El lector que conoce el programa del Ministerio de Hacienda de Quiroz, con sus 142 programas a eliminar y sus 6.000 millones de dólares de recorte, reconoce inmediatamente la lógica. Es exactamente lo que Land prescribe: reducir el Estado social al mínimo compatible con la acumulación, liberar la tasa de ganancia de las cargas que las mayorías democráticas le impusieron, y construir las condiciones para la “salida” del capital hacia zonas de gestión corporativa.
Por Daniel Jadue[1]
I. La pregunta que muchos votantes se están haciendo
Hay una pregunta que circula con creciente incomodidad entre quienes votaron por José Antonio Kast en diciembre de 2025: ¿por qué está haciendo esto? Es la pregunta más honesta que puede hacerse alguien que lo votó convencido de que la seguridad sería lo primero, que la inmigración irregular sería expulsada, que los beneficios sociales no se tocarían. Kast lo dijo en octubre de 2025, en pleno debate presidencial, con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación: “No vamos a cortar ningún beneficio social que hoy exista.”[2]
Dos meses después de asumir, el Ministerio de Hacienda, conducido por Jorge Quiroz, envió un oficio a todos los ministerios identificando 142 programas sociales a eliminar o reducir drásticamente, con proyección de ahorro de 5,4 billones de pesos chilenos hasta 2031, unos 6.000 millones de dólares.[3] En la lista estaba el Programa de Alimentación Escolar que cada día entrega casi cuatro millones de raciones a 1,6 millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Estaba el control de salud del niño sano. Estaba la atención odontológica pública. Estaban las becas vocación de profesor, los fondos para salud mental en atención primaria, los programas de cuidado para adultos mayores. Estábamos ante el desmantelamiento programático del Estado social chileno.
Cuando la filtración produjo el escándalo público, el propio Kast corrió a desmentirlo. “Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños,” dijo. Y sobre la promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares desde el primer día, la misma con la que obtuvo el 58% de los votos en segunda vuelta, dijo que fue una “metáfora” mal entendida por quienes la interpretaron de manera literal. El 76% de los encuestados la había entendido como un compromiso concreto. Según Criteria, su desaprobación alcanzó el 53% a mediados de mayo, el nivel más alto desde el inicio del mandato. Cadem lo ubicaba en 36% de aprobación.[4]
La pregunta de quienes lo votaron es legítima y merece una respuesta honesta. No la respuesta que da la izquierda de manera refleja, “los engañó durante la campaña”, que, aunque verdadera, es insuficiente. La respuesta de fondo está en un libro que no necesita haber sido leído por Kast para explicar su gobierno. Se llama La Ilustración Oscura, lo escribió Nick Land en 2012, y el programa de gobierno reproduce con notable precisión la racionalidad política que ese texto sistematiza.
II. Lo que el libro dice
Land es un filósofo formado que conoce a Hobbes y a Hayek, que ha leído a Deleuze y a Gramsci, que sabe usar el vocabulario de la teoría crítica para demoler la teoría crítica. Su argumento central en La Ilustración Oscura es que la democracia y la libertad son incompatibles. Lo dice con la candidez del que ya no necesita disfraces: “Ya no creo que la libertad y la democracia son compatibles,” afirmó Peter Thiel, su principal financista, en 2009, y Land construye el andamiaje teórico para sostener esa tesis.
La lógica es la siguiente. La democracia tiene una dirección estructural inevitable hacia la redistribución. Ganar elecciones requiere comprar votos, y el Estado resultante tiene un incentivo irresistible de crecer, redistribuir y regular hasta asfixiar la acumulación privada, y este es el verdadero problema. El político democrático, dice Land apoyándose en Hoppe, es un administrador temporal que no tiene ningún incentivo para preservar el capital social a largo plazo porque su sucesor político se lo apropiará de todas formas, afirma. Mejor destruirlo que dejarlo al adversario. La democracia produce entonces, en su lectura, degeneración sistemática de la civilización.
