El fallecimiento de un trabajador en la mina Los Colorados desmonta el discurso hegemónico de la “responsabilidad empresarial” y revela cómo el capital extractivista subordina las medidas de seguridad a la tasa de ganancia.

Por Equipo El Despertar

Un nuevo homicidio industrial ha vuelto a enlutar a la clase trabajadora en el norte del país. La muerte de un obrero al interior del yacimiento Los Colorados en Vallenar, perteneciente a la Compañía Minera del Pacífico (CMP), no constituye un “lamentable hecho fortuito” o un desastre impredecible, como suele encubrirlo la prensa corporativa y el aparato burocrático del Estado. El siniestro, ocurrido junto a maquinaria pesada de perforación durante el turno de la mañana, representa la manifestación más cruda y desgarradora de las condiciones de sobreexplotación a las que el capital extractivista somete a la fuerza de trabajo para no interrumpir los flujos de producción e incrementar la captura del plusvalor.

Frente a la pérdida de una vida humana, la narrativa hegemónica apura el despliegue del manual de contención ideológica: comunicados corporativos lamentosos, la activación de investigaciones por parte de organismos estatales como Sernageomin y fiscalías, y promesas sobre el “fortalecimiento de la cultura de seguridad”. Sin embargo, esta retórica omite la contradicción antagónica de fondo: en la lógica de la acumulación capitalista, la seguridad e integridad del proletario son tratadas como un costo de producción que se minimiza sistemáticamente para inflar la tasa de rentabilidad. La muerte en la mina no es una falla del sistema, sino el resultado predecible de un modelo extractivista que acelera los ritmos de trabajo y flexibiliza las condiciones operativas para asegurar el abastecimiento del mercado global de materias primas.

La recurrencia de estos episodios en las faenas mineras de la Región de Atacama desarma las ilusiones sobre el rol “fiscalizador” del Estado burgués. Lejos de actuar como un árbitro neutral que vela por la integridad de la población asalariada, la institucionalidad laboral y minera interviene con posterioridad al hecho consumado para legitimar la reanudación de las faenas una vez cumplida la liturgia procesal. La vida del minero sacrificado en el socavón entra en la contabilidad patronal como una variable más dentro de los riesgos operativos asumidos por las grandes empresas, garantizando la impunidad estructural del empresariado tras un velo de trámites administrativos y peritajes burocráticos.

Frente al goteo incesante de trabajadores mutilados y asesinados en la producción, diversas expresiones sindicales de base y organizaciones territoriales han vuelto a enfatizar que la única garantía real de seguridad laboral radica en el control obrero del proceso productivo. Las trabajadoras y los trabajadores no pueden seguir entregando sus vidas para alimentar la tasa de ganancia de los dueños del capital bajo la promesa irrealizable de la “autorregulación privada”. La tragedia de Vallenar reafirma la urgencia de estructurar una respuesta colectiva y de clase que rechace el sacrificio humano en nombre del desarrollo extractivo, cuestionando la propiedad privada de las riquezas naturales y exigiendo la paralización inmediata de toda faena que no garantice de forma efectiva el derecho a la vida de la clase creadora de toda la riqueza social.