Mientras el Banco Central y las consultoras financieras reducen el repunte del costo de vida a una «anomalía estadística de mercado», la inflación en Chile evidencia la transferencia sistemática de riqueza desde los salarios hacia los márgenes de ganancia del oligopolio empresarial.
Por Equipo El Despertar
El sorpresivo repunte de la inflación en Chile, que superó las proyecciones del mercado financiero y desmintió los discursos de «estabilización macroeconómica», ha desatado una ola de alardes técnicos por parte del empresariado y las vocerías de la plaza financiera. La narrativa hegemónica, amplificada por la prensa económica corporativa, ha apresurado sus explicaciones para encuadrar la carestía de la vida como un «shock externo impredecible» o una mera consecuencia del «exceso de gasto público», eximiendo de responsabilidad a la estructura de precios de monopolio y presentando al Estado como un espectador impotente frente a las fuerzas del mercado.
Sin embargo, desde la perspectiva de la crítica de la economía política, la inflación no es un fenómeno puramente monetario o técnico, sino un campo de batalla de la lucha de clases. La responsabilidad del gobierno en este escenario no radica en una supuesta «falta de rigor fiscal», como sostiene la derecha patronal, sino en su abierta renuncia a intervenir las estructuras oligopólicas de la distribución, el retail y la energía. Al subordinar la política económica al dogma de la «autonomía del Banco Central» y la contención salarial, la administración estatal actúa como garante de que el costo de la desvalorización de la moneda recaiga íntegramente sobre los hombros de la clase trabajadora.
En sus comunicados frente a las cifras, dirigentas sindicales y economistas críticos remarcaron que «mientras las familias obreras deben destinar una fracción cada vez mayor de sus ingresos a la compra de alimentos básicos y el pago de tarifas reguladas, las grandes cadenas de supermercados y las empresas de servicios mantienen utilidades récord basadas en la fijación unilateral de precios». Esta declaración desnudó la contradicción de fondo: la inflación funciona en la práctica como un impuesto regresivo no declarado que devalúa el salario real para proteger y expandir la tasa de ganancia del gran capital.
La respuesta de la institucionalidad burguesa —centrada en el incremento de la tasa de interés por parte del instituto emisor— profundizará la precarización al frenar el empleo y restringir el crédito popular, sin tocar un solo ápice de las ganancias corporativas. El desenlace de esta crisis económica confirma que la carestía no se resuelve con recetas de austeridad ni con apelar a la responsabilidad empresarial, sino mediante la organización de los trabajadores para exigir la congelación de precios de la canasta básica, la reajustabilidad automática de los salarios según el costo real de la vida y el fin de la especulación financiera con las necesidades del pueblo.