La solución que Land y su co-teórico Moldbug proponen se llama neo-cameralismo. El Estado debe ser gestionado como una corporación que maximiza el valor para sus accionistas. Los ciudadanos no son soberanos; son clientes. Si el servicio es insatisfactorio, se llevan el negocio a otro lugar. Los modelos son Singapur, Hong Kong, Dubái. Zonas de acumulación sin restricción democrática, sin sindicatos con poder real, sin estados de bienestar que carguen sobre la tasa de ganancia.
El neorreaccionarismo es una corriente política con genealogía precisa, financiamiento real y representantes identificables en cuatro continentes. Su fundador intelectual es Curtis Yarvin, quien bajo el seudónimo Mencius Moldbug desarrolló el concepto de neo-cameralismo en su blog “Unqualified Reservations” entre 2007 y 2013. Land tomó el análisis de Yarvin y le dio el ropaje de la filosofía continental, haciéndolo presentable en los círculos académicos y más peligroso en los políticos. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, la empresa de análisis de datos que provee infraestructura de vigilancia a los gobiernos de medio mundo, es el principal financista del ecosistema: su declaración de 2009 de que “la libertad y la democracia son incompatibles” es la frase fundacional del movimiento.
La traducción de la filosofía a la política sigue un patrón reconocible. En Estados Unidos, Elon Musk encarna el modelo neo-cameralista aplicado: la adquisición de Twitter para convertirla en plataforma de amplificación de la ultraderecha global, y su rol al frente del DOGE para reducir el Estado federal desde adentro con la lógica del consultor corporativo que elimina “ineficiencias”, son exactamente lo que Land prescribe cuando habla del capital que prescinde del consenso. Marc Andreessen formalizó la versión optimista del mismo proyecto en su “Manifiesto Tecno-Optimista” de 2023: la tecnología como fuerza que debe liberarse de las restricciones regulatorias que la democracia impone. JD Vance y su red en torno a Peter Thiel son el puente entre la filosofía del blog y el poder ejecutivo norteamericano. En Europa, Viktor Orbán construyó la “democracia iliberal” húngara, que NRx celebra como el modelo de gobierno eficiente que dispensa con los controles democráticos mientras mantiene las formas electorales. En América Latina, Javier Milei es Land sin filosofía continental, el mismo programa con motosierra y retórica libertaria de escuela primaria. Kast es Milei con modales institucionales, traje y corbata, y el aparato del Estado chileno como vehículo.
Lo que diferencia a toda esta constelación del conservadurismo tradicional es exactamente lo que distingue a Kast de Piñera: no la nostalgia por un orden pasado sino la aceleración hacia una forma de acumulación que prescinde de los pactos sociales que el siglo XX construyó y que luego de la caída de la URSS, ya no son necesarios. Piñera quería crecer dentro del pacto social. Kast quiere disolver el pacto para crecer. Esa diferencia es toda la diferencia, y el libro de Land es el mapa intelectual de ese proyecto.
III. El plan: neo-cameralismo en acto
El lector que conoce el programa del Ministerio de Hacienda de Quiroz, con sus 142 programas a eliminar y sus 6.000 millones de dólares de recorte, reconoce inmediatamente la lógica. Es exactamente lo que Land prescribe: reducir el Estado social al mínimo compatible con la acumulación, liberar la tasa de ganancia de las cargas que las mayorías democráticas le impusieron, y construir las condiciones para la “salida” del capital hacia zonas de gestión corporativa.
