Bajo la narrativa del “ordenamiento de las cuentas públicas”, el primer erario fiscal del ejecutivo derechista consagra un recorte sustancial de la reproducción social para financiar la seguridad pública y garantizar el pago del capital financiero.
Por Equipo El Despertar
El proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2027, presentado por el gobierno de José Antonio Kast, constituye la plasmación concreta de una política económica orientada a disciplinar la fuerza de trabajo y redistribuir el excedente social hacia las fracciones dominantes del capital. Disfrazado bajo los eufemismos hegemónicos de “aumento moderado del 1,5%” y “eficiencia en el gasto”, el erario nacional expone el rol del Estado burgués como garante directo del proceso de acumulación en momentos de desintegración del mercado laboral. Lejos de constituir un ejercicio técnico neutral, la distribución propuesta por el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz, consolida un ajuste sobre los medios de consumo de la clase trabajadora mientras incrementa la capacidad represiva de la maquinaria estatal.
El núcleo de la estrategia gubernamental reside en un trasvase masivo de recursos desde el ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo hacia el aparato coercitivo e infraestructura favorable al gran capital. Programas orientados a la educación pública, la ciencia, la cultura y el desarrollo regional sufren drásticos recortes reales. En Educación, la reducción golpea la reactivación escolar y el programa “Yo elijo mi PC”, quitando herramientas básicas a la infancia trabajadora bajo la doctrina meritocrática del “control del gasto social”. En contraste, la partida de Seguridad Pública y el sistema carcelario emergen como los principales favorecidos, reflejando cómo la burguesía responde a las contradicciones de la crisis económica: fortaleciendo el monopolio de la fuerza para contener el descontento popular resultante de la precarización de la vida.
Un elemento central que desmiente el discurso de la “austeridad responsable” es la solicitud del Ejecutivo para endeudar al país por un techo de hasta US$25.000 millones. Esta contradicción expone el carácter de clase de la política fiscal: mientras se argumenta la incapacidad del Estado para financiar la salud, la educación o los programas de empleo público, se abre de par en par la puerta al endeudamiento con el capital financiero global para cubrir compromisos de deuda previa y déficits estructurales. Como denunciaron organizaciones sociales y sectores de oposición, el esquema de Kast articula un “bencinazo” tributario al pueblo e incentivos al gran capital, cargando sobre las espaldas de la clase trabajadora el costo financiero del rescate y la rentabilidad privada.
Las reacciones al anuncio no se han hecho esperar, revelando las primeras fisuras y tensiones de la lucha de clases parlamentaria y social. Desde el ámbito estudiantil e impulsados por agrupaciones docentes y territoriales, el rechazo a la tijera presupuestaria se ha traducido en movilizaciones bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”. La diputada Gael Yeomans advirtió que el mandatario está incumpliendo la promesa de no tocar las prestaciones sociales: “En la campaña el presidente Kast dijo que no iba a tocar ningún beneficio social, pero hoy día eso ya se está incumpliendo (…). Tienen que pagar la reforma tributaria y para eso le están quitando los computadores a los niños”. Asimismo, los gobiernos regionales han calificado de drástico el despojo de $250 mil millones en inversión local, dejando en evidencia que el proyecto busca asfixiar la autonomía territorial para concentrar el excedente fiscal en los aparatos centralizados de control y financiamiento patronal.