La ola de tomas y huelgas estudiantiles expone el desmantelamiento programático de los servicios públicos para sostener la tasa de ganancia del capital, mientras el gobierno de Macron y Lecornu moviliza el aparato represivo con más de 5.000 detenciones y militarización escolar.
Por Equipo El Despertar
El estallido que sacude las principales urbes de Francia no es un episodio aislado de “violencia urbana”, como insiste en catalogarlo la propaganda de la prensa corporativa, sino la respuesta inevitable de una juventud que rechaza ser sacrificada en el altar de la austeridad neoliberal. Las masivas movilizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, que han paralizado a más de mil establecimientos en todo el país con bloqueos y huelgas, ponen al descubierto la contradicción insalvable entre el gasto militar o los subsidios al capital privado y la reproducción de la fuerza de trabajo. Aulas hacinadas, infraestructuras en ruinas incapaces de soportar las inclemencias climáticas, escasez de personal docente provocada por la supresión de miles de puestos y filtros elitistas como la plataforma Parcoursup configuran el cuadro de ahogo material que ha empujado a la juventud proletaria a la calle.
Frente al deterioro del sistema educativo, la clase dominante y sus administradores políticos han descartado cualquier concesión de fondo, optando por emplear la fuerza bruta del aparato policial para disciplinar al movimiento. Con más de 5.000 personas puestas bajo custodia —en su inmensa mayoría menores de edad— y un saldo de cientos de jóvenes heridos por la acción de las fuerzas antidisturbios, la respuesta del Elíseo confirma el rol del Estado burgués como garante del orden de clase mediante el monopolio de la violencia. Las centrales sindicales docentes como el SNES-FSU denunciaron decididamente la estrategia oficial: “El gobierno ha elegido responder con la fuerza y la represión policial (…) exigimos que esta represión cese”. La respuesta estatal no solo busca desactivar las tomas en las escuelas, sino infundir un castigo ejemplarizante contra los sectores más jóvenes de la clase trabajadora para evitar que el descontento se contagie a la totalidad del estamento laboral.
Para justificar la violencia institucional, el Ejecutivo liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu ha recurrido al manual clásico de la criminalización, acusando a la “ultraizquierda” y a partidos opositores de “instrumentalizar” las protestas, ninguneando la base material del conflicto. A esta narrativa se suma una medida punitiva de carácter económico: el anuncio de proyectos de ley para transferir el costo de las pérdidas materiales directamente a las familias de los manifestantes mediante el despojo de ayudas sociales. Esta iniciativa busca ahondar la precarización de los hogares obreros y utilizar el chantaje económico para estrangular la protesta. Ante esto, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, calificó el anuncio gubernamental como una medida que “podría terminar afectando a las familias más vulnerables”, dejando al desnudo cómo la justicia burguesa castiga a las víctimas del modelo de precarización mientras protege la propiedad privada.
El desarrollo de las jornadas, marcadas por la convergencia entre huelgas de profesores y la combatividad estudiantil, señala el agotamiento de las ilusiones en el diálogo social promovido por el régimen de Emmanuel Macron. Al calificar las demandas como un asunto meramente técnico mientras despliega un cerco policial en torno a los liceos, el gobierno busca contener las aspiraciones de una generación golpeada por las políticas de ajuste. No obstante, la persistencia de los bloqueos demuestra que la juventud francesa ha identificado que el problema no radica en un fallo administrativo, sino en la lógica propia de un sistema capitalista que reduce la educación a una mercancía y la protesta popular a un asunto de orden público.