El “Plan de Reconstrucción Nacional” que Kast presentó en cadena nacional el 15 de abril contiene en su corazón tres medidas que Land habría reconocido sin dificultad como la traducción legislativa de su programa: la rebaja gradual del impuesto de primera categoría de 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario que permite a los dueños de las empresas imputar el 100% del crédito fiscal pagado por la empresa contra sus impuestos personales, y la reinstalación de la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos de inversión. Este último instrumento no es nuevo: es el Decreto Ley 600 que rigió Chile entre 1974 y 2016, introducido durante la dictadura de Pinochet para atraer capital extranjero con garantías que ningún gobierno democrático pudiera modificar.[5]
El ministro de Hacienda Quiroz ideó una reforma fiscal que costaría unos 4.000 millones de dólares en ingresos al erario, como resultado de bajar en 4 puntos la carga tributaria a las grandes empresas. La aritmética del modelo es la siguiente: se recortan 6.000 millones de dólares en programas sociales según el documento de Hacienda y simultáneamente se reducen 4.000 millones en recaudación tributaria de grandes empresas. Los trabajadores que votaron por seguridad y orden pagarán dos veces: primero con la pérdida de los programas que financiaban su reproducción social, después con la menor inversión pública que produce la menor recaudación. Land lo llamaría eficiencia. Marx lo llamó acumulación.
La desregulación ambiental es el tercer pilar del plan y el que más claramente revela la lógica neo-cameralista. El proyecto reduce de dos años a seis meses el plazo para impugnar permisos sectoriales, modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para incluir mecanismos de tramitación acelerada, restringe las medidas cautelares contra proyectos con Resolución de Calificación Ambiental favorable y limita temporalmente su aplicación. El SEA podrá desestimar observaciones de servicios públicos que “no estén fundadas o excedan sus competencias”, y las modificaciones no sustantivas en proyectos ya aprobados no deberán someterse a nueva evaluación ambiental. Las comunidades aledañas a proyectos mineros, forestales o energéticos, que habían conquistado el derecho a impugnar resoluciones ambientales como resultado de décadas de organización, pierden ese derecho. Los inversores ganan certeza jurídica de 25 años. En el modelo neo-cameralista de Land, eso es el diseño, precisamente lo que el capital global necesita para sostener y aumentar su tasa de ganancia.
El nombre “Plan de Reconstrucción” merece una nota aparte. Los incendios de Ñuble y Biobío fueron una catástrofe real que afectó a miles de familias y que exigía respuesta urgente del Estado. El proyecto agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales. Pero usar la urgencia humanitaria como vehículo para pasar la reforma tributaria más regresiva en décadas es exactamente el mecanismo que Naomi Klein describió como doctrina del shock: el capitalismo que aprovecha el desastre para imponer las reformas que en condiciones normales encontraría resistencia organizada. Los incendios de Ñuble y Biobío produjeron una urgencia emocional legítima que bloqueó el debate sobre el contenido real del proyecto: mientras la opinión pública miraba las imágenes de las casas quemadas, la Comisión de Hacienda aprobaba a las cinco de la mañana la rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración tributaria y la invariabilidad por 25 años.[6] El desastre fue la cobertura; la reforma fiscal fue el objetivo
Hay una ironía en la invariabilidad tributaria de 25 años que merece llamarse por su nombre. El gobierno que llegó al poder prometiendo que Chile recuperaría la soberanía sobre sus fronteras, sobre su seguridad, sobre su destino, está proponiendo simultáneamente renunciar a la soberanía democrática sobre el sistema tributario por un cuarto de siglo.
Ningún gobierno electo podrá modificar las reglas que el capital tiene garantizadas. Los ciudadanos podrán votar cada cuatro años; los inversores tendrán certeza de 25. En el vocabulario de Land, eso se llama “salida”: el capital se reserva el derecho de retirarse de cualquier jurisdicción que no le convenga, y el Estado que quiera atraerlo debe renunciar anticipadamente a la capacidad de regularlo.
Es la jaula de oro ofrecida al revés: no al ciudadano que acepta la comodidad a cambio de obediencia, sino al capital que acepta invertir a cambio de inmunidad política permanente.
IV. El miedo como tecnología: la Catedral invertida
Pero si el programa económico landiano explica lo que Quiroz hace, no explica por qué una parte de la ciudadanía chilena lo votó masivamente. Para eso hay que leer otro concepto central del texto de Land: la Catedral.
