Cinco funcionarios de la Segunda Comisaría de Chillán —tres oficiales y dos suboficiales— permanecen detenidos desde este miércoles, investigados por una batería de delitos que incluye allanamientos irregulares, detenciones ilegales, apremios ilegítimos, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación. La detención, solicitada por la Fiscalía Local y decretada por el Juzgado de Garantía de Chillán, fue ejecutada por personal de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros de Ñuble (Saicar). El fiscal jefe Sergio Pérez Nova logró que el tribunal ampliara la detención por 48 horas hasta este sábado, argumentando la necesidad de cotejar nuevas evidencias encontradas durante los allanamientos. La formalización de cargos quedó fijada para la mañana de este sábado.
Por Equipo El Despertar
La escena se repite con la precisión de un guion escrito por los mismos actores. Una traficante denuncia que durante un operativo policial no autorizado le sustrajeron especies de valor, pero no se llevaron la droga ni efectuaron detenciones. La Fiscalía revisa cámaras de seguridad y logra identificar a motoristas de Carabineros presuntamente involucrados. Las escuchas telefónicas del OS-7 revelan la existencia de un grupo de WhatsApp mediante el cual los uniformados coordinaban estos procedimientos irregulares.
Lo que la investigación ha destapado no es un exceso puntual, sino una red de operaciones sistemáticas: allanaban viviendas sin orden judicial, detenían personas sin fundamento legal, falsificaban instrumentos públicos para justificar sus acciones y luego obstruían las investigaciones que intentaban esclarecerlos. En otras palabras, utilizaban el poder del Estado para cometer delitos.
La ley que no se aplica a los de abajo
El caso de los cinco carabineros de Chillán debería ser un escándalo de proporciones nacionales. Pero la prensa hegemónica lo trata como un hecho policial más, una anécdota que no interpela al sistema. La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿por qué estos casos son la excepción y no la regla? ¿Cuántos allanamientos irregulares, cuántas detenciones ilegales, cuántos apremios ilegítimos se cometen a diario sin que nadie los investigue?
La respuesta está en la función de clase del aparato represivo. Carabineros no es una institución neutral; es el brazo armado del Estado que protege los intereses del capital. Sus operativos no están diseñados para proteger a la ciudadanía, sino para disciplinar a los sectores populares. Los allanamientos irregulares, las detenciones ilegales y los apremios ilegítimos son la norma en los barrios pobres. La diferencia es que, en este caso, los afectados lograron que la Fiscalía tomara cartas en el asunto.
El hecho de que una traficante haya sido quien destapó la red es una ironía de proporciones bíblicas. La misma persona a la que el sistema considera una “delincuente” fue la que denunció a los representantes de la ley. No porque la traficante sea una defensora de la justicia, sino porque los carabineros, en su voracidad, se llevaron lo que no debían y dejaron lo que debían llevarse. La lógica del botín primó sobre la lógica de la represión.
El silencio cómplice del gobierno de Kast
El gobierno de José Antonio Kast, que ha hecho de la “mano dura” y la “seguridad” sus principales banderas, ha guardado un silencio sepulcral sobre este caso. No hay declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau. No hay pronunciamientos del Presidente. El silencio es la confesión de un gobierno que no puede permitirse cuestionar a sus propios operadores.
La hipocresía es monumental. Mientras Kast promete “mano dura” contra la delincuencia, sus propios uniformados son detenidos por cometer delitos. Mientras el gobierno impulsa reformas para ampliar las facultades de Carabineros, sus integrantes utilizan esas facultades para saquear a la población. La “mano dura” no es contra el crimen, sino contra los de abajo.
La función de clase del allanamiento ilegal
Desde una perspectiva marxista, los allanamientos irregulares y las detenciones ilegales no son desviaciones del sistema, sino su expresión más pura. El Estado no es un ente neutral; es un instrumento de dominación al servicio de la clase dominante. Carabineros no es una institución que protege a la ciudadanía; es el brazo armado del capital que disciplina a los sectores populares.
El caso de Chillán revela que, cuando el Estado actúa sin control, sus agentes no dudan en utilizar su poder para beneficio propio. Los cinco carabineros detenidos no son una excepción; son la confirmación de una regla: el poder corrompe, y el poder sin control corrompe absolutamente. La falsificación de instrumentos públicos, la obstrucción a la investigación y los apremios ilegítimos no son errores aislados; son la consecuencia lógica de un sistema que otorga inmunidad a sus operadores y los blinda frente a la rendición de cuentas.
Epílogo: la justicia de los patrones
La detención de los cinco carabineros de Chillán es un paso adelante en la búsqueda de justicia, pero no es suficiente. La formalización de este sábado podría derivar en condenas ejemplares, o podría terminar en absoluciones y sanciones menores. La historia enseña que el sistema judicial chileno suele ser implacable con los de abajo y benevolente con los de arriba.
La clase trabajadora debe leer este caso con otros ojos. No se trata de un escándalo policial, sino de la confirmación de que el Estado, en el Chile de los patrones, está al servicio de los poderosos. Los mismos carabineros que allanan sin orden, que detienen sin causa, que falsifican documentos y obstruyen investigaciones, son los mismos que el gobierno de Kast quiere fortalecer con más recursos y más facultades.
La lucha por la justicia no se gana con la detención de cinco carabineros. Se gana con la transformación de un sistema que produce impunidad, que blinda a los poderosos y que criminaliza a los de abajo. Mientras el Estado siga siendo un instrumento de dominación, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y los apremios ilegítimos seguirán siendo la norma. La única manera de detenerlos es organizarse, movilizarse y construir un poder popular que no dependa de la buena voluntad de los patrones.