El Pleno de la Corte Suprema resolvió este viernes, en votación dividida, la remoción de 11 jueces que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, en el marco del escándalo más grave que ha golpeado al Poder Judicial desde el retorno a la democracia. La medida, presentada como un acto de “integridad institucional”, es la válvula de escape de una crisis que no se resuelve con la expulsión de los eslabones más débiles: mientras los magistrados de base son sacrificados en el altar de la “probidad”, los ministros de la Corte Suprema vinculados al caso Hermosilla —Vivanco, Muñoz, Simpertigue, Ulloa— han sido destituidos o investigados, pero la estructura de poder que permitió la corrupción de cuello y corbata sigue intacta. La clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la justicia de clase: los de abajo pagan con sus cargos, los de arriba negocian con sus redes.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, compareció este viernes ante los medios para anunciar lo que calificó como un hito en la historia del Poder Judicial: la remoción de 11 jueces que, según el artículo 80 de la Constitución, “no mantuvieron el buen comportamiento” que exige el ejercicio del cargo. “El pleno resolvió remover, en votación dividida, a 11 integrantes de la judicatura”, declaró Chevesich, acompañada de la solemnidad que exigen las circunstancias. Y añadió un dato que revela la magnitud de la purga: “Se rechazó la remoción de 26 miembros de la judicatura”, por falta de quórum, por decisión de la mayoría o por empate en la votación.
La cifra es elocuente. De los 58 cuadernos de remoción abiertos originalmente, la Corte Suprema solo logró revisar 45. Los 13 restantes quedaron suspendidos por requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional por los propios jueces acusados. Entre ellos, el más bullado es el del juez Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien logró frenar su proceso en dos ocasiones. El resultado final: 11 removidos, 26 absueltos por sus pares, y un puñado de casos que permanecen en el limbo jurídico.
El origen del escándalo se remonta a mayo de 2025, cuando el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, abrió un sumario contra más de seis mil funcionarios públicos por mal uso de licencias médicas. La Contraloría General de la República había cruzado los datos de salidas internacionales registradas por la PDI con las licencias médicas otorgadas entre 2023 y 2024, y el resultado fue demoledor: 25.000 funcionarios viajaron al extranjero mientras se encontraban de baja. La investigación se extendió a Carabineros, las Fuerzas Armadas y, finalmente, al Poder Judicial, donde 58 jueces quedaron bajo la lupa.
La justicia de clase en su máxima expresión
La paradoja es brutal. La misma Corte Suprema que este viernes removía a 11 jueces de base por viajar con licencia médica es la que, durante años, protegió a los ministros de su propio seno que vendían fallos, traficaban con nombramientos y se reunían con abogados corruptos para conspirar contra la independencia judicial. La crisis del Poder Judicial no comenzó con los viajes con licencia; comenzó cuando el caso Hermosilla destapó que la cúpula del sistema judicial operaba como una red de favores y contraprestaciones.
Los nombres son conocidos. Ángela Vivanco fue removida de la Corte Suprema a fines de 2024 y hoy enfrenta prisión preventiva por supuestos delitos de cohecho y lavado de activos. Sergio Muñoz fue destituido por presuntas irregularidades en la tramitación de causas. Diego Simpertigue debió transparentar sus vínculos con los abogados Lagos y Vargas, según reveló la propia Chevesich. Antonio Ulloa tenía una “camarilla” con una suerte de “agencia de nombramientos judiciales” junto a Luis Hermosilla, el abogado que hoy cumple prisión preventiva por el caso Audios. La propia Chevesich lo describió así en enero de 2026: “Una suerte de agencia de nombramientos judiciales”.
Esos son los verdaderos escándalos. Esos son los casos que remecen los cimientos del Poder Judicial. Y sin embargo, la Corte Suprema ha dedicado meses a revisar cuadernos de remoción por viajes con licencia médica, mientras los casos de corrupción de cuello y corbata se tramitan a cuentagotas en los tribunales. La justicia de clase no es un accidente; es una elección política. Los de abajo, los jueces de base, los funcionarios públicos, los trabajadores de la salud que viajaron con licencia médica son perseguidos con saña. Los de arriba, los ministros que vendieron la independencia judicial, negocian con sus redes y siguen cobrando sus sueldos millonarios.
La “camarilla” que la propia Corte Suprema reconoce
La presidenta Chevesich, en una entrevista con CIPER en enero de 2026, reconoció la existencia de una “camarilla” en el Poder Judicial. “El exjuez Antonio Ulloa tenía una ‘camarilla’, con una suerte de ‘agencia’ de nombramientos judiciales, junto a Luis Hermosilla”, declaró. Y añadió: “Diego Simpertigue debió transparentar su vínculo con los abogados Lagos y Vargas”. Y sobre Ángela Vivanco: “Cuando dio una entrevista sobre los excedentes de las isapres, sostuvo ante sus pares que eso podía constituir prevaricación”.
Estas declaraciones no son un ajuste de cuentas personal. Son la confesión de que la corrupción en el Poder Judicial no es un problema de “manzanas podridas”, sino de un árbol que está podrido desde la raíz. La propia Chevesich ha admitido que el Poder Judicial enfrenta “la peor crisis desde el retorno a la democracia” y que cinco magistrados —tres de la Suprema y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago— han sido removidos por faltas a la probidad desde octubre de 2024.
Sin embargo, la respuesta institucional ha sido la de siempre: sacrificar a los eslabones más débiles para salvar la estructura. Los 11 jueces removidos por viajar con licencia médica son el chivo expiatorio que permite a la Corte Suprema presentarse como un órgano que “hace algo” frente a la corrupción. Mientras tanto, los casos de Vivanco, Muñoz, Simpertigue y Ulloa siguen su curso en tribunales, con plazos que se extienden, recursos que se multiplican y condenas que no llegan.
La función de clase de la “probidad”
Desde una perspectiva marxista, la remoción de los 11 jueces no es un acto de justicia, sino una operación de contención de daños. La Corte Suprema necesita mostrar que es capaz de “autorregularse” para evitar que el Congreso o el Ejecutivo intervengan en el Poder Judicial. Necesita demostrar que puede “limpiar” sus filas sin que se toque la estructura de poder que permite la corrupción de cuello y corbata. Y necesita, sobre todo, desviar la atención de los casos que realmente amenazan la legitimidad del sistema.
La clase dominante no necesita jueces honestos; necesita jueces leales. La remoción de los 11 jueces por viajar con licencia médica es la prueba de que el sistema puede sacrificar a sus piezas más débiles para preservar a las más poderosas. Mientras los de abajo son expulsados por faltas administrativas, los de arriba —los que vendieron fallos, los que traficaron con nombramientos, los que se reunieron con Hermosilla para conspirar— siguen protegidos por un entramado de complicidades que la propia Corte Suprema ha reconocido pero no ha desmantelado.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “purga”. La verdadera lucha no es contra los jueces que viajaron con licencia médica, sino contra un sistema que blinda a los poderosos y criminaliza a los de abajo. Mientras la Corte Suprema remueve a 11 jueces de base, los ministros que vendieron la independencia judicial siguen cobrando sus sueldos y disfrutando de sus privilegios. Esa es la justicia de clase. Y la historia, como siempre, la escribirán los que resisten.