Por unanimidad, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles este jueves los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por la oposición contra la megareforma tributaria del gobierno de José Antonio Kast, abriendo la puerta a revisar el corazón del proyecto que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas. La decisión, que incluyó una audiencia pública para el 12 de agosto y alegatos para el 13, no es un mero trámite burocrático. Es la constatación de que el gobierno de la “emergencia” ha intentado imponer su agenda regresiva por la vía rápida, esquivando los controles constitucionales, y que la oposición, aunque tarde y a regañadientes, ha decidido plantar cara en el último reducto que le queda al Estado de derecho: el tribunal de garantías. La clase trabajadora asiste a un nuevo capítulo de la farsa: mientras la derecha celebra su victoria legislativa, el TC se prepara para desmontar las piezas más gruesas de un proyecto que no es de “reconstrucción”, sino de consolidación del modelo de desigualdad.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La noticia que sacudió los pasillos de La Moneda y del Congreso llegó este jueves 6 de agosto, cuando el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por senadores y diputados de oposición contra el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, conocido como la megareforma. La decisión, adoptada por el Pleno del organismo presidido por María Pía Silva, no solo abre la puerta a una revisión de fondo de las disposiciones impugnadas, sino que deja al descubierto la fragilidad jurídica de un proyecto que la derecha intentó imponer a toda costa.
Los tres requerimientos apuntan a dos grandes áreas: la invariabilidad tributaria y las materias medioambientales. En el primer caso, los parlamentarios cuestionan el blindaje de 20 años que el proyecto otorga a las grandes inversiones —aquellas que superen los US$350 millones—, una suerte de “zona franca” para el capital que congela las reglas del juego a perpetuidad y atenta contra la soberanía fiscal del Estado. En el segundo, la oposición impugna el seguro estatal para inversiones privadas en caso de que se revoque una resolución de calificación ambiental (RCA), una medida que, en los hechos, obliga al Estado a indemnizar a las empresas si la propia institucionalidad ambiental detecta irregularidades en sus proyectos.
Las fechas clave: el reloj corre, pero la lucha continúa
El TC ha fijado un calendario que mantiene en vilo al gobierno y a la oposición. El miércoles 12 de agosto, a partir de las 09:00 horas, se realizará una audiencia pública para escuchar a organizaciones, expertos y terceros interesados en entregar antecedentes sobre las normas impugnadas. Quienes quieran participar tendrán hasta el lunes 10 de agosto para presentar su solicitud por escrito. Al día siguiente, el jueves 13 de agosto, el Pleno del Tribunal escuchará los alegatos de las partes directamente involucradas y resolverá el fondo de los tres requerimientos.
El gobierno, por su parte, ha recibido traslado por cinco días corridos para pronunciarse sobre las cuestiones de constitucionalidad planteadas, en caso de que así lo estime conveniente. La oposición, mientras tanto, no descarta sumar una cuarta arremetida ante el TC, esta vez apuntando a las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones a los adultos mayores, una medida que ha sido calificada como un “regalo a las grandes fortunas” que profundiza la desigualdad territorial.
La función de clase de la megareforma: el saqueo como política de Estado
Lo que está en juego en el TC no es una disputa técnica entre abogados constitucionalistas. Es la constatación de que la megareforma no es un proyecto de “reconstrucción”, sino un mecanismo de transferencia de recursos desde el Estado hacia el capital. El corazón de la iniciativa —la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación del impuesto a las ganancias de capitales, la invariabilidad tributaria por 20 años y el seguro estatal para inversiones— no es más que un regalo millonario a los grupos económicos que ya concentran la riqueza del país.
La invariabilidad tributaria, en particular, es una de las disposiciones más lesivas para la soberanía fiscal del Estado. Al congelar las condiciones impositivas por dos décadas, el proyecto impide que futuros gobiernos puedan modificar las reglas del juego, incluso si la ciudadanía así lo exige. Es una suerte de “blindaje constitucional” para el capital, una medida que garantiza que, pase lo que pase, los grandes inversionistas seguirán pagando menos impuestos.
El seguro estatal para inversiones en caso de revocación de una RCA es otra de las joyas de la corona. En la práctica, obliga al Estado a indemnizar a las empresas si la propia institucionalidad ambiental detecta irregularidades en sus proyectos. Es decir, el capital no solo quiere menos impuestos, sino también una garantía de que, incluso si viola las normas ambientales, el Estado le pagará por ello. La medida es un cheque en blanco al extractivismo, una invitación a que las empresas sigan saqueando el territorio sin asumir los costos de su propia depredación.
El TC como última trinchera de la resistencia
La admisibilidad de los tres requerimientos es una victoria parcial para la oposición, pero no es el fin de la batalla. El TC aún debe resolver el fondo de las impugnaciones, y su decisión podría tener un alcance inédito, como ha advertido el abogado constitucionalista Domingo Lovera, quien calificó la discusión como “inédita” por la amplitud de las materias impugnadas y el alcance que podría tener un eventual pronunciamiento sobre el proyecto.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de una oposición que, después de haber votado a favor de la megareforma en varias instancias, ahora recurre al TC para salvar su propia legitimidad. La batalla judicial es necesaria, pero no es suficiente. La única manera de frenar el saqueo es la organización popular, la movilización en las calles y la construcción de un proyecto alternativo que ponga la vida de los de abajo por encima de las ganancias de los de arriba.
Epílogo: el fallo que la derecha no pudo comprar
El TC ha abierto la caja de Pandora de la megareforma. La decisión de admitir los tres requerimientos no es un gesto de buena voluntad, sino la constatación de que el gobierno de Kast ha intentado imponer su agenda regresiva por la vía rápida, esquivando los controles constitucionales. La clase trabajadora debe estar atenta a las audiencias del 12 y 13 de agosto, porque lo que está en juego no es solo la megareforma, sino el futuro del Estado de derecho en Chile.
Mientras los abogados discuten y los ministros del TC deliberan, los trabajadores siguen esperando que sus salarios alcancen para llegar a fin de mes. La “reconstrucción” que ofrece la derecha no es la de las viviendas destruidas por los incendios ni la de los empleos perdidos por la crisis; es la reconstrucción de las ganancias de los grupos económicos. Y esa reconstrucción, como siempre, se pagará con el sudor y la sangre de los de abajo. El TC ha dado un paso adelante, pero la lucha recién comienza.