones laborales.
El desempleo, por tanto, nunca afecta solamente al desempleado. Cuando existe un millón de personas buscando trabajo, también cambia la relación de fuerzas dentro de cada empresa. El trabajador piensa dos veces antes de exigir mejores condiciones. La trabajadora teme perder su empleo. Disminuye la capacidad negociadora de los sindicatos. Se normalizan contratos más precarios. Se aceptan jornadas, remuneraciones y condiciones que en un mercado laboral con pleno empleo resultarían mucho más difíciles de imponer.
Por eso el desempleo constituye también una poderosa herramienta de disciplinamiento social. Y aquí aparece una de las grandes contradicciones del discurso económico dominante. Durante décadas nos dijeron que había que flexibilizar el trabajo para crear empleo; reducir impuestos para crear empleo; disminuir regulaciones para crear empleo; facilitar la inversión privada para crear empleo. El empleo fue utilizado una y otra vez como justificación para transferir recursos, garantías e incentivos al capital.
Pero cuando el empleo no aparece, la respuesta vuelve a ser la misma: entregar todavía más incentivos al capital. ¿Cuánto tiempo debemos repetir una receta antes de reconocer que el problema puede estar precisamente en ella?
Chile necesita inversión privada, por supuesto. Pero resulta profundamente equivocado asumir que toda inversión genera automáticamente desarrollo, empleo digno y bienestar colectivo. Una economía puede crecer mientras destruye empleos; puede aumentar su productividad mientras precariza el trabajo; puede incrementar las utilidades empresariales mientras disminuye la participación de los salarios en la riqueza producida.
La pregunta relevante, entonces, no es solamente cuánto crecemos. Es quién se apropia de ese crecimiento, qué empleos genera y qué proyecto productivo estamos construyendo.
El problema chileno es también estructural. Durante décadas consolidamos una economía altamente dependiente de la explotación de recursos naturales, vulnerable a los ciclos externos y caracterizada por una débil diversificación productiva. Renunciamos progresivamente a una política industrial robusta y entregamos al mercado decisiones estratégicas que debieron formar parte de una política nacional de desarrollo. Después nos sorprendemos porque no somos capaces de generar suficientes empleos productivos y estables.
Un país no construye desarrollo esperando pasivamente que las decisiones individuales de inversión produzcan espontáneamente una estructura económica capaz de garantizar trabajo digno para todos. Necesita planificación, inversión pública, desarrollo tecnológico, industrialización y políticas productivas territorialmente equilibradas.
Aquí el Estado tiene una responsabilidad insustituible. Frente a una crisis de empleo, la inversión pública no puede ser considerada simplemente un gasto que debe reducirse para equilibrar las cuentas fiscales. Viviendas, hospitales, escuelas, infraestructura ferroviaria, sistemas de transporte público, recuperación de barrios, obras hidráulicas, prevención de catástrofes y transición energética constituyen necesidades sociales reales que, además, pueden movilizar enormes cantidades de trabajo.
Chile necesita viviendas y tiene trabajadores de la construcción desempleados. Necesita infraestructura pública y tiene profesionales, técnicos y trabajadores buscando empleo. Necesita fortalecer los cuidados y existen miles de mujeres excluidas del mercado laboral. Necesita recuperar barrios, enfrentar la crisis climática y mejorar sus ciudades. Entonces, ¿por qué aceptar que permanezcan simultáneamente necesidades sociales insatisfechas y capacidad humana disponible?
Esa contradicción revela los límites de una economía organizada primordialmente por la rentabilidad privada. Para el capital, una necesidad social que no genera suficiente ganancia simplemente no constituye demanda efectiva. Para una sociedad democrática, en cambio, debería constituir una obligación colectiva.
También debemos mirar hacia los municipios. Los gobiernos locales conocen dónde está el desempleo, cuáles son las necesidades territoriales y qué proyectos pueden generar rápidamente actividad económica. Sin embargo, siguen administrando responsabilidades crecientes con recursos insuficientes y escasa autonomía fiscal. Una verdadera política nacional de empleo debería incorporar fondos de inversión local capaces de movilizar rápidamente proyectos intensivos en trabajo y socialmente necesarios.
Pero existe otra dimensión que no podemos ignorar: el desempleo juvenil. Cuando una generación estudia, se endeuda, obtiene títulos y luego descubre que el mercado laboral no tiene lugar para ella, la crisis deja de ser únicamente económica. Se transforma en una crisis de expectativas y de legitimidad. Si además esos mismos jóvenes creen que nunca podrán acceder a una vivienda propia, formar un hogar independiente o alcanzar las condiciones materiales que tuvieron generaciones anteriores, lo que comienza a quebrarse es la propia promesa de futuro.
Una sociedad que no puede ofrecer futuro a sus jóvenes tiene un problema mucho más profundo que una mala cifra trimestral.