El gobierno de José Antonio Kast, que construyó gran parte de su capital político sobre la promesa de “mano dura” contra el narcotráfico y la exigencia de test de drogas para todos los funcionarios públicos, sufrió este jueves un terremoto en sus propias filas: la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un examen de detección de sustancias ilícitas. La salida del hombre fuerte de la cartera económica, en medio de la discusión de la megarreforma tributaria, no es solo un revés administrativo; es la confirmación de la hipocresía de una clase política que aplica la vara de la “pureza” con saña a los de abajo y la flexibiliza con benevolencia cuando el afectado es uno de los suyos.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noche del jueves 23 de julio, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, confirmó la renuncia de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún al cargo de subsecretario de Hacienda. El fundamento, según explicó la autoridad, fue que el análisis de la primera muestra de un segundo test de detección de drogas, realizado en junio, arrojó un resultado positivo. Rodríguez había dado negativo en un primer examen en abril. La contramuestra, sin embargo, aún está pendiente.
El propio Rodríguez, a través de una declaración pública, reconoció que su renuncia se debía al resultado positivo, pero enfatizó que aquello respondería a un error en el examen. “No consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error”, afirmó, anunciando que se someterá a nuevos exámenes para demostrar su versión. La ministra de Salud, Ximena Chomali, sin embargo, salió al paso de estas declaraciones afirmando que “es muy difícil” que existan errores en este tipo de test.
La trampa de la pureza: el test como arma de clase
El gobierno de Kast ha hecho de los test de drogas una bandera de “transparencia”. El 6 de abril, la administración confirmó que todas sus altas autoridades deberían someterse a exámenes periódicos de detección de sustancias. El propio Presidente se sometió a un test de drogas en abril, en un acto publicitado como una señal de “compromiso con la probidad”. La medida, según el discurso oficial, buscaba “certificar su idoneidad para ejercer un cargo público”.
Pero lo que la derecha presenta como una cruzada contra el consumo de drogas es, en realidad, un mecanismo de disciplinamiento de clase. Los test de drogas no se aplican a todos por igual; se aplican con rigor a los funcionarios de base, a los trabajadores de la salud, a los profesores, a los jóvenes de los barrios populares. La “mano dura” contra las drogas no es una política de salud pública; es una política de persecución y control social.
La doble moral de la “mano dura”
La hipocresía alcanza niveles grotescos cuando se contrasta la salida de Rodríguez con el tratamiento que la derecha ha dado a otros casos de consumo de drogas en sus propias filas. El diputado Juvinao, en una declaración que debería estremecer los cimientos del Congreso, arremetió contra los políticos de derecha por su “doble moral”, señalando que “están esperando el break de la plenaria para meterse un pase de cocaína”. Según explicó, algunos de ellos son consumidores activos de alucinógenos.
La derecha chilena, que se llena la boca con discursos de “mano dura” contra el narcotráfico y exige leyes más severas contra los que delinquen, es la misma que protege a los suyos cuando el problema toca la puerta de sus oficinas. La misma que criminaliza a los jóvenes de los barrios populares por consumo de drogas es la que permite que sus parlamentarios consuman alucinógenos con total impunidad. La misma que exige tests de drogas para los funcionarios de base es la que, ante el positivo de un subsecretario, se limita a aceptar su renuncia y a agradecerle por su “labor”.
La función de clase del escándalo
Desde una perspectiva marxista, la renuncia de Rodríguez no es un escándalo de corrupción aislado, sino la confirmación de la función de clase del Estado. El gobierno de Kast, como todo gobierno burgués, utiliza el aparato represivo y disciplinario para controlar a los de abajo, mientras blinda a los de arriba. Los test de drogas son un instrumento de dominación que se aplica con saña a los sectores populares y con benevolencia a las élites.
La salida de Rodríguez, además, se produce en un momento crítico para la agenda económica del gobierno. El Ejecutivo sufrió un traspié en el Senado el miércoles, cuando se postergó la votación de la megarreforma tras evidenciarse que el oficialismo no reunía los votos necesarios. La renuncia del subsecretario de Hacienda, en medio de esta turbulencia, no es solo un revés personal; es un síntoma de la crisis de un gobierno que se desangra en sus propias contradicciones.
Epílogo: la máscara de la transparencia
La renuncia de Juan Pablo Rodríguez es la confirmación de que la “transparencia” que pregona la derecha es una máscara que se usa para ocultar la podredumbre del sistema. Mientras el gobierno de Kast exige tests de drogas para todos los funcionarios, sus propias filas son sacudidas por un escándalo que revela la doble moral de una clase política que se aplica a sí misma una vara distinta.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de la “mano dura”. La renuncia de Rodríguez no es un triunfo de la transparencia, sino la confirmación de que la derecha chilena no tiene ninguna intención de combatir el consumo de drogas. Su única intención es utilizar el problema de las drogas como un instrumento de disciplinamiento y control social. Mientras los jóvenes de los barrios populares son criminalizados por consumo de drogas, los subsecretarios de Hacienda son despedidos con honores y con un agradecimiento público. Esa es la doble moral de la derecha chilena. Y esa doble moral es la esencia de un sistema que protege a los de arriba y criminaliza a los de abajo.