Detrás del relato del «combate al narcotráfico», la captura de Roger Mariaca —clave en la causa contra el consultor de ultraderecha Fernando Cerimedo— expone la subordinación del aparato coercitivo a la geopolítica de Washington.
Por Equipo El Despertar
En un acto que evidencia la persistencia del injerencismo extraterritorial y la subordinación de la institucionalidad local a los intereses geopolíticos angloamericanos, el Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, fue privado de libertad en una intempestiva operación policial. La medida, ejecutada apenas 48 horas después de que el Departamento de Estado de EE. UU. le revocara la visa bajo acusaciones unilaterales de vínculos con el narcotráfico, fue denunciada por voceros del Ministerio Público como una detención arbitraria y un auténtico «secuestro» de la soberanía judicial nacional.
Desde un análisis materialista de la coyuntura, la intervención excede ampliamente el relato hegemónico de la «seguridad transnacional» promovido por los aparatos mediáticos corporativos. La detención adquiere una centralidad estratégica si se contempla el rol directo de Mariaca en la conducción de la causa penal contra Fernando Cerimedo, el estratega digital y operador político ligado a las corrientes continentales de ultraderecha. Cerimedo, quien permanece bajo prisión preventiva en Bolivia imputado por tentativa de feminicidio e investigado por delitos de legitimación de ganancias ilícitas y desvío de fondos, encabezaba una compleja trama de inteligencia digital e influencia política internacional que la fiscalía boliviana comenzaba a desarticular.
Lejos de responder a una genuina depuración institucional, la maniobra se inscribe en las dinámicas del lawfare y la tutelarización imperial del Poder Judicial en el Sur Global. La acusación previa de Washington actuó como el detonante político para desactivar un expediente judicial incómodo para las redes de la derecha hemisférica. Testimonio de ello fueron los inmediatos y cuestionados allanamientos ejecutados sobre las sedes de la Fiscalía General tras la detención, procedimientos denunciados por los propios querellantes del caso Cerimedo como un intento explícito de amedrentar al poder judicial y «desaparecer las pruebas» que incriminan al consultor argentino y a sus entramados de financiamiento.
La celeridad con la que actuó el aparato represivo local ante la orden velada del Departamento de Estado exhibe la porosidad del Estado periférico frente a los dictámenes coloniales de hegemonía. Como advirtieron fuentes del Ministerio Público en Sucre durante las horas posteriores al operativo: “No se está respetando la institucionalidad ni el debido proceso, están vulnerando las garantías constitucionales”. El episodio confirma cómo el discurso de la «lucha contra el crimen organizado» opera como la fachada ideológica predilecta para intervenir las estructuras judiciales cuando estas amenazan con sacar a la luz los mecanismos oscuros del poder financiero y político transnacional.