Mientras un sistema frontal de características excepcionales golpea a 10 de las 16 regiones de Chile, dejando a su paso al menos 4 muertos, 516 damnificados, más de 5.600 viviendas dañadas y cerca de 400.000 hogares sin suministro eléctrico , el gobierno de José Antonio Kast despliega un operativo de “vocería” en terreno que busca ocultar, bajo el ropaje de la “emergencia”, la crónica falta de planificación, la precariedad de la infraestructura y la ausencia de una política de vivienda que proteja a los sectores más vulnerables. Mientras las lluvias son las más intensas registradas para un mes de julio en décadas , la administración de Kast insiste en desalojar campamentos en medio del temporal y promete fondos de emergencia que no existen, evidenciando que su verdadera prioridad no es salvar vidas, sino profundizar el ajuste fiscal y blindar los privilegios del capital.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El cielo se ha abierto sobre el centro-sur del país y la furia de la naturaleza ha expuesto, una vez más, las profundas grietas del modelo. El sistema frontal que afecta al país desde el miércoles ha sido calificado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) como “un tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico intenso y de características excepcionales, cuya intensidad y extensión lo sitúan entre los episodios más significativos registrados en los últimos años” .
Las cifras del caos son elocuentes. Según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se contabilizan 516 damnificados, 800 albergados, 1.181 personas aisladas y cuatro personas fallecidas . Los daños materiales superan las 5.600 viviendas con distintos niveles de afectación, incluyendo 16 casas completamente destruidas . En la Región de Valparaíso, una de las más golpeadas, se ha declarado alerta roja por el alto riesgo de aluviones y derrumbes .
Mientras la clase trabajadora enfrenta la inclemencia del tiempo sin una red de protección sólida, el Estado chileno se ha limitado a activar mecanismos administrativos que demuestran su falta de preparación.
La “emergencia” como escaparate político
El Presidente José Antonio Kast ha desplegado una intensa campaña de “vocería” en terreno, recorriendo las regiones del Biobío y el Maule y asumiendo personalmente la comunicación de la emergencia . La estrategia, según El Líbero, busca instalar la imagen de un “gobierno de emergencia” eficiente y presente . Sin embargo, detrás del despliegue mediático, la gestión de la crisis revela una improvisación que el propio mandatario ha intentado justificar apelando al aprendizaje de tragedias pasadas: “Chile ha ido aprendiendo, Chile ha ido a través de cada una de las tragedias mejorando su institucionalidad” . Esta afirmación, que pretende vender como virtud la capacidad de reacción tardía, es en realidad un reconocimiento de que el Estado ha llegado siempre después del desastre.
La medida estrella del gobierno ha sido la activación anticipada del 2% de los presupuestos regionales para emergencias, una herramienta que permite a los gobiernos regionales destinar hasta un 2% del presupuesto de inversión regional para enfrentar situaciones de emergencia en todas sus fases . Kast ha destacado que “se anticipó la posibilidad de usar los fondos de emergencia durante la emergencia, no post emergencia, como ocurría antes” . Sin embargo, este mecanismo no es más que un parche administrativo que demuestra que la planificación estatal sigue siendo reactiva, no preventiva. Como ha señalado el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la medida permite financiar acciones en “preparación, respuesta y post respuesta” , pero la realidad es que los recursos son insuficientes frente a la magnitud de los daños y la precariedad estructural de los asentamientos humanos en las zonas de riesgo.
El desalojo como política de Estado: la guerra contra los pobres
La contradicción más brutal de esta emergencia ha sido la decisión del gobierno de Kast de utilizar la crisis climática como excusa para intensificar los desalojos de campamentos en zonas de riesgo . El Presidente ha sido explícito: “Tenemos que sacar lecciones: hay lugares que no son habitables” . Y ha advertido que si las personas no abandonan voluntariamente los terrenos ocupados, “vamos a tener que tomar las medidas legales que correspondan para hacer desplazamiento de esas personas” .
