Un nuevo golpe al bolsillo de la clase trabajadora. A partir del 14 de septiembre, más de 921 mil hogares de las regiones de O’Higgins, Ñuble y Biobío comenzarán a pagar un 5,25% más en sus cuentas de agua potable. La medida, que regirá hasta 2031, fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y aplicada por la empresa Essbio, justificada en el “encarecimiento de insumos” y la necesidad de financiar obras para enfrentar la “variabilidad climática”.
Por Equipo El Despertar
La farsa de la “emergencia hídrica” como excusa para el saqueo
El discurso oficial para justificar el alza es el de siempre: la “crisis hídrica”, la “variabilidad climática” y la necesidad de “asegurar la continuidad del servicio”. Pero la realidad es que el aumento de las tarifas no es una respuesta a la escasez de agua, sino una transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores hacia las arcas de una empresa privada que opera bajo la lógica del lucro.
La propia Superintendencia reconoce que el reajuste responde al “aumento de los costos asociados a la prestación de servicios sanitarios” y al encarecimiento de los insumos básicos. Pero nunca se pregunta por qué esos costos deben ser absorbidos por los usuarios, y no por la empresa que obtiene pingües ganancias gracias a un contrato de concesión que le asegura un mercado cautivo.
El contraste con el período anterior es revelador: entre 2021 y 2026, las tarifas tuvieron una baja de 1,3% debido a un “contexto económico distinto y con una crisis hídrica no tan avanzada”. Es decir, cuando las condiciones económicas son desfavorables para la empresa, las tarifas pueden bajar; pero cuando la empresa necesita financiar obras o enfrentar un alza de costos, el Estado automáticamente autoriza un aumento que los usuarios deben pagar. La lógica es simple: las ganancias son privadas, las pérdidas y las inversiones son socializadas.
El ejemplo del tarifazo: cómo el 5,25% golpea el bolsillo de la clase trabajadora
El aumento del 5,25% no es una cifra abstracta. Para una familia que actualmente paga una cuenta de $10.000, el nuevo monto será de $10.525, un incremento de $525 mensuales. Para una cuenta de $20.000, el aumento será de $1.050. Y para una de $30.000, el incremento alcanzará los $1.575. Estos cálculos son referenciales y el monto final dependerá del consumo y los cargos incluidos en cada boleta.
Lo que estos números ocultan es que el tarifazo no es un fenómeno aislado. Se suma a una larga lista de aumentos en servicios básicos que han encarecido el costo de la vida de la clase trabajadora. El mismo gobierno que recorta el presupuesto de salud y educación, que flexibiliza los derechos laborales y que impulsa una megarreforma para reducir los impuestos a las grandes empresas, no duda en autorizar un alza en las tarifas del agua que golpea directamente a los sectores más vulnerables.
La función de clase del reajuste tarifario
Desde una perspectiva marxista, el reajuste de las tarifas del agua no es una medida técnica ni una respuesta a la crisis hídrica. Es la expresión de la función de clase del Estado: garantizar las condiciones para la acumulación del capital, incluso si eso significa sacrificar el bienestar de los trabajadores.
El agua, como bien común, debería ser un derecho garantizado por el Estado. Pero en el Chile neoliberal, el agua es una mercancía que se compra y se vende como cualquier otra. Las empresas sanitarias, como Essbio, operan bajo un régimen de concesión que les asegura un mercado cautivo y tarifas reguladas por el Estado. En este esquema, el Estado no actúa como protector de los derechos de la ciudadanía, sino como el garante de la rentabilidad del capital.
Epílogo: la factura la pagan los de abajo
El tarifazo del agua es un recordatorio de que, en el Chile de los patrones, los servicios básicos no son derechos, sino negocios. La clase trabajadora de O’Higgins, Ñuble y Biobío verá cómo sus cuentas de agua se encarecen mes a mes, mientras el gobierno de Kast sigue adelante con su agenda de ajuste y entrega de recursos al capital.
La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es: ¿por qué el Estado autoriza un aumento del 5,25% en las tarifas del agua para financiar obras que debieran ser responsabilidad del Estado? ¿Por qué los trabajadores deben pagar dos veces por un servicio que es un derecho humano básico? La respuesta es evidente: el Estado, bajo el gobierno de Kast, no está al servicio del pueblo, sino del capital. Y mientras eso no cambie, los tarifazos seguirán siendo la norma, no la excepción.