El sistema frontal que ha azotado a diez regiones del país dejó al menos cinco muertos —tres de ellos trabajadores en plena faena—, más de 33 mil personas aisladas, casi 17 mil viviendas dañadas y 1.950 damnificados que lo perdieron todo. Mientras los alcaldes exigen la declaración de Estado de Catástrofe y la liberación del 2% constitucional —un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares que ya está presupuestado—, el gobierno de José Antonio Kast se toma el tiempo para “evaluar”, priorizando el “orden fiscal” por sobre la urgencia de miles de familias que han quedado bajo el barro y la precariedad. El temporal no es un fenómeno natural que cae por igual: es un espejo de la desigualdad estructural que el capitalismo chileno ha construido durante décadas, donde los trabajadores viven en campamentos junto a ríos, los servicios básicos son un lujo y el Estado solo aparece cuando la tragedia ya es irreversible.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. Lo que la Dirección Meteorológica ya había anticipado con días de anticipación terminó convirtiéndose en una de las emergencias más severas de los últimos 20 años. El sistema frontal que comenzó el miércoles 16 de julio ha dejado una estela de destrucción que aún no termina de contabilizarse. Las cifras oficiales, siempre parciales y siempre a la baja, ya hablan de cinco fallecidos. Pero no son cinco nombres al azar. Son trabajadores: un contratista de la empresa CGE que se trasladaba para apoyar en la rehabilitación de personas electrodependientes cuando fue arrastrado por las aguas en Curepto; un hombre que realizaba labores de despeje en Negrete; otro que cayó del techo de su vivienda mientras intentaba repararla en plena emergencia. Son los trabajadores los que mueren, los que se juegan la vida, los que intentan sostener con sus manos lo que el sistema no ha querido construir con inversión pública.
La geografía de la precariedad: el Estado ausente
El temporal no es un fenómeno natural que golpea por igual. Como señala un análisis de El Ciudadano, “la lluvia también muestra lo que suele quedar fuera del balance oficial: campamentos en zonas de riesgo, servicios básicos frágiles y territorios obligados a enfrentar el temporal desde la precariedad”. En Talagante, más de 1.500 personas fueron evacuadas del campamento Ribera del Río. En Quilpué, poblaciones que aún no se recuperan del megaincendio de 2024 enfrentan ahora la amenaza de remoción en masa. En el Maule, el río Perquilauquén desbordó su cauce y las alertas SAE se multiplicaron durante la madrugada.
La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿por qué miles de familias viven en campamentos junto a ríos que se desbordan cada invierno? ¿Por qué los cortes de luz son la norma y no la excepción? ¿Por qué el Estado solo aparece cuando la tragedia ya es irreversible? La respuesta, incómoda pero necesaria, es que el capitalismo chileno ha construido su riqueza sobre la base de la precariedad de los de abajo. Las viviendas en zonas de riesgo son el reflejo de una política habitacional que nunca fue prioridad. Los cortes de luz que dejaron a más de 590 mil clientes sin suministro son el síntoma de un sistema eléctrico que privilegia las ganancias de las empresas por sobre la calidad del servicio. La precariedad no es un accidente; es la forma en que el capital administra la vida de los trabajadores.
La farsa del “orden fiscal”: el 2% que el gobierno no quiere soltar
Mientras las familias damnificadas esperan soluciones, el gobierno de Kast se toma el tiempo para “evaluar” si declara el Estado de Catástrofe. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, fue categórico al exigir la activación del 2% constitucional, un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares que la propia Ley de Presupuestos contempla para estas situaciones: “La situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe. Los vecinos de las regiones de Atacama y Coquimbo requieren soluciones hoy”.
El dinero existe. Está disponible. No requiere de nuevos impuestos ni de endeudamiento adicional. Y sin embargo, el gobierno de Kast se resiste a activarlo. La misma administración que encontró tiempo y recursos para impulsar una rebaja de impuestos a las grandes empresas que le costará al Fisco más de 4.000 millones de dólares anuales, y para aprobar un endeudamiento histórico sin titubear, ahora se toma el tiempo para decidir si ayuda a los damnificados. La hipocresía es brutal: cuando se trata de salvar bancos o dar rebajas tributarias a los grupos económicos, la plata aparece de inmediato; cuando se trata de reconstruir las viviendas de los pobres, la burocracia se convierte en un muro infranqueable.
El costo de la demora: los de abajo pagan dos veces
La demora del gobierno no es un error técnico, es la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. Mientras el Ejecutivo dilata la declaración de emergencia, las familias damnificadas ven cómo sus viviendas se destruyen, cómo sus enseres quedan sepultados bajo el barro, cómo su futuro se vuelve incierto. Alessandri lo expresó con claridad: “Han sido años difíciles para los chilenos, con una economía estancada y, además, enfrentando desastres naturales que golpean directamente el bolsillo de las familias”.
El temporal no es solo una tragedia climática; es también una tragedia económica para la clase trabajadora. Quienes pierden sus viviendas no tienen ahorros para reconstruirlas. Quienes quedan aislados no pueden llegar a sus trabajos. Quienes pierden sus enseres no tienen seguros que los cubran. El costo de la demora del gobierno no lo pagan los grupos económicos, lo pagan los de abajo, los que ya están al límite, los que no tienen red de protección.
Epílogo: la resistencia como única salida
El temporal ha dejado al descubierto la podredumbre de un sistema que abandona a los suyos en el momento de la emergencia. Mientras las familias damnificadas esperan soluciones, el dinero del 2% constitucional sigue congelado en las arcas del Estado. La clase trabajadora debe exigir que se active de inmediato el 2% constitucional y que los recursos lleguen a quienes los necesitan. Pero también debe entender que esta demora no es un accidente, sino la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba.
La respuesta al temporal no se resuelve con declaraciones ni con promesas. Se resuelve con políticas públicas que terminen con la precariedad habitacional, con inversión en infraestructura básica, con un Estado que esté presente antes de que la tragedia ocurra. Mientras el gobierno de Kast siga priorizando el “orden fiscal” por sobre la vida de los trabajadores, la clase trabajadora seguirá siendo la primera víctima de los desastres naturales y de la indiferencia de los que gobiernan. La lucha por una respuesta rápida y efectiva ante la catástrofe es parte de una lucha más amplia: la lucha por un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de las élites.