El fuego cruzado entre las bancadas conservadoras y la administración presidencial a raíz de la constante rotación de seremis y subsecretarios no expresa un “afán de transparencia”, sino la pugna por el control del aparato estatal y el reparto de la renta pública entre las distintas fracciones del capital.
Por Equipo El Despertar
La cascada de dimisiones y remociones que ha sacudido al gabinete regional y central del presidente José Antonio Kast ha desatado una ofensiva implacable desde los propios sectores de la derecha tradicional y el empresariado patronal. Presentada por los grandes conglomerados mediáticos y las cúpulas parlamentarias como una demostración de “incompetencia de gestión”, “falta de prolijidad técnica” o una “crisis de gobernabilidad”, la retórica hegemónica busca instalar la idea de que el problema reside en la incapacidad individual de los funcionarios salientes o en errores de diseño comunicacional del Ejecutivo.
La tensión alcanzó un nuevo pico tras las declaraciones de la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, quien emplazó públicamente a La Moneda señalando que el desfile de salidas en las seremías regionales “ya deja de ser un problema de instalación y pasa a ser un problema de gestión”. Lejos de representar un genuino afán de probidad o eficiencia técnica, la intervención de la timonel de RN expone el descontento de la derecha tradicional ante el monopolio que la cúpula republicana ejerce sobre las parcelas del poder público. La exigencia de “celeridad” en los despidos y ajustes de gabinete opera como una abierta presión institucional para forzar la redistribución de los cargos burocráticos y acomodar a los operadores de los partidos tradicionales dentro del mapa presupuestario regional.
Desde una lectura dialéctica y materialista de la coyuntura, este reguero de renuncias y el consecuente reclamo del latifundio político no representan un mero desajuste administrativo, sino el síntoma de la abierta disputa de clase e interburguesa por la hegemonía del aparato de Estado. Tras la fachada de la “disciplina republicana”, las facciones del gran capital —desde los grupos agroexportadores y financieros hasta el capital transnacional— presionan para posicionar a sus propios representantes en las carteras de decisión estratégica, utilizando la inestabilidad de los cuadros gubernamentales como chantaje para torcer la línea de las políticas tributarias, laborales y extractivas a su favor.
La fragilidad de los altos mandos burocráticos expone además la bancarrota ideológica del programa autoritario-neoliberal. Al pretender administrar el Estado bajo la lógica del “directorio de empresa” y el ajuste fiscal permanente, la administración gubernamental entra en contradicción con sus propios cuadros técnicos, desnudando la imposibilidad de armonizar la voracidad de la tasa de ganancia patronal con la mínima contención del conflicto social. Como advertía el teórico e intelectual marxista Nicos Poulantzas al desmitificar las pugnas al interior del poder público: «El Estado no es un bloque monolítico, sino la condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase; las crisis de gabinete y la inestabilidad burocrática reflejan las fracturas internas del bloque en el poder por la distribución del dominio político y económico».
Pretender que la solución a este escenario de desarticulación institucional pasa por “hacer un ajuste de gabinete negociado” con la derecha parlamentaria es perpetuar el engaño ideológico que despolitiza la crisis. Para la clase trabajadora y los sectores populares, las pugnas entre el gobierno de Kast y sus socios de la derecha tradicional por “problemas de gestión” no representan una alternativa real de transformación: son la disputa entre dos sectores de la burguesía por determinar quién administra el garrote represivo y quién captura los recursos del presupuesto público. Romper con esta trampa exige construir una alternativa propia, independiente de las disputas de la élite y orientada a la conquista de la verdadera soberanía popular.