La revelación de una red clandestina de secuestros extorsivos y cobros ilegales operada por funcionarios de la Policía de Investigaciones junto a exfiscales y operadores del capital privado derrumba la mitología burguesa sobre la “reserva moral” de las policías y expone la mercantilización del monopolio de la fuerza.
Por Equipo El Despertar
El estallido de la causa penal que involucra a múltiples funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) —pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y otras dependencias— en tramas de secuestros extorsivos, cobranzas ilegales a comerciantes extranjeros y filtraciones de sistemas de inteligencia, constituye un duro golpe a la superestructura ideológica del orden capitalista. Frente al fenómeno, la prensa hegemónica despliega de inmediato su acostumbrada retórica de contención: presentar la crisis como el comportamiento de “manzanas podridas” o “desviaciones individuales” que la propia institución logra apartar mediante sumarios y desvinculaciones sumarias.
Sin embargo, desde una lectura dialéctica y materialista, la existencia de una “cuadrilla de policías” dedicada a montar falsos operativos, arrendar recintos de detención clandestinos y extorsionar a particulares no es un accidente procedimental, sino la consecuencia lógica de la mercantilización de la violencia estatal. Cuando el Estado burgués consagra la doctrina del populismo penal y la histeria securitaria para disciplinar el territorio, confiere a los aparatos represivos una cuota de poder impune que inevitablemente se traduce en acumulación privada. Los agentes del orden, educados en la defensa irrestricta de la propiedad burguesa y el desprecio por las clases subalternas, instrumentalizan sus placas, vehículos e inteligencia institucional como insumos de mercado para el crimen organizado.
La imbricación procesal que salpica a exoperadores del Ministerio Público, asesores financieros de la élite e incluso allegados a figuras de la política tradicional demuestra la naturaleza de clase de esta delincuencia de cuello blanco y uniforme. La fuerza pública deja de ser el guardián abstracto de la “paz social” para operar como un sicariato tarifado al servicio de disputas entre fracciones del capital y redes de cobro. Como explicaba Vladimir Lenin al analizar las contradicciones del Estado burgués: «Los cuerpos armados de hombres no son más que un instrumento de dominación que busca salvaguardar los intereses del gran capital, volviéndose por su propia lógica interna parasitarios y corrosivos contra la propia sociedad que pretenden regular».
El repliegue defensivo de la alta dirección policial, que busca desmarcar a la institución y negarse a que los detectives encarcelados cumplan prisión preventiva en cuarteles para atenuar el costo político, devela el pánico a la pérdida de hegemonía ideológica. Pretender que la crisis se resuelve mediante el mero recambio de nombres o el endurecimiento de auditorías internas es encubrir la contradicción de fondo. La descomposición en las filas de la PDI confirma que, bajo el capitalismo, los cuerpos de represión estatal no son la solución al crimen ni a la inseguridad, sino una de las fuentes primarias de violencia, corrupción e impunidad estructural.