El invierno más crudo de los últimos años ha dejado una estela de destrucción que la clase trabajadora conoce demasiado bien: 13 muertos, cinco desaparecidos, más de 16 mil damnificados y 13 mil personas aisladas. Pero el verdadero desastre no es solo climático. Es la respuesta tardía de un gobierno que, mientras celebraba su megareforma para los ricos, dejó a los municipios populares enfrentar solos la furia de la naturaleza. La misma administración que encontró tiempo y recursos para regalar 4.000 millones de dólares a las grandes empresas, ahora se toma el tiempo para decidir si ayuda a los damnificados. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de una verdad incómoda: el Estado de los patrones siempre encuentra plata para los de arriba, pero cuando se trata de los de abajo, la burocracia se convierte en un muro y la ayuda llega cuando ya es demasiado tarde.
El saldo de la tragedia: una catástrofe anunciada que el gobierno ignoró
El sistema frontal que comenzó a mediados de julio no fue una sorpresa. La Dirección Meteorológica había advertido sobre la magnitud del fenómeno con anticipación. Sin embargo, cuando la emergencia golpeó, la máquina estatal se movió con la lentitud de un aparato que no está diseñado para proteger a los más vulnerables.
El balance entregado por Senapred es elocuente: 13 personas fallecidas, cinco desaparecidas y 16.171 damnificados a nivel nacional. Más de 13 mil personas permanecen aisladas, incomunicadas por el corte de rutas y el desborde de ríos. La Región de Coquimbo concentra la mayor cantidad de damnificados, con 13.070 personas, y la mayoría de los aislados, con 12.890. Las viviendas destruidas o con daños superan las 5.600, según los balances de Senapred. Los cortes de energía eléctrica afectaron a cientos de miles de hogares: en Valparaíso, 196 mil clientes sin luz; en La Araucanía, más de 56 mil; en la Región Metropolitana, 32 mil; y en Coquimbo, 30 mil.
Pero el temporal no solo ha golpeado viviendas e infraestructura. También ha golpeado el bolsillo de la clase trabajadora. Dos tercios de los almacenes de barrio sufrieron caídas en sus ventas, y cerca de la mitad proyecta que durante los próximos días las ventas podrían seguir cayendo. Los pequeños comerciantes, los trabajadores informales, los que sostienen la economía de los barrios populares con su esfuerzo diario, son los primeros en sentir el impacto de un invierno que el gobierno no supo anticipar.
La demora como política de clase: la respuesta tardía que costó vidas
El gobierno de José Antonio Kast decretó el Estado de Catástrofe recién el lunes 20 de julio, cuando el balance ya alcanzaba cinco fallecidos y más de 99.000 personas permanecían aisladas en la Región de Coquimbo. La demora generó críticas incluso desde las propias filas del oficialismo. El diputado de la UDI, Marco Sulantay, denunció un “excesivo centralismo” y un “retraso administrativo injustificado” en la declaración del Estado de Catástrofe.
El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, fue categórico al denunciar la falta de coordinación del gobierno y cuestionar que “los ministros andan con su agenda propia” en medio de la emergencia . Juliá también criticó la visita de integrantes del gabinete a la zona afectada: “Mandaron dos ministros y todavía no entiendo para qué; se tomaron muchas fotos y grabaron muchos videos”. El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, afirmó que los municipios enfrentaron prácticamente solos las primeras jornadas de la crisis, con el apoyo insuficiente del gobierno central.
El propio Presidente Kast, al ser consultado por las críticas, defendió la institucionalidad y aseguró que el país cuenta con una estructura diseñada para enfrentar este tipo de situaciones. Pero su defensa es una confesión involuntaria: la “institucionalidad” que pregona es la misma que llegó tarde, la misma que dejó a los municipios populares enfrentar solos la emergencia, la misma que prioriza el “orden fiscal” por sobre la vida de los de abajo.
La hipocresía del “gobierno de la eficiencia”
La paradoja de esta catástrofe alcanza niveles grotescos cuando se contrasta con las políticas del gobierno de Kast. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma que transfiere 4.000 millones de dólares anuales desde el Estado hacia las grandes empresas, que recortó la gratuidad universitaria y desfinanció la salud pública, que anunció un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, ahora se toma el tiempo para decidir si ayuda a los damnificados.
El 2% constitucional, un fondo de emergencia de 1.400 millones de dólares contemplado en la Ley de Presupuestos, estaba disponible desde el primer día. No requería de nuevos impuestos ni de endeudamiento adicional. Pero el gobierno se resistió a activarlo. Mientras las familias perdían sus hogares, el dinero seguía congelado en las arcas del Estado. La “austeridad” que predica la derecha es, como siempre, selectiva: se aplica con rigor a los servicios públicos que benefician a la clase trabajadora, y se desvanece cuando se trata de los intereses del capital.
La geografía de la desigualdad: el temporal que no cae parejo
El temporal no es un fenómeno natural que golpea por igual. Como señalan los análisis críticos, “la lluvia también muestra lo que suele quedar fuera del balance oficial: campamentos en zonas de riesgo, servicios básicos frágiles y territorios obligados a enfrentar el temporal desde la precariedad”. La pregunta que la clase trabajadora debe formularse es simple: ¿por qué miles de familias viven en campamentos junto a ríos que se desbordan cada invierno? ¿Por qué los cortes de luz son la norma y no la excepción? ¿Por qué el Estado solo aparece cuando la tragedia ya es irreversible?
La respuesta, incómoda pero necesaria, es que el capitalismo chileno ha construido su riqueza sobre la base de la precariedad de los de abajo. Las viviendas en zonas de riesgo son el reflejo de una política habitacional que nunca fue prioridad. Los cortes de luz son el síntoma de un sistema eléctrico que privilegia las ganancias de las empresas por sobre la calidad del servicio. La precariedad no es un accidente; es la forma en que el capital administra la vida de los trabajadores.
Epílogo: la resistencia como única salida
El crudo invierno de 2026 ha dejado al descubierto la podredumbre de un sistema que abandona a los suyos en el momento de la emergencia. Los 13 muertos, los cinco desaparecidos, los más de 16 mil damnificados y las 13 mil personas aisladas no son solo cifras; son la prueba de que el Estado chileno, bajo el gobierno de Kast, no está diseñado para proteger a los de abajo, sino para servir a los de arriba.
Mientras las familias damnificadas esperan soluciones, el dinero del 2% constitucional sigue atado a la burocracia. La clase trabajadora debe entender que esta demora no es un accidente, sino la confirmación de que, en el Chile de los patrones, la solidaridad siempre llega tarde. Y los que pagan el costo de esa demora son, una vez más, los de abajo.
El temporal ha dejado al descubierto la verdadera naturaleza del “gobierno de la eficiencia”: un gobierno que prefiere el show mediático antes que las soluciones, que utiliza el miedo como herramienta de control y que, como han señalado los alcaldes, ha dejado a los municipios populares enfrentar solos la furia de la naturaleza. La única salida no es esperar que el gobierno decida ayudar, sino organizarse para construir un Estado que esté al servicio de las mayorías, no de las élites.