La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, ahora recurre al Tribunal Constitucional para evitar tener que reconectar la luz y el agua de forma gratuita a las familias afectadas por desastres naturales. El artículo 31 de la Ley de Reconstrucción, que establece la “reconexión obligatoria y gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe”, es el nuevo objetivo de un gobierno que prefiere proteger los intereses de las empresas eléctricas y sanitarias antes que garantizar el derecho a la vida de los sectores populares.
Por Equipo El Despertar
El asalto a los derechos básicos: la reconexión como botín de guerra
El proyecto estrella del gobierno de José Antonio Kast, la denominada “Ley de Reconstrucción Nacional” o “megarreforma”, fue presentado como un paquete para “reactivar la economía” tras los incendios forestales. Sin embargo, bajo el manto de la “reconstrucción”, la iniciativa ha sido un caballo de Troya para imponer la agenda más regresiva de las últimas décadas. Y ahora, el Ejecutivo ha decidido ir por más.
Según ha trascendido, el gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31 de la ley, que establece la “reconexión obligatoria y gratuita de servicios básicos en zonas de catástrofe, con plazos y compensación si no se cumplen”. El argumento del Ejecutivo sería que esta medida, que garantiza el restablecimiento de la electricidad y el agua tras un desastre natural, afecta la “libertad de empresa” y los “contratos” de las compañías privatizadas.
La hipocresía es brutal. La misma administración que ha encontrado miles de millones para rebajar los impuestos a las grandes empresas, que ha blindado las ganancias de los grupos económicos con una invariabilidad tributaria de 20 años, que ha flexibilizado los derechos laborales y recortado la salud y la educación, ahora dice que no puede garantizar la reconexión de servicios básicos porque “afecta a las empresas”. La misma lógica de clase que prioriza el lucro de las eléctricas por sobre la vida de los damnificados.
La función de clase de la “libertad de empresa”
Desde una perspectiva marxista, la ofensiva del gobierno de Kast contra la reconexión obligatoria no es un acto aislado, sino la continuación de la lógica de clase que ha guiado a la derecha chilena desde el retorno a la democracia: el Estado como instrumento de acumulación del capital, los recursos naturales como botín de los grupos económicos, y los derechos de los trabajadores como un costo que debe ser eliminado.
La “libertad de empresa” que el gobierno invoca para impugnar el artículo 31 no es más que la libertad de las grandes corporaciones para explotar sin límites, incluso a costa de la vida de los más vulnerables. Cuando un temporal o un incendio deja a miles de familias sin luz ni agua, la prioridad del gobierno de Kast no es garantizar su supervivencia, sino proteger los márgenes de ganancia de las empresas privatizadas. La reconexión gratuita, que debiera ser un derecho básico en cualquier sociedad civilizada, se convierte así en un botín de guerra en la lucha de clases: un derecho que los de abajo deben arrancar a los de arriba.
La cortina de humo de la “responsabilidad fiscal”
El gobierno justificará su recurso al TC con el argumento de la “responsabilidad fiscal” y la “sostenibilidad de las finanzas públicas”. Pero la clase trabajadora no debe dejarse engañar. La misma administración que hoy dice no tener plata para reconectar la luz y el agua a los damnificados es la misma que encontró más de 4.000 millones de dólares anuales para rebajar los impuestos a las grandes empresas. La misma que destinó miles de millones a blindar las inversiones de los grupos económicos. La misma que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública.
La “responsabilidad fiscal” de la derecha es, como siempre, selectiva. Se aplica con rigor a los servicios públicos que benefician a la clase trabajadora, y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital. La reconexión obligatoria no es un gasto, sino una inversión en la vida de los de abajo. Pero para el gobierno de Kast, la vida de los trabajadores no está en el presupuesto.
La lección de los temporales: el Estado ausente
El recurso del gobierno al TC se produce en un contexto en que Chile ha sido azotado por uno de los temporales más destructivos de las últimas décadas. Las imágenes de familias damnificadas, de viviendas destruidas, de barrios enteros sin luz ni agua, son el recordatorio de que el Estado chileno no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba.
La misma administración que se tomó el tiempo para decidir si declaraba el Estado de Catástrofe, que demoró la liberación del 2% constitucional mientras las familias perdían sus hogares, ahora recurre al TC para evitar tener que reconectar los servicios básicos de los damnificados. La lección es clara: para el gobierno de Kast, la seguridad de los trabajadores es una opción, no una obligación. Y las empresas privatizadas, que ya han recibido miles de millones en subsidios y rebajas tributarias, no deben asumir el costo de una emergencia que el propio sistema ha ayudado a crear.
Epílogo: la deuda del sistema con los de abajo
El recurso del gobierno de Kast al Tribunal Constitucional para impugnar la reconexión obligatoria de servicios básicos no es un gesto de “responsabilidad fiscal”, sino un acto de guerra de clases. Es la confirmación de que el Estado chileno, bajo el gobierno de la derecha, no está diseñado para garantizar los derechos de los sectores populares, sino para proteger los intereses de los grupos económicos.
La clase trabajadora debe entender que esta ofensiva no es un incidente aislado, sino la continuación de un proyecto de desmantelamiento del Estado social que comenzó con la dictadura y que hoy, bajo el gobierno de Kast, ha llegado a su punto más crítico. La reconexión obligatoria de la luz y el agua no es un “privilegio” que el gobierno concede a los damnificados, sino un derecho que los trabajadores deben conquistar y defender.
Mientras el gobierno de Kast celebra su “éxito legislativo” y recurre al TC para proteger a las empresas, los damnificados por los desastres naturales siguen esperando que la luz y el agua vuelvan a sus hogares. La lucha por la reconexión obligatoria es la lucha por el derecho a la vida, y esa lucha, como siempre, la libran los de abajo.