Apenas una semana después de la aprobación de su megareforma, el gobierno de José Antonio Kast ha presentado la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público, una instancia de 12 “expertos” que deberá proponer en 120 días una reforma al Estatuto Administrativo vigente desde 1989. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el Presidente Kast celebran el “consenso técnico” para poner fin a las “rigideces” del empleo público, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ha exigido que los trabajadores sean parte de la discusión y ha advertido que la “modernización” no puede significar “precarización”. La comisión, integrada por exautoridades de los gobiernos de Piñera y Boric, y por figuras vinculadas a think tanks de derecha como la Fundación para el Progreso, es un nuevo intento de la clase dominante por imponer su agenda de flexibilización laboral, mientras los funcionarios públicos —que ya soportan la precarización del trabajo a honorarios y la incertidumbre de los contratos a plazo fijo— son excluidos de las decisiones que afectan sus condiciones de vida.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La ofensiva del gobierno de José Antonio Kast contra los derechos de los trabajadores no se detiene. El lunes 17 de agosto, el Presidente presentó junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, un grupo de 12 “expertos” que tendrá 120 días para elaborar propuestas de reforma al Estatuto Administrativo, la norma que regula las relaciones laborales en el aparato estatal. La instancia, que no contará con un presidente, está integrada por exdirectores de Presupuestos, exsubsecretarios de Hacienda, exministros y académicos.
El ministro Quiroz justificó la medida con el discurso de la “eficiencia” y la “modernización”: “El Estado tiene múltiples funciones y debe servir en distintos ámbitos y debe hacerlo con eficacia, pero también con eficiencia, procurando que se haga el mejor uso de los recursos”. El Presidente Kast, por su parte, aseguró que existe “bastante consenso técnico, amplio y transversal” para reformar el empleo público. Pero la letra chica de esta “modernización” revela una verdad incómoda: se trata de la continuación de la misma lógica de clase que ha guiado a la derecha chilena desde la dictadura: flexibilizar el trabajo, abaratar el costo de la mano de obra y debilitar los derechos de los trabajadores.
La exclusión de los trabajadores: la ANEF alza la voz
La respuesta de la ANEF no se hizo esperar. El presidente del gremio, José Pérez Debelli, reafirmó la disposición de la Confederación a participar en el diálogo, pero advirtió que cualquier proceso de modernización debe considerar la experiencia de los trabajadores que sostienen los servicios del Estado. “Modernizar no puede significar precarizar”, sentenció el dirigente.
Pérez Debelli fue categórico al denunciar que la comisión de “expertos” no puede decidir sobre el futuro del empleo público sin la participación de quienes lo ejecutan diariamente. “Estamos disponibles para conversar con ese equipo humano, para entregar los aportes y la experiencia de quienes ejecutamos la función pública”, señaló. Pero la advertencia del gremio va más allá: la reforma al Estatuto Administrativo no puede abordarse de espaldas a los trabajadores, especialmente en un contexto en que el gobierno ya ha anunciado recortes presupuestarios y despidos arbitrarios.
La exclusión de los trabajadores de la comisión no es un accidente. Es la confirmación de que el gobierno de Kast, como todo gobierno burgués, no concibe la “modernización” del Estado como un proceso participativo, sino como una imposición desde arriba, diseñada por los mismos grupos económicos que se benefician de la precarización de la fuerza de trabajo. La ANEF ha exigido que la comisión aborde de manera integral las materias que impactarán directamente a los funcionarios, como la Ley de Presupuestos 2027, la Ley de Reajuste del Sector Público y la renovación del personal a contrata. Pero el gobierno, fiel a su lógica, ha optado por una comisión de “expertos” que, en los hechos, excluye a los principales interesados.
La composición de clase de la comisión
La nómina de la comisión es un mapa de los intereses de la clase dominante. Entre sus integrantes figuran Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos de Piñera y especialista en reformas al empleo público; Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda de Boric y excoordinadora de Modernización del Estado; Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, un think tank de la derecha más dura; y Ernesto Silva, prorrector de la Universidad del Desarrollo, vinculado al Opus Dei.
La comisión no es “transversal”, como la califica el gobierno. Es un muestrario de las élites políticas y económicas que han gestionado el Estado durante décadas, independientemente del signo del gobierno de turno. La presencia de exautoridades de los gobiernos de Piñera y Boric no es una señal de apertura, sino de la continuidad de un mismo proyecto de clase: la administración del Estado al servicio del capital. Como ha señalado la ANEF, “el uso de estas atribuciones del Estado como herramienta política le hace daño”. La comisión es la expresión de esa lógica: una elite que decide sobre el futuro de los trabajadores sin contar con ellos.
La flexibilización como política de clase
El objetivo de la reforma al Estatuto Administrativo es claro: poner fin a las “rigideces” del empleo público. En el lenguaje de la derecha, “flexibilizar” significa abaratar el costo de la mano de obra, facilitar los despidos y debilitar la protección laboral. Como ha señalado la ANEF, la modernización del Estado debe fortalecer un “Estado profesional, permanente, eficiente y al servicio de las grandes mayorías”. Pero lo que el gobierno de Kast propone es exactamente lo contrario: precarizar el empleo público para profundizar el modelo neoliberal.
La historia del Estatuto Administrativo es la historia de la resistencia de los trabajadores a la ofensiva del capital. Aprobado en 1989, en los días finales de la dictadura, el Estatuto ha sido un dique de contención contra la flexibilización salvaje del empleo público. Ahora, la derecha de Kast, con el apoyo de la centroizquierda que también está representada en la comisión, busca demoler ese dique. La “modernización” no es más que el nombre elegante para el desmantelamiento de los derechos laborales de los funcionarios públicos.
Epílogo: la lucha por el empleo público como lucha de clases
La comisión para la modernización del empleo público es el nuevo frente de la ofensiva de la derecha contra los derechos de los trabajadores. La exclusión de la ANEF de la instancia decisoria es la confirmación de que el gobierno de Kast no concibe el diálogo, sino la imposición. La misma lógica que ha guiado la megareforma tributaria —entregar miles de millones a las grandes empresas a costa del recorte del gasto social— es la que ahora impulsa la flexibilización del empleo público.
La clase trabajadora no debe dejarse engañar por el discurso de la “modernización” y la “eficiencia”. La reforma al Estatuto Administrativo no es una medida técnica, sino un acto de guerra de clases. Como ha denunciado la ANEF, “modernizar no puede significar precarizar”. La lucha por un empleo público digno y estable es parte de la lucha por un Estado al servicio de las mayorías, no de los intereses de los grupos económicos que se benefician de la explotación de los trabajadores.
Mientras la comisión de “expertos” se reúne a puertas cerradas para decidir el futuro de los funcionarios públicos, los trabajadores de la salud, la educación y los servicios sociales siguen esperando que sus derechos sean respetados. La ANEF ha dado la alerta. La clase trabajadora debe estar atenta. La “modernización” del empleo público no es el fin de la historia, sino su continuación. Y la resistencia, como siempre, la libran los de abajo.