La “Catedral” es el complejo académico-mediático-burocrático que produce el sentido común progresista hegemónico. Land tomó la estructura del análisis gramsciano de la hegemonía, que describe cómo la clase dominante naturaliza su dominio produciendo consenso cultural, y la invirtió: en la versión landiana, la clase dominante no es el capital sino la burocracia redistribucionista que lo limita. Las universidades, los medios progresistas, las ONG, la clase política de centroizquierda: todos conspirando contra la acumulación libre.
En Chile, esa inversión adquirió su versión local con el migrante como amenaza existencial. El migrante irregular fue el equivalente funcional de la “Catedral” en el relato kastiano: el enemigo externo que explica todo lo que va mal, que produce la inseguridad, que carga sobre los servicios públicos, que desplaza al trabajador chileno. La promesa de expulsar a 300.000 personas en el primer día fue exactamente lo que Land llama el gesto de la “salida” llevado a la política electoral: la nación como corporación que se deshace de los clientes que generan pérdidas.
El primer día de gobierno Kast firmó los decretos que ordenaban la construcción de zanjas y muros en la frontera norte, el despliegue de tres mil efectivos militares y policiales, la creación de centros de internación. El 16 de marzo comenzaron las excavaciones. Era el espectáculo de la soberanía mostrando su fuerza antes de ejercerla, que es exactamente el mecanismo que Hobbes describió como fundamento del Leviatán: el miedo como arquitectura del orden.
Dos meses después, el 61% de los encuestados considera “imposible de cumplir” la promesa de expulsar a 300.000 personas. El 65% cree que la mayoría de los migrantes irregulares seguirá en Chile a fines de 2026. Pero el miedo ya hizo su trabajo: legitimó el gobierno, produjo el consenso inicial, y entregó el tiempo necesario para ejecutar el programa económico que los recortes a los programas sociales expresan.
V. Lo que Land leyó bien, y lo que eso revela
La crítica landiana a la democracia liberal tiene un núcleo que cualquier marxista reconoce, porque contiene una observación que el marxismo hizo mucho antes. La democracia formal puede coexistir perfectamente con la explotación. El sufragio universal en un sistema donde el dinero compra medios, partidos y legislación no es la superación de la dominación de clase sino una de sus formas más estables. Eso lo sabíamos desde Marx, desde Lenin, desde Luxemburgo. No es un descubrimiento de Land.
Lo que Land añade, y aquí está el momento que lo delata, es una conclusión que el marxismo nunca extrajo. Donde la tradición socialista concluye que la democracia burguesa es insuficiente y debe ser superada por formas más radicales de autogobierno popular, Land concluye que es excesiva. Su problema con la democracia no es que incluya demasiado poco a las mayorías en las decisiones reales. Es que las incluye, según él y todos sus seguidores de la ultra derecha, demasiado.
El texto es el manifiesto ideológico de una fracción específica del capitalismo global que ha llegado a la conclusión de que el contrato social del siglo XX, con el derecho internacional, con el estado de derecho, con sus sindicatos y sus estados de bienestar, costó demasiado y ya no es necesario. Que la acumulación puede sostenerse sin el acuerdo de las mayorías que la hace posible, porque tienen el poder total y no existe alternativa. Kast no citó a Land en su campaña. Tampoco necesitaba hacerlo. La filosofía continental que Land usa para vestir a Moldbug es decorativa; la estructura de poder que describe funciona igual con acento chileno-alemán.
La cena que Kast organizó en el Palacio de La Moneda para sus excompañeros de la Facultad de Derecho, investigada por la Contraloría mientras se recortaban programas de alimentación escolar, es la expresión más descarnada de ese modelo. En el neo-cameralismo, el palacio pertenece al CEO, no al público. Los clientes insatisfechos pueden llevarse su negocio a otro lugar. Los niños que dependen del PAE no tienen a dónde ir.
