La confirmación del desafuero del senador Miguel Ángel Calisto por fraude al Fisco no solo desorganiza la bancada gubernamental en la Cámara Alta, sino que desarticula la narrativa de la “moralización política” y expone cómo las instituciones del capital operan para la apropiación privada de recursos públicos.
Por Equipo El Despertar
La resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que confirmó la pérdida de inmunidad del parlamentario Miguel Ángel Calisto —enfrentado a una acusación por fraude al Fisco reiterado con peticiones de pena que alcanzan los 12 años de presidio— no representa un triunfo de la “pureza institucional”, como sostiene la crónica periodística de los medios hegemónicos. El desvío de asignaciones parlamentarias mediante asesorías farsa, cuyo botín supera los $100 millones, expone el modo en que la casta política administra las arcas del Estado: no como un espacio neutral al servicio del bien común, sino como un engranaje burocrático diseñado para la reproducción económica y la acumulación personal de sus representantes de clase.
El impacto político inmediato de este fallo asesta un golpe directo a la correlación de fuerzas en el Congreso, provocando la pérdida de la mayoría en el Senado para el gobierno. La salida forzada de Calisto despoja al oficialismo de un voto clave para la aprobación de sus proyectos emblemáticos y para el mantenimiento de los quórums calificados requeridos en la Cámara Alta. Este reordenamiento legislativo deja al descubierto la extrema fragilidad de una gobernabilidad sustentada en alianzas coyunturales con figuras cuestionadas, demostrando que la capacidad ejecutiva del régimen burgués depende de equilibrios numéricos precarios antes que de un verdadero respaldo de la masa trabajadora.
El tratamiento público del caso por parte de la prensa patronal intenta reducir las maniobras a una “falta ética individual” cometida durante la gestión del legislador. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias operan como un mecanismo de patronazgo mediante el cual la burguesía y sus operadores políticos redistribuyen el excedente social hacia redes de clientelismo, privatizando los recursos fiscales mientras se impone una constante austeridad sobre los salarios y los servicios sociales de la población trabajadora. Como denunciaron diversas agrupaciones críticas frente a las anomalías en el gasto legislativo y las pretensiones de mantener la votación parlamentaria intacta hasta el último minuto: “¡Imputable y votando la composición de los tribunales!”, revelando el velo corporativo de una elite que intenta preservar sus privilegios de clase por sobre cualquier escrutinio.
Frente a las ilusiones de la justicia del capital, que pretende saldar el conflicto mediante la persecución penal individual mientras mantiene intacta la estructura de asesorías y privilegios del Congreso, la clase trabajadora debe extraer las lecciones políticas de fondo. La pérdida de mayorías en el Senado y los escándalos de corrupción en las altas esferas del Estado no son fallas operativas ni meros problemas de fiscalización administrativa, sino la manifestación orgánica de un régimen político que funciona como un consejo de administración de las clases dominantes, donde la representación popular se subordina sistemáticamente a la lógica de la ganancia y el poder.