Una red coordinada de medios digitales, cuentas anónimas y figuras políticas de ultraderecha busca desmantelar el Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante noticias falsas, en un contexto de reforma legislativa que amenaza su existencia. El fenómeno no es un accidente: es la expresión contemporánea de una ofensiva de clase contra las instituciones que osaron poner límites al poder.
Por Equipo El Despertar
La secuencia se repite con precisión industrial. Primero aparece una publicación falsa en un medio digital de bajo perfil. Luego, cuentas de alto alcance la amplifican. Después, una figura pública la replica como si fuera un hecho verificado. Y el nombre del INDH se instala en el centro del debate, esta vez asociado a la defensa de delincuentes, al refugio de subversivos, a la traición a las víctimas. Lo que sigue es predecible: el organismo desmiente, los verificadores confirman la falsedad, pero el daño ya está hecho. La mentira ha cumplido su función.
El caso más nítido ocurrió en febrero de 2026. Un titular falso —atribuido a sitios como “Diario Sur Noticias”— afirmaba que el INDH había cuestionado la reacción de un conductor que atropelló a un asaltante durante una encerrona en Quilicura. La historia no tenía ningún respaldo real: no existía declaración alguna del instituto sobre ese episodio. Sin embargo, el diputado Johannes Kaiser, el excandidato presidencial Franco Parisi y otras figuras de la derecha y ultraderecha compartieron la falsedad y la usaron para pedir la desaparición del organismo. “Comparte si crees que el INDH debe desaparecer”, escribió Kaiser en X. Horas después, cuando ya era trending topic, el INDH salió a desmentir “rotundamente” haber emitido declaración alguna. Kaiser reconoció públicamente que la noticia era falsa, pero añadió una frase reveladora: era “esencialmente creíble” porque “se alinea perfectamente en lo que es” el INDH. Es decir: la mentira funcionó porque el terreno ideológico ya estaba preparado.
Este episodio no es un hecho aislado. La Unidad de Investigación de El Mostrador documentó una “red coordinada” que incluye medios digitales, cuentas masificadoras y programas de streaming, todos operando en sincronía para instalar la idea de un organismo “defensor de delincuentes”. El objetivo declarado de algunos de estos actores es la eliminación pura y simple del INDH. Diputados y senadores republicanos han solicitado formalmente al Gobierno su cierre: “El sesgo ideológico y la persecución sistemática a Carabineros hace concluir que el cierre es el único camino viable”, argumentan. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha declarado que el organismo “tiene absolutamente un tinte de izquierda y eso hay que corregirlo”. La reforma legislativa impulsada por Renovación Nacional, que ya fue aprobada en general en la Cámara de Diputados, incorpora exigencias que limitarían severamente la capacidad del instituto para presentar querellas por violaciones a los derechos humanos.
Para comprender este fenómeno en su dimensión real, hay que abandonar la ilusión de que se trata de un simple “exceso comunicacional” o de una disputa entre “buenos y malos”. Lo que está en juego es una lucha de clases por el control del sentido común. La clase dominante chilena —esa que conservó intacto su aparato de dominación ideológica tras la dictadura, incluso cuando perdió temporalmente el gobierno— sabe que las instituciones de derechos humanos son un obstáculo material y simbólico para la reproducción de su poder. El INDH no solo documenta violaciones; produce informes que nombran responsabilidades, presenta querellas que incomodan a las fuerzas de seguridad, y sostiene públicamente que los derechos humanos no son una concesión graciosa del Estado sino conquistas arrancadas por la lucha popular.
Por eso el ataque es tan visceral. La diputada Lorena Fries, primera directora del INDH, lo expresó con claridad: “Hay un sector en el país, de ultraderecha, que efectivamente quiere eliminar el INDH, porque lo asume como un bastión de la izquierda… como ese sector vive en el pasado, vincula al Instituto a partidos políticos de izquierda, con quienes quieren que se atiendan las violaciones graves y sistemáticas cometidas durante la dictadura y, por lo tanto, ven al Instituto como un adversario, como un enemigo”. Fries describe lo que en términos gramscianos sería una disputa por la hegemonía: la ultraderecha no puede tolerar que exista una institución estatal que legitime una narrativa de derechos humanos incompatible con el relato de la “transición ejemplar” y de la dictadura como “período difícil”.
La campaña de desinformación es, entonces, la punta del iceberg de una ofensiva más amplia. La columna de opinión de El Mostrador titulada “La idea de eliminar al ‘izquierdista’ INDH” traza el hilo histórico: durante la dictadura, organismos como el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad fueron acusados de ser “refugio de extremistas” y de “enlodar la nación ante la comunidad internacional”. La Doctrina de Seguridad Nacional operaba sin trabas, y quienes defendían los derechos humanos eran tratados como enemigos internos. Ese mismo discurso —el de los “cómplices pasivos” de la dictadura que hoy se niegan a decir “dictadura” y prefieren “período complejo”— es el que hoy alimenta las fake news contra el INDH. La novedad no es el contenido, sino la tecnología: las redes sociales y el streaming han multiplicado exponencialmente la capacidad de difusión de la mentira.
Hay un dato que ilumina la dimensión material del conflicto. El presupuesto del INDH para 2026 asciende a más de 16 mil millones de pesos, con 300 funcionarios y 15 sedes en todo el país. Quienes piden su cierre o su conversión en un “Departamento de Protección de Víctimas” sin “ideología” no solo atacan una institución: atacan la posibilidad de que exista una instancia autónoma que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Porque una institución que no incomoda a nadie no necesita ser desmantelada. Una institución que incomoda al poder, sí.
La desinformación sistemática contra el INDH no es un fenómeno de “posverdad” ni un accidente tecnológico. Es una operación de guerra ideológica conducida por los sectores que no han renunciado a la herencia de la dictadura y que ven en cada institución de derechos humanos un recordatorio de que su proyecto de dominación no es eterno. La mentira, en este contexto, no busca persuadir: busca agotar, confundir, saturar. Busca que la ciudadanía deje de creer en la posibilidad misma de una institución que defienda los derechos de todos, especialmente de los que no tienen poder para defenderlos por sí mismos.
La respuesta no puede ser solo la verificación de datos. Eso es necesario, pero insuficiente. La respuesta tiene que ser política: defender el INDH como parte de una institucionalidad conquistada en la lucha, y comprender que su desmantelamiento —por la vía de la reforma o de la fake news— forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos sociales, laborales y humanos de la clase trabajadora. Como señaló el director del INDH, Yerko Ljubetic, al presentar el Informe Anual 2025: “El reto es recordar que los derechos humanos no son un obstáculo, sino la brújula que orienta la verdadera seguridad”. La ultraderecha lo sabe. Por eso los ataca.