A través del cercenamiento de expedientes y la dilación deliberada de peritajes clave, el aparato persecutor de la justicia burguesa ha desarticulado la trama de la asociación ilícita entre la élite política y el capital para garantizar la inmunidad penal del histórico operador de la UDI.
Por Equipo El Despertar
En el marco del escándalo del “Caso Audios” y sus aristas ramificadas, el comportamiento del Ministerio Público ha expuesto, de forma transparente, la función de clase que cumple el sistema judicial. Lejos de operar como un persecutor imparcial, la fiscalía ha desplegado un sistemático diseño de fragmentación procesal tendiente a disolver la figura de la asociación ilícita. Al parcelar las investigaciones contra el exministro del Interior Andrés Chadwick en múltiples carpetas separadas —aislando el arista de nombramientos judiciales, el caso del exfiscal Manuel Guerra y las gestiones de lobbies corporativos—, el órgano persecutor neutraliza el carácter sistémico de la red de corrupción y la reduce a anécdotas o faltas individuales.
Esta táctica de disgregación dialéctica persigue despojar a las maniobras de la oligarquía de su coherencia política y económica. Al desvincular orgánicamente la actuación de Chadwick de la red articulada por el abogado Luis Hermosilla, la fiscalía busca invisibilizar cómo se instrumentalizó el aparato estatal para salvaguardar intereses corporativos y garantizar la impunidad de la burguesía comercial e inmobiliaria. Las revelaciones periodísticas que documentan las coordinaciones secretas y el bloqueo prolongado de peritajes telefónicos dan cuenta de una dilación calculada que contrasta severamente con la celeridad y dureza punitiva que el Estado aplica cotidianamente contra las clases populares y los luchadores sociales.
La investigación sociológica del derecho y el análisis de la estructura del Estado capitalista demuestran que la segmentación de las causas penales no es un mero “criterio de eficiencia procesal”, sino un mecanismo de protección ideológica para la clase dominante. Como explicaba el sociólogo y criminólogo crítico Alessandro Baratta al analizar la selectividad del sistema penal contemporáneo: «El derecho penal no actúa de manera uniforme, sino que ejerce un filtro de clase, inmunizando a los sectores que ostentan el poder político y económico mientras concentra su fuerza represiva en la marginalidad». El tratamiento privilegiado a Chadwick materializa con precisión esta asimetría estructural.
Frente a las narrativas hegemónicas que intentan presentar las maniobras de la fiscalía como un esfuerzo por “esclarecer los hechos con rigor técnico”, la perspectiva crítica de la lucha de clases devela la realidad de las cosas: el blindaje al exministro es la autodefensa de un régimen institucional que no puede permitirse formalizar el contubernio estructural entre la política profesional, los grupos de económicos y el Poder Judicial. Neutralizar la figura de la asociación ilícita no solo salvaguarda a un individuo de la élite dominante, sino que busca sostener la ficción de la “igualdad ante la ley” en un sistema diseñado para perpetuar el dominio del capital.