La lógica de clase de esta decisión es inapelable: en lugar de ofrecer soluciones habitacionales estructurales a las familias que viven en campamentos, el gobierno de Kast opta por la fuerza y la criminalización de la pobreza. Mientras los sectores populares son expulsados de sus viviendas en medio de la tormenta, el Estado no presenta un plan de vivienda digna ni de reubicación definitiva. Por el contrario, Kast ha dejado claro que estos desalojos serán “de manera permanente” , y que “no podemos estar en una situación de ocupar y desocupar lugares que nunca debieron ser ocupados” .
La hipocresía alcanza niveles grotescos cuando se contrasta esta política con la ausencia de una verdadera política de vivienda social. Los campamentos son el resultado de décadas de un modelo económico que ha encarecido el suelo, precarizado el trabajo y expulsado a las familias de los centros urbanos. Sin embargo, el gobierno de Kast no propone una solución de fondo; propone el desalojo y la represión.
El costo de la improvisación: la infraestructura del abandono
La crisis también ha expuesto la fragilidad de la infraestructura pública, especialmente en el sector eléctrico, donde más de 300.000 clientes se han visto privados de suministro . Kast ha reconocido que “tenemos una afectación importante en el tema de cortes de suministro eléctrico, principalmente en la zona sur, dado las ráfagas de viento muy fuerte” . Pero el problema no es el viento; es la falta de inversión en una red eléctrica resiliente, la priorización de las ganancias de las empresas eléctricas sobre la seguridad de los usuarios y la ausencia de una planificación estatal que anticipe estos fenómenos.
Lo mismo ocurre con la infraestructura de vialidad y vivienda. Las viviendas destruidas y dañadas son el reflejo de un mercado inmobiliario que ha empujado a las familias a vivir en zonas de riesgo, sin acceso a una vivienda digna y segura. La responsabilidad es del Estado, que ha abandonado su rol de garante del derecho a la vivienda y ha dejado que el mercado dicte las reglas.
La prioridad del capital: el contraste con el proyecto de reconstrucción
El contraste entre la respuesta a la emergencia y el proyecto de “Reconstrucción Nacional” del gobierno de Kast es revelador. Mientras las familias damnificadas esperan ayuda precaria y desalojos, el Ejecutivo impulsa en el Congreso una “megarreforma” que reduce los impuestos a las grandes empresas y flexibiliza los derechos laborales . La misma administración que recorta el presupuesto de vivienda y salud es la que ahora promete “reconstruir” con los mismos recursos que ha negado sistemáticamente.
La clase trabajadora debe entender que la “reconstrucción” que ofrece Kast no es para reparar el daño causado por el temporal, sino para reconstruir las ganancias del capital. La rebaja de impuestos a las grandes empresas, la flexibilización de los permisos ambientales y la entrega de recursos a los grupos económicos son la verdadera agenda del gobierno de Kast. La emergencia climática es solo la coartada perfecta para profundizar el saqueo.
Epílogo: la tormenta perfecta del abandono
El sistema frontal que azota a Chile no es un fenómeno natural aislado. Es la tormenta perfecta de un modelo de desarrollo que ha priorizado la acumulación del capital por sobre la vida de las personas, que ha abandonado la planificación territorial y la inversión en infraestructura, y que ha dejado a los sectores más vulnerables a merced de la furia de la naturaleza.
El gobierno de Kast ha respondido a esta crisis con el mismo libreto de siempre: más represión para los pobres, más retórica para los medios y más recursos para los empresarios. Pero la clase trabajadora no debe dejarse engañar. Las lluvias pasarán, pero la precariedad, el abandono y la desigualdad persistirán mientras el Estado siga siendo un instrumento al servicio del capital.
La verdadera emergencia no es el sistema frontal; es la falta de un Estado que proteja a sus ciudadanos. Y esa emergencia no se resuelve con desalojos ni con fondos de emergencia mal gestionados. Se resuelve con una política de vivienda digna, con inversión en infraestructura resiliente, con planificación territorial y con justicia social. Pero ese camino es incompatible con el gobierno de Kast, que ha llegado al poder para defender los intereses del capital, no para proteger a los de abajo.