La defensa de Luis Hermosilla reveló una lista de 28 nombres de magistrados y fiscales con los que el penalista mantenía conversaciones sobre nombramientos y causas judiciales, mientras nuevos chats filtrados muestran cómo Andrés Chadwick coordinaba con él la intervención en investigaciones que afectaban al gobierno de Sebastián Piñera. Entre los beneficiarios de esta red de influencias se encuentran los ministros de la Corte Suprema Mario Carroza, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco, así como las juezas Lilian Leyton e Isabel Zúñiga, quienes llegaron a sus cargos gracias a las gestiones del dúo. La Fiscalía ha incorporado más de 12 mil páginas de chats que evidencian un patrón sistemático de tráfico de influencias: el exministro del Interior recibía información sobre causas sensibles, autorizaba la intervención del abogado y este, a su vez, coordinaba con el exfiscal Manuel Guerra para direccionar investigaciones. Como escribió Karl Marx, “el poder del Estado es el poder de la clase dominante”. Y en Chile, esa clase ha utilizado el Poder Judicial como un botín, asegurando que sus designados respondan a los intereses del capital y no a la justicia.
“Basta que hables con Andrés Chadwick”: la red de nombramientos
Los chats entre el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y Luis Hermosilla revelan la mecánica de esta maquinaria de influencias. En uno de los mensajes, Ulloa le escribe al abogado: “Por favor ayuda a la Ana María te lo pido por favor, tu eres el único que puede revertir esto, basta con que hables con Andrés Chadwick para que él hable con el presidente, por favor Lucho, te lo pido por favor”. La frase resume la estructura de poder: Hermosilla era el operador, Chadwick el canal hacia la Presidencia de la República, y el Poder Judicial el destino final de las designaciones.
La investigación revela que el dúo logró colocar nombres de su confianza en los más altos tribunales. Según reveló The Clinic, Hermosilla y Chadwick operaban para instalar a Mario Carroza, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco en la Corte Suprema. Los chats muestran que ambos utilizaban su influencia para “tener fichas en las cortes que podían servir para zafar de causas judiciales”.
El caso Leyton: “íntegramente” gracias a Hermosilla
El caso de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Lilian Leyton, es uno de los más elocuentes de esta red de favores. Los chats muestran que Hermosilla comprometió gestiones ante personeros del segundo gobierno de Sebastián Piñera para respaldar su candidatura, con menciones directas a Chadwick y al exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia. Una vez concretado el nombramiento en 2019, Leyton le escribió al abogado que el cargo se lo debía “íntegramente”. La confesión es una prueba de que el acceso a la justicia no depende del mérito, sino de las conexiones políticas.
El patrón se repite con la jueza Isabel Zúñiga, quien fue nombrada titular del Primer Juzgado Civil de Santiago en 2018 gracias a las gestiones de Hermosilla. Según la investigación, en los chats aparecen referencias a 38 procesos de nombramiento y, de las 28 candidaturas respaldadas por ambos, al menos 17 terminaron obteniendo los cargos a los que postulaban. La estadística revela una red de captura del Estado: la élite jurídica se reproduce a sí misma, asegurando que quienes lleguen al poder judicial respondan a los mismos intereses que los colocaron allí.
“Bueno, ¿cuánto?”: el precio de la intervención
Más de 12 mil páginas de chats entre Hermosilla y Chadwick, recientemente incorporadas por la Fiscalía a la causa contra el exfiscal Manuel Guerra, evidencian que la red de influencias no se limitaba a los nombramientos, sino que se extendía a la dirección de investigaciones judiciales. En un intercambio de 2018, Hermosilla preguntó a Chadwick si debía hacer “algo” en relación con una noticia que complicaba a Santiago Valdés, exadministrador electoral de Piñera, vinculado al caso Penta. La respuesta del exministro fue lapidaria: “Bueno, ¿cuánto?”. Es decir, el precio de la intervención.
Chadwick respondió con un “ok” y luego: “Hablé. Me mandará un número”. El número era el del fiscal Manuel Guerra, quien estaba a cargo de la causa. El mismo día en que Guerra decidió no recurrir a la Corte Suprema para revertir el sobreseimiento de Valdés, le pidió trabajo a Hermosilla. Cuando se confirmó el sobreseimiento definitivo, Guerra escribió: “Es bueno ir saliendo de los cachos”. La secuencia es una confesión: el fiscal favorable al poder era recompensado con un puesto, y el imputado protegido salía libre.
La función de clase del Poder Judicial
Desde una perspectiva marxista, las revelaciones del caso Hermosilla no son una anomalía, sino la expresión de la naturaleza de clase del Estado. El Poder Judicial, lejos de ser un ente neutral, es un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. La red de influencias que Hermosilla y Chadwick construyeron no es un caso aislado de corrupción, sino el funcionamiento normal de un sistema donde el acceso a la justicia se compra y se vende, y donde los nombramientos judiciales responden a lealtades políticas y no a la idoneidad técnica.
Como escribió Antonio Gramsci, la hegemonía de la clase dominante se ejerce tanto por la coerción como por el consenso. En Chile, el consenso se construye a través de un Poder Judicial que legitima el orden existente. Pero cuando ese poder se revela como un mercado de influencias, el consenso se quiebra. La lista de los 28 nombres es la prueba de que la justicia no es un derecho, sino un privilegio que se otorga a quienes tienen acceso a los contactos adecuados.
Epílogo: el silencio cómplice del Estado
La Fiscalía ha incorporado los nuevos chats al expediente, pero Chadwick sigue sin ser formalizado. La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿por qué el aparato persecutor del Estado, que se ensaña con los manifestantes y los pobres, aplica una vara distinta cuando se trata de proteger a los suyos? La respuesta es evidente: la justicia en Chile es un lujo para los ricos y un castigo para los pobres.
Como escribió Rosa Luxemburgo, “la libertad solo para los partidarios del gobierno no es libertad”. Hoy, esa misma lógica se aplica a la justicia. La lista de Hermosilla es la confirmación de que el Poder Judicial chileno no es un guardián de la ley, sino un botín que la clase dominante se reparte entre sus aliados. Mientras los jueces y fiscales de la lista sigan en sus cargos, la impunidad seguirá siendo la regla. Y la clase trabajadora seguirá esperando una justicia que nunca llegará.