Doce países, entre ellos Reino Unido, Francia, Canadá, España e Irlanda, anunciaron esta semana su intención de prohibir la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania. La medida llega con años de retraso, después de que la Unión Europea fracasara una y otra vez en aprobar sanciones vinculantes, y apenas afecta al 5% del comercio israelí con el bloque. Mientras los gobiernos europeos se felicitan por su “valentía”, Israel responde cerrando el consulado británico en Jerusalén y expulsando diplomáticos, y la clase trabajadora palestina sigue esperando una justicia que nunca llega. La limosna del imperio no detiene el genocidio: lo maquilla.
Por Equipo El Despertar
Londres / Bruselas. La escena tiene la coreografía de una obra de teatro que se ha representado demasiadas veces. El martes 8 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, subió a la tribuna de la Cámara de los Comunes para anunciar que el Reino Unido prohibirá la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania. “Puedo anunciar hoy que vamos a instaurar una prohibición de importación de productos procedentes de asentamientos ilegales situados en los territorios ocupados”, declaró. Y añadió, en un gesto inusual para un político occidental, que el gobierno israelí está haciendo “la vista gorda” ante la “limpieza étnica” perpetrada por los colonos en Cisjordania.
Ese mismo día, Francia y Canadá se sumaron al anuncio. Doce países en total —Reino Unido, Francia, Canadá, España, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia— firmaron una declaración conjunta en la que confirmaron “su intención de imponer restricciones nacionales al comercio de bienes con asentamientos ilegales conforme al Derecho Internacional”. La declaración llegó acompañada de una condena a la expansión de los asentamientos, que “pone en peligro la posibilidad de una solución de dos Estados”.
Israel respondió de inmediato. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén Este, el retiro del personal británico del Centro de Coordinación Cívico-Militar liderado por Estados Unidos en Gaza y la prohibición de entrada a 12 funcionarios británicos. “La medida británica está moralmente distorsionada y constituye una injerencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral”, declaró Sa’ar, quien calificó las acusaciones de “limpieza étnica” como “mentiras indignantes”.
La sanciones que no son sanciones: el arte de no hacer nada
La primera operación de maquillaje es la más evidente: las sanciones no son sanciones. Apenas el 5% del comercio israelí con la Unión Europea proviene de los asentamientos, según cifras citadas por Haaretz. Y la UE, como bloque, no ha aprobado ninguna prohibición general de importaciones provenientes de las colonias ilegales. Las medidas anunciadas por los doce países son nacionales, voluntarias y fragmentadas. No hay una decisión vinculante de Bruselas. No hay suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel —el principal socio comercial del bloque, que representa casi el 32% de todo su comercio de bienes.
No es casualidad. La propia Comisión Europea, capitaneada por la alemana Ursula von der Leyen, ha sido señalada desde el inicio del genocidio en Gaza por “sus reticencias a dar pasos que contraríen a Israel” y ha “arrastrado los pies a la hora de lanzar medidas”. En julio, presentó a los Veintisiete tres “opciones” para restringir el comercio con los asentamientos, pero la Comisión abrió la caja de Pandora al sugerir que podrían requerir unanimidad, un mecanismo que se considera “prácticamente imposible” en una UE donde Alemania, Austria, República Checa y Hungría rechazan cualquier castigo a Israel. Los Estados miembros no han sido capaces “siquiera de dar el primer paso y elegir una de las alternativas u opciones propuestas por Bruselas, pese a que para ello solo se requería una mayoría simple de 14 países”, admitió la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas.
La conclusión es brutal: Europa no necesita consenso para actuar. Tiene las herramientas. Simplemente no quiere usarlas. Como señaló un análisis del European Council on Foreign Relations, “Europa posee las herramientas políticas y económicas necesarias para actuar contra la expansión de los asentamientos israelíes. Pero debe utilizarlas con rapidez, o corre el riesgo de que un Estado palestino independiente y viable desaparezca por completo”.
La complicidad del silencio: años de genocidio y cero consecuencias
La segunda operación de maquillaje es la amnesia selectiva. Las sanciones anunciadas esta semana llegan después de más de 70.000 palestinos asesinados en Gaza, de los cuales al menos 20.000 son niños. Llegan después de que Israel abriera licitaciones para 1.234 nuevas viviendas en el proyecto de asentamiento E1, que aislaría Jerusalén Este del resto de Cisjordania y haría imposible la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. Llegan después de años de violencia impune de los colonos, que atacan aldeas palestinas casi a diario “con resultados mortales”.
Y llegan, sobre todo, después de que Europa —el mayor socio comercial de Israel— siguiera comprando productos de las colonias sin aranceles. “Los productos originarios de las colonias siguen entrando en los mercados europeos sin aranceles, desde cítricos y tahini a dátiles”, reconoce El País. Las exportaciones agrícolas de los asentamientos —dátiles Medjool, mangos, aguacates, uvas, hierbas frescas, vinos kosher, aceite de oliva— han seguido fluyendo hacia Europa durante todo el genocidio. Las empresas que se benefician de la ocupación —Hadiklaim, Field Produce Marketing, Agrexco Carmel— siguen colocando sus productos en los supermercados europeos.
Mientras Europa debatía si prohibir o no la importación de dátiles de los asentamientos, seguía vendiendo armas a Israel. España, que fue uno de los primeros países en prohibir los productos de las colonias, impuso un embargo de armas “de alcance limitado” que no cubre el comercio de componentes críticos. El Reino Unido sigue siendo un actor clave en la guerra, con bombarderos estadounidenses despegando de bases británicas para atacar Irán. La “valentía” europea es una valentía de salón: se atreve a prohibir el tahini de las colonias, pero no a dejar de vender componentes para los aviones que bombardean Gaza.
La función de clase de la limosna imperial
Desde una perspectiva marxista, las sanciones europeas no son un acto de justicia, sino un mecanismo de contención de daños. La burguesía europea necesita salvar la cara ante la opinión pública —cada vez más indignada con el genocidio— sin tocar los intereses materiales que la vinculan al colonialismo sionista. Las sanciones son la limosna que el imperio arroja al pueblo palestino para que no siga reclamando justicia.
La paradoja es brutal. La misma Europa que tardó años en prohibir la importación de dátiles de los asentamientos fue capaz de imponer sanciones masivas a Rusia en cuestión de días tras la invasión de Ucrania. “Desde Bruselas, Albares insta a seguir buscando vías para presionar a Israel, igual que se ha hecho desde el primer momento con Rusia por su ofensiva en Ucrania”, señala El País. La comparación es demoledora: cuando el agresor es un enemigo del imperio, las sanciones son inmediatas y contundentes. Cuando el agresor es un aliado, las sanciones son tardías, fragmentadas y simbólicas.
La razón es simple: Israel no es solo un aliado estratégico de Europa en Oriente Medio. Es un socio comercial, un proveedor de tecnología de vigilancia, un laboratorio de pruebas para las armas que las empresas europeas venden a todo el mundo. Las colonias israelíes en Cisjordania no son un obstáculo para el comercio europeo; son parte de su cadena de suministro. Prohibir los productos de los asentamientos es una medida que no afecta significativamente las ganancias del capital europeo, pero que permite presentarse como un actor “ético” ante una opinión pública que exige algún tipo de respuesta al genocidio.