El sistema frontal que azota a diez regiones del país desde el 14 de julio ha dejado hasta ahora 13 fallecidos, cuatro desaparecidos, 3.532 damnificados, 1.553 albergados y más de 61.000 personas aisladas. La suspensión total de clases se ha extendido por más de una semana en regiones como Coquimbo y Atacama, afectando a cientos de miles de estudiantes de sectores populares. Mientras el gobierno de José Antonio Kast despliega un discurso de “etapa de rehabilitación”, los barrios pobres y los campamentos siguen sumergidos en el barro, sin luz, sin agua y sin una respuesta estatal a la altura de la catástrofe. La misma administración que impulsa una megarreforma para regalar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas no tiene recursos para garantizar vivienda digna, infraestructura resiliente o un plan de emergencia que no sea la improvisación de siempre. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: en el Chile de los patrones, los desastres naturales siempre encuentran al Estado desnudo, mientras el capital se frota las manos con los negocios de la reconstrucción.
Por Equipo El Despertar
La geografía del desastre: las regiones olvidadas del capital
El temporal, impulsado por un río atmosférico de categoría 5 —la máxima en la escala— y por el fenómeno de El Niño, ha golpeado con especial fuerza al llamado “norte chico”, una zona que arrastra una grave sequía desde hace más de dos décadas. Las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos han sido afectadas, con las comunas de Combarbalá acumulando 275 milímetros de precipitaciones, una cifra récord para una zona acostumbrada a la aridez.
El balance es devastador: 150 viviendas destruidas, 3.750 con daño mayor, 22.030 con daño menor y 3.121 en evaluación. Más de 20.000 clientes sin suministro eléctrico y 176.991 sin agua potable en la Región de Coquimbo. Las autoridades han declarado estado de catástrofe en la provincia de Huasco y la región de Coquimbo, mientras la suspensión de clases se mantiene en Atacama, Coquimbo y sectores de Valparaíso y la Región Metropolitana.
La suspensión de clases: un privilegio para los ricos, una condena para los pobres
La suspensión de actividades escolares, presentada por el gobierno como una “medida preventiva”, ha afectado a cientos de miles de estudiantes de la educación pública, es decir, a los hijos de la clase trabajadora. Mientras los colegios privados de las comunas acomodadas han reanudado sus actividades con facilidad, los establecimientos municipales de sectores populares permanecen cerrados, sin fecha cierta de reapertura, en medio de caminos intransitables y escuelas convertidas en albergues.
La suspensión de clases no es solo una interrupción del aprendizaje; es una profundización de la brecha educativa. Los estudiantes de sectores populares, que ya enfrentan condiciones de precariedad, ven cómo su año escolar se fragmenta aún más, mientras los hijos de la burguesía continúan su formación en la comodidad de sus hogares o en establecimientos que no han suspendido actividades. Como señala un estudio del Centro de Estudios del Mineduc, los cierres prolongados de escuelas pueden generar un aumento en la exclusión escolar y una disminución de los aprendizajes. La medida, lejos de ser neutral, es un nuevo golpe a la igualdad de oportunidades.
La respuesta del Estado: discursos de “rehabilitación” y fondos que no alcanzan
El gobierno de Kast ha respondido a la crisis con el libreto de siempre: declaraciones grandilocuentes, despliegue mediático y promesas de “rehabilitación”. El biministro Claudio Alvarado ha anunciado que “comenzamos paso a paso a transitar hacia la etapa de rehabilitación”, y ha prometido sancionar a las empresas distribuidoras de electricidad por los cortes masivos. Pero la promesa de sanciones no restablece la luz ni el agua potable para los más de 176 mil clientes que llevan días sin suministro en la Región de Coquimbo.
El gobierno también ha anunciado la activación de fondos de emergencia, pero la historia enseña que estos recursos son insuficientes y llegan tarde. La misma administración que ha recortado el presupuesto de vivienda en más de 200 mil millones de pesos y que impulsa una megarreforma para reducir los impuestos a las grandes empresas, no tiene capacidad para responder a una catástrofe de esta magnitud. El Estado de Kast, que ha hecho de la “austeridad” su bandera, ha desmantelado la capacidad de respuesta del Estado y ha dejado a los sectores populares a merced de la furia de la naturaleza.
La función de clase del desastre
Desde una perspectiva marxista, el temporal no es un fenómeno natural aislado, sino la expresión de una crisis estructural que el capitalismo chileno ha profundizado durante décadas. La falta de inversión en infraestructura resiliente, el abandono de la planificación territorial, la precariedad de la vivienda social y la debilidad del Estado frente a las empresas eléctricas y sanitarias son el resultado de un modelo que prioriza la acumulación del capital por sobre la vida de las personas.
Las viviendas destruidas no son un accidente; son el producto de un mercado inmobiliario que ha empujado a las familias a vivir en zonas de riesgo, sin acceso a una vivienda digna y segura. Los cortes de luz y agua no son una fatalidad; son la consecuencia de un sistema que ha entregado los servicios básicos a empresas privadas que priorizan sus ganancias por sobre la calidad del servicio. El gobierno de Kast, lejos de atacar las causas estructurales de esta crisis, las profundiza con su agenda de ajuste y su entrega de recursos al capital.
Epílogo: la factura del desastre la pagan los de abajo
El temporal que azota a Chile dejará una estela de destrucción que tardará años en repararse. Pero la verdadera tragedia no es el fenómeno climático, sino la incapacidad del Estado para proteger a los sectores más vulnerables. Mientras las familias damnificadas esperan ayuda precaria, el gobierno de Kast sigue adelante con su agenda de ajuste y rebajas tributarias para las grandes empresas.
La clase trabajadora debe leer esta crisis con otros ojos: no se trata de un desastre natural, sino de un desastre social provocado por décadas de abandono estatal y políticas al servicio del capital. La reconstrucción que ofrece el gobierno de Kast no es para reparar el daño causado por el temporal, sino para reconstruir las ganancias del capital. La suspensión de clases, los cortes de luz y el desamparo de los damnificados son el precio que paga la clase trabajadora por un modelo que la excluye y la explota. Mientras el gobierno de Kast se ufana de su “mano dura” y su “eficiencia”, los barrios populares siguen sumergidos en el barro.