La escalada en el precio de las bencinas y el diésel vuelve a drenar los ingresos de las familias trabajadoras, mientras el Ejecutivo se parapeta en la “libertad de mercado” para proteger las rentas extraordinarias de los monopolios de la distribución.
Por Equipo El Despertar
Las usinas de opinión hegemónicas y la prensa al servicio del capital han reaccionado al nuevo incremento en los precios de los combustibles catalogándolo como una consecuencia “inevitable” del escenario geopolítico internacional, del tipo de cambio o de las oscilaciones en los mercados de commodities. Sin embargo, el análisis desde la economía política marxista exige desmantelar esta retórica de la resignación técnica. La constante alza de los hidrocarburos no es un fenómeno natural ni un mero desajuste macroeconómico externo, sino un mecanismo directo de transferencia de valor desde los bolsillos de la clase trabajadora hacia las arcas del capital financiero y los grandes oligopolios de la distribución y refinación energética.
En el Chile actual, el impacto de este aumento tarifario no se limita al llenar el estanque de un automóvil particular; se propaga en cascada sobre toda la canasta de reproducción de la fuerza de trabajo. Al encarecerse el transporte de carga y el pasaje del transporte colectivo, suben inmediatamente los alimentos de primera necesidad, los insumos básicos y los servicios esenciales. Mientras el costo de la vida se dispara de manera implacable, el salario real de la masa obrera experimenta una depreciación sistemática. En El Capital, Karl Marx aludía a la dinámica en la que el capital intenta mantener o elevar su tasa de ganancia a costa de las condiciones de existencia del proletariado:
“El límite mínimo del valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de las mercancías sin cuyo aprovisionamiento diario el portador de la fuerza de trabajo no puede renovar su proceso vital.”
Cuando la inflación en la energía y los alimentos empuja el costo de la vida por encima de los sueldos de mercado, el valor de la fuerza de trabajo se sitúa por debajo de su costo de reproducción, condenando a millones de hogares asalariados al sobreendeudamiento bancario y a la privación cotidiana.
Frente a este escenario de asfixia popular, la completa inacción del gobierno de José Antonio Kast no constituye una omisión involuntaria ni una “falta de herramientas normativas”, sino una decisión consciente de clase. Bajo el dogma de la no intervención estatal y el libre mercado, la administración de ultraderecha opta por salvaguardar intactas las utilidades de los monopolios energéticos e importadores, negándose tajantemente a fijar precios máximos, a congelar las tarifas o a aplicar un gravamen directo a las superganancias de los grandes grupos económicos. La pasividad del Ejecutivo desmiente el discurso populista de la “defensa de la familia chilena”: ante la contradicción capital-trabajo, el gobierno actúa estrictamente como el guardián de los intereses patronales, prefiriendo que la crisis la absorba íntegramente la masa trabajadora a través del ajuste de su presupuesto familiar.
La narrativa oficialista intenta imponer la noción de que la población debe “apretarse el cinturón” y aceptar con disciplina las presiones del mercado global en nombre de la responsabilidad fiscal. No obstante, el análisis materialista enseña que la energía es un insumo estratégico cuya producción y distribución no debieran estar supeditadas a la especulación lucrativa de un puñado de corporaciones. La respuesta a la carestía de la vida no vendrá de apelar a la buena voluntad de un gobierno comprometido con la agenda del gran capital, sino de la articulación y movilización independiente del pueblo trabajador para exigir la contención de los precios básicos y cuestionar la propiedad privada sobre los recursos energéticos del país.