VI. La trampa en que cayó la izquierda
Frente a todo esto, la pregunta que la izquierda chilena necesita responder no es solo ¿cómo oponerse a Kast? Es una pregunta más incómoda: ¿por qué Kast obtuvo el 58% de los votos en diciembre de 2025?
La respuesta honesta incluye algo que la izquierda no quiere decir, pero necesita decirse: porque gobernó Chile durante cuatro años sin transformar los mecanismos que producen la inseguridad, la precariedad habitacional y el deterioro del consumo colectivo que hicieron posible el voto kastiano.
Porque administró el capitalismo chileno con algo más de mayor justicia distributiva sin disputar las relaciones de propiedad que lo reproducen. Los precios del arriendo siguieron subiendo durante todo el período porque el suelo urbano siguió siendo un activo especulativo privado que ninguna política tocó en su estructura. El sistema de AFP siguió transfiriendo el ahorro previsional de los trabajadores al mercado de capitales porque la reforma estructural que lo habría reemplazado no llegó a aprobarse, y lo que se aprobó les transfirió más dinero y poder. La concentración del ingreso en el decil superior no se modificó sustancialmente porque las reformas tributarias quedaron a mitad de camino. Las mejoras fueron reales en términos de acceso a derechos, pero insuficientes porque no cambiaron la experiencia cotidiana del trabajador que paga el 40% de su ingreso en arriendo, que tarda dos horas en llegar al trabajo, que tiene miedo en su barrio y ve que nadie se hace cargo.
La izquierda latinoamericana lleva tres décadas en una trampa que es políticamente comprensible y estratégicamente desastrosa. Tras la caída del Muro de Berlín, golpeada y desorientada, decidió que la defensa del Estado de derecho y las instituciones liberales era la tarea urgente frente a la ofensiva neoliberal. Era correcta para ese momento. Lo que no era correcto era confundir esa táctica defensiva con el proyecto histórico. La mecánica de la trampa es precisa: la ultraderecha ataca las instituciones democráticas, la izquierda sale a defenderlas, y en ese acto de defensa pierde la capacidad de criticarlas desde una perspectiva que las supere.
El resultado es que la izquierda terminó siendo el partido del orden institucional liberal, el garante de la Constitución burguesa, el defensor del statu quo democrático-formal, de la responsabilidad fiscal, de la política de los consensos.
Y el proyecto de transformación de las relaciones sociales de producción, la pregunta de quién es dueño de qué y para qué, quedó indefinidamente postergado porque siempre había una amenaza más urgente que atender. Rosa Luxemburgo lo formuló en Reforma o Revolución con una claridad que no ha envejecido: la lucha por las reformas dentro del capitalismo es parte necesaria de la política socialista, pero solo si sabe que apunta más allá de sí misma. Cuando la reforma se vuelve el horizonte y no el instrumento, la izquierda se convierte en la fracción moderada de la administración capitalista.
Eso no significa que los cuatro años de Boric fueran idénticos al neoliberalismo: no lo fueron. Ni que los límites institucionales fueran irrelevantes: la Constitución de 1980, el Tribunal Constitucional y la ausencia de mayoría propia en el Congreso acotaron el margen de maniobra de manera real. Pero los límites institucionales explican por qué no se pudo hacer más; no explican por qué no se disputó el sentido de lo que se estaba haciendo ni por qué no se construyó el poder popular que habría permitido ampliar ese margen, con u gobierno de continuidad.
Dentro del capitalismo, las mejoras parciales sin transformación de las relaciones de propiedad producen el ciclo que vivimos: mejoran condiciones, el capital se adapta, la clase trabajadora sigue siendo vulnerable, y cuando la crisis llega, el capital llama a quien puede administrarla sin concesiones.
VII. La distinción que necesitamos recuperar
Decir que la izquierda no debe hacer de la defensa de la democracia liberal su proyecto histórico no es decir que debe ser indiferente ante los recortes al PAE, ante las zanjas en la frontera, ante el desmantelamiento del Estado social. Es exactamente lo contrario.
