El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador suspendió este viernes por nueve meses al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), el partido que el correísmo había elegido como su vehículo para participar en las elecciones locales de noviembre. La medida, dictada por el juez Patricio Maldonado tras admitir una denuncia del fiscal general encargado por presunto lavado de activos, deja a la principal fuerza opositora del país sin una organización política habilitada para presentar candidatos a alcaldías y prefecturas. Es la segunda proscripción en menos de cuatro meses, después de que en marzo el propio TCE suspendiera a la Revolución Ciudadana (RC) del expresidente Rafael Correa por la misma razón. La clase trabajadora ecuatoriana asiste a un nuevo capítulo del lawfare: el poder judicial y el aparato electoral, controlados por las élites, utilizan la acusación de “lavado de activos” como un arma política para excluir a la única fuerza que representa los intereses de los de abajo, mientras los verdaderos dueños del capital siguen operando con total impunidad.
Por Equipo El Despertar
Quito. El viernes 17 de julio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador emitió una resolución que, en los hechos, consuma la proscripción electoral del correísmo. El juez Patricio Maldonado suspendió por nueve meses al movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), la organización que el correísmo había elegido como su vehículo electoral para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre. La medida, que consta en la causa número 110-2026-TCE, fue adoptada tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal subrogante Carlos Alarcón, sustentada en una investigación por presunto lavado de activos.
La decisión del TCE no solo deja al correísmo sin una plataforma electoral para las elecciones locales, sino que también inhabilita a sus principales figuras para competir en los comicios de noviembre. Entre los candidatos que habían sido postulados por el movimiento Amigo se encontraban el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la excandidata presidencial Luisa González, quien buscaba la Prefectura de la provincia de Manabí, uno de los bastiones correístas. La suspensión es, en los hechos, la condena política de la principal fuerza opositora al gobierno del presidente Daniel Noboa.
La lógica del lawfare: el “lavado de activos” como coartada
La suspensión del movimiento Amigo no es un hecho aislado, sino la segunda proscripción electoral del correísmo en menos de cuatro meses. El 13 de marzo, el TCE había suspendido por nueve meses a la Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa, en el marco de una investigación fiscal por presunto lavado de activos en el denominado caso “Caja Chica”.
La investigación, que se mantiene bajo reserva, indaga un supuesto esquema de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, donde dinero ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023. La Fiscalía menciona a ocho figuras vinculadas al correísmo, entre ellas la excandidata presidencial Luisa González. Pero lo que la prensa hegemónica presenta como una “investigación por lavado de activos” es, en realidad, la coartada perfecta para la proscripción política.
El juez Joaquín Viteri, quien admitió el pedido de la Fiscalía para suspender provisionalmente a la Revolución Ciudadana, reconoció que no pudo acceder a “elementos informativos” del caso debido a la reserva de la investigación. Es decir, la suspensión se dictó sin que el partido tuviera acceso a las pruebas en su contra, sin un debido proceso, sin la posibilidad de defenderse. La misma lógica se repitió con el movimiento Amigo.
La función de clase del lawfare
Desde una perspectiva marxista, la suspensión del movimiento Amigo no es un acto de justicia, sino la confirmación de la función de clase del aparato judicial y electoral en Ecuador. El “lavado de activos” se ha convertido en la herramienta favorita de las élites para desactivar a los movimientos populares que amenazan sus intereses. La misma acusación que hoy se utiliza contra el correísmo es la que se ha utilizado contra gobiernos progresistas en toda América Latina: desde Lula en Brasil hasta Cristina Fernández en Argentina, pasando por Rafael Correa en Ecuador.
El lawfare no es un error del sistema judicial, sino su característica central. Es el uso de la ley como arma de guerra política para criminalizar a los opositores y excluirlos de la competencia electoral. La suspensión del movimiento Amigo no es un acto de justicia, sino un golpe de Estado judicial que deja a millones de ecuatorianos sin representación política.
La hipocresía del “estado de derecho”
La paradoja es brutal. Mientras el TCE suspende al correísmo por presunto lavado de activos, los verdaderos responsables del lavado de dinero en Ecuador —los bancos, las empresas offshore, los paraísos fiscales— siguen operando con total impunidad. El mismo Estado que persigue al correísmo es el que ha permitido que los grandes capitales evadan impuestos, que los políticos de la derecha reciban financiamiento ilegal y que los jueces fallen a favor de sus amigos.
La suspensión del movimiento Amigo es la confirmación de que el “estado de derecho” en Ecuador es un estado de clase: la ley se aplica con saña a los de abajo y con benevolencia a los de arriba. Los mismos jueces que hoy suspenden al correísmo son los que mañana absolverán a los banqueros que lavan dinero en sus propias entidades.
El silencio cómplice de la comunidad internacional
La suspensión del movimiento Amigo ha sido recibida con un silencio casi total por parte de la comunidad internacional. Los mismos gobiernos y organismos que se llenan la boca con discursos sobre “democracia” y “estado de derecho” no han alzado la voz para denunciar la proscripción electoral del correísmo. La razón es simple: el correísmo es una fuerza progresista que desafía los intereses del capital y del imperialismo, y su exclusión de la competencia electoral es funcional a los intereses de la derecha.
La clase trabajadora de Ecuador debe entender que la suspensión del movimiento Amigo no es un acto aislado, sino parte de una ofensiva global contra los movimientos populares. El lawfare, las proscripciones electorales y la criminalización de la oposición son las herramientas que el capital utiliza para mantener su dominio. La única respuesta posible es la organización popular, la movilización y la construcción de un poder alternativo que no dependa de las instituciones del Estado burgués.
Epílogo: la resistencia del pueblo correísta
El correísmo, que gobierna varias de las principales alcaldías y prefecturas del país, no ha aceptado pasivamente la suspensión del movimiento Amigo. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, ha denunciado la proscripción: “La Revolución Ciudadana ni siquiera ha sido notificada de que está inmersa en una investigación judicial”, declaró en marzo, antes de la suspensión del Amigo.
La resistencia del pueblo correísta es una lección para la clase trabajadora de toda América Latina: el lawfare y la proscripción electoral no son el fin de la lucha, sino su nueva fase. La suspensión del movimiento Amigo no detendrá la movilización popular ni la organización de los de abajo. Mientras el Estado burgués utilice la ley como arma política, los pueblos seguirán levantándose en las calles, en las fábricas y en los territorios. La lucha por la justicia social y la democracia real no se gana en los tribunales del capital, sino en la conciencia de los que se niegan a ser excluidos.