La muerte de la mujer de 87 años tras ser desalojada violentamente por la fuerza policial de su hogar de siete décadas deja al descubierto cómo la propiedad privada se impone sobre la vida humana en la metrópoli especulativa.
Por Equipo El Despertar
El fallecimiento de María del Carmen Abascal en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, dos semanas después de haber sido desahuciada por la policía del departamento en el que residió durante más de 70 años, ha desatado una profunda crisis política e institucional en España. Los medios hegemónicos y la vocería de los partidos del régimen han apresurado sus discursos para catalogar el desenlace como una «tragedia evitable» o una «falla de la intermediación administrativa», intentando diluir la responsabilidad del modelo de acumulación inmobiliaria bajo un barniz de pesar institucional y promesas de reforma superficial.
Sin embargo, desde la perspectiva de la crítica marxista del Estado y la economía política, el trágico final de Maricarmen no constituye una «anomalía» ni un «error del sistema», sino el funcionamiento preciso y riguroso de la institucionalidad burguesa. Como señaló el Sindicato de Inquilinas en las inmediaciones del edificio en el distrito de Retiro mientras la policía echaba abajo la puerta, «este desahucio es un asesinato». La intervención del aparato represivo del Estado, que desplegó más de una docena de furgones de la Policía Nacional y utilizó gas pimienta contra la resistencia vecinal para garantizar los derechos de la sociedad inmobiliaria Urbagestión, confirma la naturaleza del Estado como garante violento de la propiedad privada sobre las necesidades básicas de la clase trabajadora.
El caso desnudó asimismo la hipocresía de la socialdemocracia en el gobierno. La retórica del «Estado social» y del «Ministerio de Vivienda» se mostró impotente y funcional frente al capital financiero e inmobiliario, revelando cómo la legislación burguesa protege la especulación con el suelo mientras condena al desahucio y al desarraigo a la población asalariada y pensionada. Mientras la renta exigida superaba la totalidad de la pensión de Maricarmen —expulsada por límites a la subrogación nacidos en la norma franquista y perpetuados por la democracia liberal—, la respuesta del mercado fue intransigente ante cualquier oferta de alquiler social o compra humanitaria.
La ola de movilizaciones, las acampadas en la Puerta del Sol y los paros que han sacudido a España bajo la consigna de «Ni una Maricarmen más» demuestran que la clase trabajadora ha comenzado a identificar al verdadero enemigo: la mercantilización de la vivienda y la alianza estructural entre la judicatura, los fondos de inversión y la fuerza policial. El sacrificio de Maricarmen deja al descubierto que, dentro del capitalismo, la vivienda no es un derecho humano, sino un activo financiero cuyo rendimiento se cobra, literalmente, con la vida de los sectores populares.