Una carabinera, un militar y al menos dos exoficiales de la PDI son parte de la larga lista de integrantes de las fuerzas de seguridad que han sido detenidos en los últimos meses por vender información a organizaciones narcos, traficar armas impresas en 3D y recibir pagos millonarios a cambio de alertar a los criminales sobre las órdenes de detención que pesaban en su contra. El caso más reciente —la “Operación 3D”, que dejó 58 personas imputadas y más de 70 armas incautadas— es la prueba más contundente de que el aparato represivo del Estado chileno no es un escudo contra el crimen organizado, sino una de sus principales puertas de entrada. Mientras el gobierno de José Antonio Kast se ufana de su “mano dura” y su “tolerancia cero”, sus propias filas se pudren desde dentro, y la clase trabajadora asiste a la confirmación de una verdad incómoda: el Estado de los patrones no puede combatir el crimen organizado porque, en los hechos, es parte de él.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. El 8 de agosto de 2026, el Juzgado de Garantía de Arica dictó sentencias condenatorias contra dos exoficiales de la Policía de Investigaciones (PDI) por su participación en una red de apoyo a una organización dedicada al tráfico de ketamina. La historia es tan simple como brutal: agentes del Estado que utilizaron sus claves institucionales para acceder al sistema informático BRAIN, consultar las órdenes de detención vigentes de los líderes de la banda conocida como “Los Kussy Boys”, y alertar a los narcos sobre la persecución penal en su contra.
El exsubcomisario Leoncio Fernando Oporto Duhart, entonces en servicio activo en la Brigada Investigadora de Robos Oriente (BIRO Oriente), fue condenado por asociación criminal, cohecho pasivo impropio, revelación de secreto, tenencia ilegal de partes de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones. Por sus gestiones, recibió depósitos que sumaron 2,2 millones de pesos en su cuenta bancaria personal. El comisario en retiro Claudio Rafael Solans Marchant, conocido en las comunicaciones internas de la banda como “Tío Rafa”, actuó como intermediario y poseía un listado de precios: el mínimo por obtener datos policiales era 300 mil pesos.
“Estamos hablando de una red que operaba desde el interior de la propia institución”, declaró el fiscal a cargo del caso. La declaración es una confesión involuntaria: el Estado chileno no es víctima de la corrupción; es su principal facilitador.
La “Operación 3D”: armas impresas, detectives cómplices y un ejército de 58 imputados
El caso de la “Operación 3D” es aún más revelador. La investigación, desarrollada por la PDI junto con la Fiscalía Supraterritorial, se encontraba activa desde 2024. El operativo terminó con 58 personas imputadas por su presunta participación en una red dedicada a fabricar y comercializar armas de fuego mediante impresoras tridimensionales. De ese total, 45 fueron capturadas durante los procedimientos realizados en diferentes puntos del país. Otros siete involucrados ya permanecían privados de libertad por delitos graves, entre ellos homicidios y secuestros.
La principal particularidad de la organización era el empleo de impresoras 3D para producir armas de fuego, cargadores, piezas y otros componentes elaborados con polímeros. Esta modalidad permitía fabricar partes del armamento fuera de los circuitos tradicionales de comercialización, dificultando su rastreo. Durante los procedimientos fueron decomisadas más de 70 armas de fuego, al menos 14 de ellas construidas mediante impresión tridimensional. Los equipos policiales también encontraron municiones, silenciadores, explosivos y diversos elementos utilizados para fabricar, modificar o aumentar la capacidad de las armas.
Entre los 58 detenidos aparecieron dos funcionarios uniformados implicados: una carabinera, por los delitos de cohecho y asociación criminal, y un funcionario del Ejército, por tráfico ilícito de armas y munición. La carabinera, según el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, “estaba proveyendo de información a esta estructura criminal” recibiendo dinero por parte de la banda. El funcionario del Ejército, por su parte, tenía un rol dentro de la organización como miembro comercializador.
El fiscal Orellana calificó el procedimiento como “sumamente novedoso”. Pero la novedad no radica en la tecnología, sino en la evidencia de que el crimen organizado ha logrado infiltrar las estructuras del Estado hasta sus niveles más profundos. Las diligencias se desplegaron en más de 12 regiones y requirieron la participación de más de un centenar de funcionarios de la PDI. La magnitud del procedimiento convirtió a la “Operación 3D” en uno de los casos más amplios investigados en Chile respecto del uso criminal de esta tecnología.
La función de clase de la podredumbre policial
Desde una perspectiva marxista, estos casos no son anomalías ni excesos individuales. Son la expresión de la lógica de clase que gobierna el Estado chileno. El aparato represivo del capital no es un escudo contra el crimen organizado; es una de sus principales puertas de entrada. Los mismos detectives que deberían perseguir a los narcotraficantes son los que les venden información, les alertan sobre las órdenes de detención y les facilitan el acceso al sistema judicial.
La “mano dura” que pregona el gobierno de Kast es, en este contexto, una cortina de humo. Mientras el Presidente se ufana de su “tolerancia cero”, los agentes del Estado que debieran aplicar esa política son los mismos que se benefician del crimen organizado. La corrupción no es un accidente; es la respuesta natural de un sistema que ofrece salarios de miseria a sus funcionarios y los somete a la tentación de vender sus servicios al mejor postor.
La clase trabajadora paga el costo de esta podredumbre en sangre y en dinero. El crimen organizado no se combate con discursos de “mano dura” ni con más policías; se combate con salarios dignos, con controles efectivos, con independencia judicial y con un Estado que no esté al servicio de los intereses de los grupos económicos. Pero el gobierno de Kast, como todo gobierno burgués, prefiere la ficción de la “mano dura” antes que la realidad de la reforma estructural.
Epílogo: el Estado de los patrones se pudre desde dentro
La detención de funcionarios de la PDI por su vinculación con el crimen organizado no es un hecho aislado. Es la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no es un instrumento de protección de la clase trabajadora, sino un mecanismo de dominación que, en su propio seno, reproduce las mismas lógicas de explotación y corrupción que dice combatir.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. La verdadera lucha contra el crimen organizado no pasa por más policías ni por más cárceles, sino por la construcción de un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician de la corrupción sistémica. Mientras el gobierno de Kast siga blindando a los suyos y recortando los recursos de las instituciones que deberían controlar el crimen, la podredumbre seguirá extendiéndose. Y los que pagarán el costo serán, una vez más, los de abajo.