El fin formal de la dictadura en 1988 no alteró las bases del modelo neoliberal; la única vez que el pueblo fue consultado de forma genuina, un 80% exigió refundar el pacto social.
Por Daniel Jadue
Han pasado exactamente 38 años desde aquel 5 de octubre de 1988, una fecha que la narrativa oficial de la transición se ha encargado de edulcorar y presentar como el triunfo definitivo de la democracia en Chile. Sin embargo, para la clase trabajadora, los pobladores, las mujeres, los pueblos originarios, la juventud y las grandes mayorías de nuestra patria, la realidad cotidiana demuestra lo contrario: el término formal de la dictadura cívico-militar no significó el término de su arquitectura de dominación. Lo que ocurrió no fue la derrota del modelo, sino su pactada continuidad bajo la administración de una institucionalidad tutelada.
La Constitución de 1980 no fue un texto jurídico cualquiera. Fue ideada con fría precisión analítica por Jaime Guzmán para operar como un verdadero cepo ideológico e institucional. El propio Guzmán lo dejó por escrito sin ambigüedades: el sistema debía ser diseñado de tal manera que, si llegaban a gobernar los adversarios, se vieran constreñidos a actuar de forma tal que la alternativa que uno deseara para el país no distara drásticamente de lo que ellos pudieran hacer. Ese diseño perverso y completamente antidemocrático garantizó que, fuera quien fuera que ocupara el sillón presidencial, el modelo económico neoliberal, la privatización de los derechos sociales y el despojo de los recursos naturales permanecieran intactos e inexpugnables.
Durante décadas, las élites políticas prefirieron administrar este legado antes que confrontarlo, profundizando la mercantilización de la salud, la educación, la vivienda y las pensiones. Pero la historia la hacen los pueblos y la memoria social no se borra con discursos de consenso. La única vez que a la ciudadanía se le permitió pronunciarse de manera directa y transparente sobre la continuidad de este texto ilegítimo, la respuesta fue contundente: en octubre de 2020, cerca del 80% de las y los votantes eligieron de forma categórica escribir una Nueva Constitución desde una hoja en blanco, señalando claramente que la raíz de la desigualdad en Chile reside en el orden normativo impuesto a sangre y fuego por la derecha y los militares.
Pretender que la crisis estructural del país se resuelve con reformas cosméticas o parches cocinados en las alturas del poder es un profundo engaño a las mayorías. La soberanía popular expresada en las urnas no ha sido satisfecha y el mandato de transformación sigue plenamente vigente. No habrá justicia social, ni soberanía sobre nuestros bienes comunes, ni verdadera democracia mientras sigamos regidos por el diseño dictatorial que consagra el lucro por sobre la vida. A 38 años de aquél plebiscito, la lección es clara: la única solución real y de fondo sigue siendo una Nueva Constitución construida por y para el pueblo.