La jefa comunal, Javiera Reyes (PC), afirmó que ya ingresó una denuncia en Fiscalía y que cuenta con protección policial. La información fue dada a conocer en una entrevista publicada por La Segunda.
Por Equipo El Despertar
La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (Partido Comunista), aseguró haber recibido antecedentes sobre una amenaza en su contra atribuida a bandas vinculadas al narcotráfico en la comuna, las que —según su relato— habrían ofrecido $100 millones para concretar un atentado.
La declaración fue entregada en una entrevista difundida por La Segunda y posteriormente replicada por Emol. Reyes sostuvo que el lunes presentó una denuncia ante el Ministerio Público y que la información que motivó la acción judicial llegó a través de “voces vecinales” y fuentes que —según indicó— han preferido resguardar su identidad.
“Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte”, afirmó la alcaldesa en la entrevista, agregando que han podido corroborar parte de los antecedentes recibidos y que ya existirían personas identificadas dentro de la denuncia.
Según explicó, el escenario de amenazas se relacionaría con medidas municipales recientes contra focos asociados al narcotráfico, entre ellas la demolición de una sede ligada al club deportivo Varsovia y acciones en territorio vinculadas al retiro de elementos que —a juicio del municipio— facilitaban el control de espacios para el comercio de drogas, como cámaras instaladas en domicilios particulares y portones.
Reyes, que se encuentra con ocho meses de embarazo, señaló que la situación no le ha hecho retroceder en su gestión y que, por el contrario, enfrenta el momento con mayor determinación.
En los antecedentes citados por el medio, la denuncia consignaría también episodios ocurridos a fines de enero, incluyendo un acercamiento de un desconocido durante una actividad territorial y amenazas a través de redes sociales, estas últimas tras una decisión municipal relacionada con una patente comercial en el sector.
De acuerdo con lo informado, la alcaldesa actualmente cuenta con protección (PPI) debido a amenazas previas, mientras la Fiscalía evalúa los antecedentes presentados y determina eventuales diligencias.