Un duro revés sufrió la estrategia punitiva del Ministerio Público luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la prisión preventiva dictada contra imputados en el denominado caso «Imperio Ámsterdam», al desestimar la falta de antecedentes probatorios suficientes para justificar la medida más gravosa de la justicia burguesa.
Por Equipo El Despertar
El aparato judicial y persecutor de la burguesía ha sufrido un nuevo estrago en su intento por legitimar el populismo penal. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó las exigencias del Ministerio Público y revocó la prisión preventiva decretada inicialmente contra imputados de la llamada «Operación Imperio Ámsterdam», dejando al descubierto cómo el Estado utiliza la prisión preventiva no como una medida cautelar excepcional, sino como una pena anticipada de carácter disciplinario y punitivo.
Frente al revés procesal, el tribunal de alzada determinó que el órgano fiscalizador “no presentó elementos de entidad tal que permitan concluir que la prisión preventiva sea la única medida indispensable para asegurar los fines del procedimiento”, confirmando cautelares de menor intensidad —como el arresto domiciliario y arraigo nacional— para encarar el proceso en libertad. El fallo expone la marcada tendencia de las fiscalías a operar mediante la magnificación mediatizada de causas para construir narrativas de «guerra contra el crimen», sustituyendo el rigor probatorio por el espectáculo punitivo.
Desde una lectura dialéctica y sociológica de la estructura penal, el uso desmedido de la carcelería preventiva por parte del ente persecutor responde a la función ideológica del aparato represivo de Estado: administrar el control social e infundir una falsa sensación de seguridad ciudadana mediante el encarcelamiento sistemático, al tiempo que se encubren las causas estructurales y socioeconómicas del delito. La pretensión de encarcelar en masa sin fundamentación técnica adecuada no es un mero “error procedimental”, sino la expresión de una lógica estatal punitiva orientada a la criminalización acelerada y la saturación del sistema penitenciario con fines político-comunicacionales.
La decisión judicial desnuda además los vicios de origen en las megacausas armadas desde la espectacularidad policiaca. Como señalara el jurista y sociólogo del derecho italiano Massimo Pavarini al analizar el control penal en el capitalismo contemporáneo: «El derecho penal no busca solucionar los conflictos sociales, sino disciplinar y contener las contradicciones de clase a través de la violencia legítima del Estado».
El desplome de las medidas maximalistas en el caso «Imperio Ámsterdam» reafirma que, cuando la retórica punitivista se enfrenta a los márgenes mínimos del debido proceso y la presunción de inocencia, las construcciones mediático-fiscales se develan en su verdadera naturaleza: mecanismos de control ideológico y propaganda represiva que no resuelven la crisis de fondo de la justicia burguesa.