Horas antes de que la Cámara de Diputados despachara el corazón de su proyecto estrella, la oposición presentó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los aspectos más lesivos de la llamada Ley de Reconstrucción Nacional. Las acciones, una de la Cámara Baja y dos del Senado, apuntan a dos pilares de la reforma: la invariabilidad tributaria, que congela los impuestos a las grandes inversiones por hasta 20 años, y un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación de permisos ambientales. Mientras el oficialismo celebra haber salvado el “corazón” económico del proyecto, la oposición denuncia que el Estado dejará de recibir más de 4.000 millones de dólares anuales para financiar un blindaje que hipoteca la democracia y la soberanía nacional en favor del gran capital. La clase trabajadora asiste al último round de una pelea donde los de arriba se disputan el control del Estado, mientras los de abajo pagan el costo de un proyecto que recorta derechos y entrega el país a las transnacionales.
Por Equipo El Despertar
La ofensiva final: los tres frentes contra el blindaje del capital
El martes 21 de julio, mientras la Cámara de Diputados discutía el último trámite de la llamada “megarreforma”, la oposición activó su carta más esperada. Con el proyecto ya prácticamente despachado, los parlamentarios del PS, PPD, PC, FA, DC y PL ingresaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar las normas que consideran más lesivas para la soberanía nacional y el bienestar popular.
El primer requerimiento, presentado por 21 senadores de oposición, apunta al corazón de la reforma: la invariabilidad tributaria. El artículo 29 del proyecto establece que las grandes inversiones —desde los 50 millones de dólares— quedarán blindadas por 10, 15 o 20 años sin que ningún gobierno futuro pueda modificarles las condiciones impositivas. Los senadores argumentan que esta medida “vulnera el principio mayoritario y de alternancia en el poder, que constituyen la democracia”, y advierten que “una ley tributaria que no puede alterarse por decenios es incompatible con una república democrática”.
El segundo requerimiento, también del Senado, impugna el artículo 38 del proyecto, que instaura un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). En otras palabras: si un tribunal frena un proyecto contaminante, el Estado deberá pagarle una compensación millonaria a la empresa afectada.
El tercer requerimiento, presentado por diputados de oposición, complementa los dos anteriores y refuerza la impugnación de la invariabilidad tributaria, señalando que el blindaje fiscal “es contrario con el carácter de Chile como una república democrática”.
En total, 12 artículos del proyecto fueron objeto de reserva de constitucionalidad.
La lógica de clase de la megarreforma: 4.000 millones de dólares para los de arriba
La ofensiva de la oposición no es un capricho técnico. Es el intento desesperado de frenar una reforma que, bajo el manto de la “reconstrucción”, entrega el país al capital transnacional. El proyecto reduce el impuesto corporativo del 27% al 23%, facilita la repatriación de capitales, exime del pago de contribuciones a los mayores de 65 años —incluso si poseen mansiones de lujo— y limita el derecho de las comunidades a defender sus territorios.
La senadora socialista Paulina Vodanovic, integrante de la Comisión de Hacienda, fue lapidaria: la invariabilidad tributaria “impediría enfrentar catástrofes como la que vive ahora el país con el sistema frontal”. La diputada comunista Daniela Serrano, jefa de la bancada del PC, señaló que “no vamos a dejar pasar una reforma que busca amarrar por décadas decisiones que hipotecan el futuro”.
La hipocresía es monumental. Mientras el gobierno de Kast utiliza la emergencia climática para justificar su agenda de ajuste, la misma administración impulsa una reforma que congela los impuestos a las grandes empresas por 20 años, impidiendo que el Estado pueda responder a futuras crisis. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el biministro Claudio Alvarado, insistieron en que la votación debía cerrarse “hoy”, en medio de una catástrofe ambiental que ya deja 10 muertos y afecta a 10 regiones.
El papel del PDG: la bisagra que blindó el “corazón” de la reforma
El oficialismo logró aprobar casi íntegramente el proyecto gracias a los votos decisivos del Partido de la Gente (PDG). La única disposición rechazada fue el mecanismo para compensar al Fondo Común Municipal por la exención de contribuciones a los adultos mayores. El resto del proyecto —incluidas la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, los incentivos al empleo y la invariabilidad para las inversiones— superó el tercer trámite constitucional.
La diputada Daniela Serrano fue categórica al emplazar al gobierno por querer “salvarle el bolsillo a quienes más tienen, y no a las personas que en estos momentos la están pasando mal”. El presidente del PPD, Raúl Soto, apuntó que el proyecto se sostiene sobre una “premisa de irresponsabilidad fiscal” y cuestionó que garantice crecimiento económico, inversión y empleo.
Epílogo: la democracia como rehén del capital
La decisión del TC será crucial. Si el tribunal acoge los requerimientos, la megarreforma podría sufrir un revés de proporciones. Si los rechaza, el gobierno de Kast habrá logrado su objetivo: blindar el modelo económico por décadas, a costa del Estado social y de la soberanía nacional.
La clase trabajadora debe leer esta batalla con otros ojos. No se trata de una disputa técnica entre parlamentarios, sino de la confrontación entre dos proyectos de país. Uno, el de Kast y sus aliados del PDG, que entrega los recursos del Estado al capital transnacional y flexibiliza los derechos laborales y ambientales. Otro, el de la oposición, que busca frenar el desmantelamiento del Estado social y defender la capacidad del pueblo para decidir su futuro.
La invariabilidad tributaria y el “seguro ambiental” son las herramientas mediante las cuales el capital se asegura de que ningún gobierno futuro pueda modificar las reglas del juego. Es la consolidación de la dictadura del mercado, disfrazada de “certeza jurídica”. Como advirtió la oposición, “en sus manos está el destino de nuestra democracia”. La clase trabajadora debe estar atenta: la batalla por la megarreforma es la batalla por el control del Estado. Y esa batalla no se gana solo en los tribunales, sino en las calles, en los barrios y en la conciencia de los que se niegan a ser excluidos.