Apenas iniciada la marcha autorizada de la Confech en la Alameda, con una convocatoria que supero los 20.000 manifestantes, el aparato policial desplegó una dura intervención contra miles de estudiantes movilizados en defensa del financiamiento de la educación pública.
Por Equipo El Despertar
El despliegue de las fuerzas de Control de Orden Público de Carabineros a la altura de la Universidad Católica no respondió a un hecho fortuito de “seguridad pública”, tampoco a una provocación de los estudiantes ni a hechos de violencia, sino a una decidida política de Estado orientada a clausurar por la vía coercitiva el libre ejercicio de la manifestación popular. Convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en el marco del ingreso de la Ley de Presupuesto, la jornada movilizó a miles de jóvenes universitarios y secundarios para rechazar la amenaza de ajuste fiscal y recortes en el financiamiento educativo. Sin embargo, pese a contar con las autorizaciones administrativas formales, la columna de manifestantes fue abruptamente interceptada y dislocada con carros lanzaagua y gases lacrimógenos a solo unos cientos de metros de su punto de inicio en Plaza Baquedano.
Desde la lógica del capital y las narrativas hegemónicas de los medios corporativos, el foco de la noticia se ha desplazado de inmediato hacia la “infracción del orden público” y el aislamiento de supuestos “focos de desorden”. Esta cobertura invisibiliza la contradicción de fondo: el empleo del aparato represivo como herramienta disciplinante para impedir que el movimiento de masas dispute la asignación del excedente social acumulado en las arcas fiscales. Mientras el gobierno busca resguardar los marcos de austeridad fiscal en favor de la estabilidad macroeconómica del gran capital, la demanda estudiantil por gratuidad, condiciones dignas de estudio e infraestructura es tratada como una amenaza al orden establecido.
La interrupción de la marcha no constituye una simple falla logística en los protocolos de la Delegación Presidencial, sino una demostración práctica de la función clasista del Estado burgués. Tal como denunciaron voceros de las organizaciones estudiantiles y del Colegio de Profesores tras la dispersión de la columna, “la marcha se dispersó con una dura represión injustificada contra la gran mayoría de los manifestantes que marchaban en absoluta calma”, evidencia del uso del monopolio de la fuerza para clausurar el espacio público antes de que las demandas populares alcancen los centros del poder político en La Moneda.
Este nuevo episodio de violencia institucional confirma que el derecho a la protesta garantizado en el papel queda inmediatamente suspendido cuando choca contra las prioridades económicas de la clase dominante. Frente al repliegue forzado y las detenciones masivas registradas en la jornada, la movilización estudiantil demuestra que la defensa de los derechos sociales no se dirime en los márgenes de la permisividad estatal, sino en la capacidad de organización y resistencia en las calles frente al ajuste y la represión sistemática.