Los derechos democráticos, la libertad sindical, el derecho a huelga, la protección social que las clases trabajadoras arrancaron en el siglo XX son condiciones de la lucha, no su horizonte. Se defienden porque sin ellos la organización popular que puede producir la transformación real es imposible. Se defienden como se defiende el terreno desde el que se combate, no como el fin para el que se combate.
Cuando la izquierda grita “defiendan las instituciones” sin decir de qué instituciones se trata ni para qué sirven, está respondiendo al relato de Kast en el terreno que Kast eligió. La respuesta que la situación exige es distinta: que la democracia que Kast recibió era ya insuficiente, que sus instituciones estaban diseñadas para garantizar, en última instancia, la reproducción del capital que él ahora administra sin disimulo, y que lo que hay que construir no es la democracia liberal que Land impugna sino la democracia real que ni Land ni Thiel ni Kast pueden tolerar.
VIII. El proyecto que no podemos seguir postergando
El proyecto histórico de la izquierda no es la democracia liberal. Nunca lo fue. Es la transformación de las relaciones sociales de producción: la construcción de una sociedad organizada en función de las necesidades humanas antes que de la acumulación de capital privado.
Ese proyecto tiene elementos concretamente realizables hoy, en el presente, que no esperan la revolución para comenzar a existir. La producción de vivienda fuera de la lógica especulativa, mediante cooperativas y suelo público, es posible dentro del capitalismo y señala más allá de él porque impugna la premisa de que el hábitat es una mercancía. El control colectivo sobre los recursos naturales estratégicos, el agua, el litio, el cobre, establece que hay bienes que no pueden ser gestionados como propiedad privada. La democracia sobre el presupuesto público, ejercida en cada municipio y escalada hacia arriba, construye la disposición política de decidir colectivamente sobre lo que se produce y para quién.
No son la revolución. Son su territorio previo. Y es necesario decirlo con honestidad: la distancia entre esas victorias parciales y la transformación de las relaciones de propiedad que este ensayo propone como horizonte es enorme, y ninguna retórica puede acortarla. Lo que sí puede hacerlo es la acumulación de organización popular que esas victorias construyen cuando se practican como demostraciones de que otro modelo es posible. Cada cooperativa de vivienda que sustrae hábitat de la lógica especulativa, cada presupuesto participativo que instala el hábito de decidir colectivamente, cada municipio que demuestra que el Estado puede proveer lo que el mercado niega, produce el sujeto político que la transformación estructural necesita. No produce la transformación misma. Esa honestidad no es resignación: es el requisito de cualquier proyecto político que aspire a algo más que administrar expectativas.
La estrategia que eso implica tiene tres niveles que deben operar simultáneamente. En el nivel local, disputar cada junta de vecinos, cada club de personas mayores, cada municipio, cada sindicato y cada centro de estudiantes, cada consejo regional, cada espacio institucional donde sea posible demostrar con hechos que otro modelo de gestión existe. En el nivel legislativo, construir las mayorías que permitan avanzar en las reformas estructurales que el gobierno de Boric no pudo completar: la reforma tributaria con impuesto al patrimonio, la regulación del mercado del suelo, la transformación del sistema previsional. En el nivel político-cultural, disputar el sentido común que Kast heredó de décadas de hegemonía neoliberal, llamando las cosas por su nombre y denunciando con exactitud lo que el capitalismo produce, quién lo produce y a costa de quién.
Esos tres niveles no se sustituyen entre sí: la victoria municipal sin acumulación legislativa produce gestiones aisladas que el siguiente gobierno deshace en un decreto. La reforma legislativa sin base organizativa popular produce leyes que el capital neutraliza en los tribunales o que revierte cada vez que le toca su turno en la tan mentada alternancia en el poder. Y la disputa cultural sin victorias concretas produce discurso sin territorio. La izquierda que aprendió a gobernar municipios necesita aprender ahora a articular esos tres niveles en una estrategia que no confunda ninguno de ellos con el objetivo final
La coordinación de la izquierda latinoamericana no es un llamado retórico: es una necesidad funcional. La visita inmediata de Kast a Javier Milei en Buenos Aires como uno de sus primeros hitos internacionales demuestra que la ultraderecha se coordina porque el capital que representa se coordina. Los fondos que financian su expansión global no tienen nacionalidad. La izquierda que responde a esa coordinación exclusivamente desde proyectos nacionales dentro de los marcos institucionales que ese capital diseñó enfrenta una asimetría de escala que ninguna virtud programática puede compensar por sí sola.
