La fusión de 25 programas públicos en nueve de cara al Presupuesto 2027 busca legitimar la contracción del gasto social como una medida de «eficiencia técnica», garantizando el equilibrio fiscal que exige el capital transnacional a costa del bienestar de la clase trabajadora.
Por Equip El Despertar
En el marco de la formulación de la Ley de Presupuesto 2027, la administración de José Antonio Kast anunció la consolidación de 25 programas sociales pertenecientes a distintos ministerios, reduciéndolos a solo nueve ofertas programáticas. Mientras el discurso oficialista y los análisis hegemónicos justifican la medida bajo las nociones neutras de «eficiencia», «racionalización administrativa» y «reducción de duplicidades», un enfoque guiado por el materialismo histórico evidencia la verdadera función de esta reforma: restructurar el gasto público para aliviar la presión sobre el erario fiscal, sacrificando los derechos sociales golpeados de las familias trabajadoras para resguardar las condiciones de acumulación privada y la confianza del capital financiero.
Fariseamente presentado como una reingeniería neutral, el proceso técnico conducido por la Subsecretaría de Evaluación Social y el Ministerio de Hacienda opera como una cobertura ideológica que oculta un recorte efectivo en la capacidad de respuesta prestacional del Estado. La disolución o absorción de programas clave —que abarcan áreas de apoyo educativo, salud comunitaria y vulnerabilidad territorial— no responde a la superación de las necesidades materiales de la población, sino a la imposición de un marco de austeridad estructural exigido por los mercados. Al encuadrar la tijera presupuestaria como un «fortalecimiento de la coherencia», el régimen de Kast enmascara la progresiva retirada del Estado de su rol asistencialista residual, instrumentalizando la burocracia técnica como ariete para reducir la masa salarial indirecta que los trabajadores perciben en forma de bienes y servicios públicos.
Como planteaba Karl Marx en sus críticas a la economía política, en el régimen capitalista el presupuesto público actúa predominantemente como un engranaje redistributivo invertido: contiene el consumo socialmente necesario de la clase asalariada para resguardar el valor y la solvencia fiscal requerida por la burguesía. Lejos de ser un ejercicio inocuo de «optimización», la reducción cuantitativa de los canales de la oferta social genera una concentración de barreras de acceso para los sectores explotados, abriendo paso a la privatización o al deterioro definitivo de las prestaciones no mercantilizadas. Para el proletariado en Chile, la retórica del «ordenamiento fiscal» no representa más que la reafirmación histórica de que, ante la desaceleración del capital, la cuenta del ajuste siempre es transferida a las espaldas de la clase trabajadora.