Mientras el Estado se limita a gestionar la tragedia con comunicados de prensa y evacuaciones de última hora, el norte de Chile se desmorona bajo el peso de un temporal que ya ha cobrado al menos una vida y ha forzado el traslado masivo de 540 reclusos. La Alerta Roja llegó cuando el agua ya arrastraba vehículos y familias enteras huían de sus hogares en Tocopilla. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora se muestra incapaz de garantizar la seguridad de los sectores populares ante una catástrofe anunciada.
Por Equipo El Despertar
El ritual de la impotencia: cuando la Alerta Roja llega tarde
La madrugada del martes 18 de agosto, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma por una condición sinóptica de baja segregada que prometía lluvias intensas en el litoral de la Región de Antofagasta. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) respondió declarando Alerta Roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla. Pero la declaración llegó cuando el agua ya había arrasado con todo a su paso.
En Tocopilla, la población Pacífico Norte fue testigo de un aluvión que arrastró vehículos y sembró el pánico entre los vecinos . Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a una familia presenciando el paso del siniestro mientras el barro y el agua se llevaban todo a su paso. El Senapred, como una máquina burocrática que se activa cuando ya es tarde, ordenó la evacuación de seis sectores: Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins.
El Estado que evacúa reos pero abandona a los de abajo
La prioridad del gobierno quedó clara cuando, en medio de la emergencia, se dispuso el traslado masivo de 540 internos del centro de detención penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta. La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, colaboró con algunos buses de traslado. Mientras los reclusos eran puestos a salvo, miles de familias quedaban a merced de la furia de la naturaleza, esperando que el Estado les tendiera una mano que nunca llegó.
El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se limitó a anunciar la suspensión de clases en cuatro regiones, la habilitación de albergues y el traslado de internos. Las palabras del ministro resumen la lógica de clase que gobierna al Estado chileno: mientras los recursos del Estado se movilizan para proteger a la población penal, los trabajadores y sus familias son abandonados a su suerte, con la única certeza de que, cuando el agua baje, las promesas de ayuda nunca llegarán.
La geografía del abandono: los socavones que el gobierno no ve
El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, pidió apoyo al Gobierno ante la crisis de los socavones que las lluvias han hecho aún más profundos. “Prácticamente ya no hay nailon en la región ni en otras regiones y necesitamos apoyo. Este socavón que está acá es la expresión de la lluvia”, declaró el edil. La declaración es una confesión involuntaria: el Estado no solo llega tarde a la emergencia, sino que ha estado ausente durante décadas, dejando que la precariedad se convierta en la norma para los sectores populares.
En Arica, las calles y casas anegadas fueron el saldo del primer día de lluvias intensas. El delegado presidencial, Cristián Sayes, confirmó la suspensión de clases hasta el miércoles y destacó el trabajo del Ejército. El Ejército, la última carta del Estado cuando todo lo demás ha fallado. La misma institución que durante décadas ha sido el brazo represivo del capital, ahora aparece como el “salvador” de los sectores populares, en una farsa que busca ocultar la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los de abajo.
La hipocresía de la “mano dura” climática
La crisis climática no es un fenómeno natural que cae por igual. Golpea con más fuerza a quienes ya viven en la precariedad. En Tocopilla, se estima que cayeron cerca de 8 milímetros en solo una hora, una cantidad significativa que no se veía desde 1991 . Pero mientras el norte se desangra bajo la lluvia, el gobierno de Kast sigue celebrando sus “éxitos legislativos” y regalando miles de millones a los grupos económicos.
La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora dice no tener recursos para proteger a los sectores populares de una catástrofe anunciada. La hipocresía es brutal: el Estado tiene plata para los de arriba, pero nunca para los de abajo.
La función de clase de la catástrofe
Desde una perspectiva marxista, la respuesta del gobierno de Kast ante el temporal no es un accidente, sino la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El capital no invierte en prevención porque la prevención no genera ganancias. El Estado no protege a los sectores populares porque los sectores populares no son prioridad para la clase dominante. La crisis climática no es un fenómeno natural, sino la manifestación de un modelo de desarrollo que ha precarizado la vida de las mayorías para enriquecer a una minoría.
La Alerta Roja llegó cuando el agua ya había arrastrado vehículos y familias enteras. La evacuación de los 540 reclusos fue prioritaria, mientras las familias de los barrios populares quedaron a merced de la furia de la naturaleza. El Estado llegó tarde, como siempre llega tarde cuando se trata de los de abajo.
Epílogo: la deuda del sistema con los de abajo
El temporal en el norte de Chile ha dejado al descubierto la podredumbre de un sistema que abandona a los suyos en el momento de la emergencia. Las más de 2.000 personas evacuadas, el fallecido en la Ruta 1, los socavones que se tragan las viviendas de Alto Hospicio, las calles anegadas de Arica: no son solo cifras, son la prueba de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba.
Mientras las familias damnificadas esperan soluciones que nunca llegan, el gobierno de Kast sigue celebrando sus “éxitos legislativos” y regalando miles de millones a los grupos económicos. La crisis climática no es un fenómeno natural, sino la manifestación de un modelo de desarrollo que ha precarizado la vida de las mayorías para enriquecer a una minoría. La clase trabajadora no debe dejarse engañar. La verdadera solución a la crisis climática no vendrá de un gobierno que llega siempre tarde, sino de la organización de los de abajo para construir un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician del abandono.