IX. La paradoja que Kast no calculó
En este contexto, hay algo en lo que está ocurriendo en Chile que sus protagonistas no previeron. Al gobernar con la honestidad descarnada que Land teórizó, al recortar el PAE mientras investigan la cena en La Moneda, al llamar “metáfora” a la promesa que el 76% entendió como concreta, el gobierno de Kast le está haciendo a la izquierda el mismo favor que Land le hizo en el plano teórico: la está liberando de la obligación de defender la democracia liberal como si fuera su proyecto.
Mientras la derecha gobernó Chile con el disimulo del consenso, la izquierda podía presentarse como defensora de las instituciones sin demasiada contradicción. Lo que Kast está haciendo es diferente: está gobernando como si el consenso fuera prescindible, como si las mayorías que lo votaron fueran clientes que pueden ser administrados con relatos y espectáculos mientras el programa económico se ejecuta en el silencio de los oficios de Hacienda. Ese modo de gobernar produce el efecto contrario al buscado: devuelve la pregunta de fondo.
La pregunta de quienes lo votaron y hoy preguntan ¿por qué está haciendo esto? es la pregunta más valiosa de la coyuntura. No porque merezca la respuesta corporativista de “los engañó la campaña”, aunque sea verdad. Sino porque es la apertura hacia una respuesta más profunda: porque este es el capitalismo funcionando exactamente como Land describió que funciona cuando ya no necesita el consenso de las mayorías ni el pacto social del siglo XX. Y la única respuesta que vale la pena frente a eso no es restaurar el consenso anterior sino proponer la transformación que ese consenso anterior aplazó indefinidamente.
La izquierda que dice solo “no toquen el PAE” tiene razón, pero no tiene proyecto. La izquierda que dice “la alimentación escolar no debería depender del presupuesto de Quiroz sino del derecho constitucional a la alimentación gestionado socialmente” tiene razón y además tiene dirección. Esa diferencia es toda la diferencia.
El capital que gobierna sin disimulo desde La Moneda no nos asusta. Nos devuelve la pregunta que siempre debimos responder y que demasiadas veces postergamos por la urgencia de defender lo que el capital dejaba en pie. Ahora que decide llevarse también eso, la urgencia de construir lo que nunca tuvimos es la única respuesta política que merece el nombre. Socialismo o Barbarie.
[1] Arquitecto, sociólogo y político chileno. Alcalde de Recoleta (2012-2024).
[2] Declaración de José Antonio Kast en el debate presidencial del 21 de octubre de 2025, transmitido por TVN y Canal 13. Disponible en los archivos de ambas cadenas.
[3] Oficio del Ministerio de Hacienda firmado por el ministro Jorge Quiroz el 21 de abril de 2026, filtrado a medios el 24 de abril. Reportado por El Mostrador, La Tercera y Resumen Latinoamericano, entre otros.
[4] Encuesta Activa Research para Pulso Ciudadano, 13-15 de mayo de 2026. Encuesta Cadem, semana del 17 de mayo de 2026.
[5] El Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, estuvo vigente desde 1974 hasta su derogación en 2016 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La invariabilidad tributaria del Plan de Reconstrucción de Kast reproduce su lógica central, aunque con un estatuto jurídico distinto.
[6] La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los artículos centrales del proyecto en sesión que se extendió hasta las 5 horas del 14 de mayo de 2026. Reportado por Diario y Radio Universidad de Chile ese mismo día.