El Séptimo Consejo de Gabinete del gobierno de José Antonio Kast se realiza hoy en Cerro Castillo en medio de un escenario de desorden ministerial sin precedentes, con declaraciones cruzadas que han desordenado el relato del Ejecutivo, un revés en el Tribunal Constitucional y una reforma de seguridad que ni siquiera cuenta con el respaldo de los propios partidos oficialistas. La “libertad ministerial” que pregona el Mandatario ha terminado por desnudar la falta de conducción de un gobierno que, a casi seis meses de su instalación, acumula 43 salidas de autoridades y enfrenta la peor crisis de credibilidad desde el retorno a la democracia. Mientras el Presidente se ufana de haber aprobado leyes “imposibles”, la clase trabajadora asiste a la confirmación de que el “orden” que prometió la derecha no es más que la coartada de un Estado que se desgarra en disputas internas por el control del poder, mientras los de abajo pagan las consecuencias de un gobierno que no sabe gobernar.
Por Equipoo El Despertar
Santiago de Chile. El séptimo consejo de gabinete que encabeza esta mañana el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de Cerro Castillo no es una reunión ordinaria. Algunos integrantes del Gobierno comentan que el Mandatario buscará hacer un llamado al orden al gabinete por las últimas declaraciones que han desordenado el relato del gobierno. La necesidad de ese llamado es la confesión de una crisis de conducción que la derecha chilena ha intentado ocultar bajo el manto de la “eficiencia” y la “mano dura”, pero que la realidad se ha encargado de desnudar.
La semana comenzó con una nueva polémica que expuso la falta de coordinación al interior del Ejecutivo. El ministro de Defensa, Fernando Barros, planteó en una entrevista que Chile debería “deshacerse” del Convenio 169 de la OIT y de la Ley Lafkenche, normas que calificó como “un riesgo para el país”. Horas después, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, lo contradijo públicamente, asegurando que el Ejecutivo “no va a innovar” en la materia. Al día siguiente, el propio Presidente zanjó la polémica señalando que la eventual salida del tratado “no es una prioridad”. Pero el daño ya estaba hecho: la imagen de un gobierno que habla con dos voces y que no logra coordinar ni siquiera sus mensajes más elementales.
La “libertad ministerial” y el caos como política de Estado
El problema no es Barros. El problema es el estilo de gobernanza que Kast ha instalado. El Presidente ha defendido la “libertad ministerial” como un sello de su administración, argumentando que “yo siempre incentivo a los ministros a que nos cuestionemos” y que “no convoqué a personas no pensantes”. El analista político Daniel Mansuy ha sido categórico: “Si José Antonio Kast no cambia este diseño estructural, sus ministros van a seguir chocando y, sobre todo, su Gobierno no va a poder capitalizar las ventajas que tienen sus propios ministros”.
El propio Presidente, sin embargo, ha admitido que la descoordinación ha llegado a niveles que ni él puede controlar. El lunes 17 de agosto, en una entrevista con Radio Duna, Kast asumió la responsabilidad por la falta de coordinación entre los ministros Alvarado y Quiroz, luego de que el titular de Interior reconociera que desconocía el requerimiento presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. “Eso es culpa mía, es responsabilidad mía”, afirmó el Mandatario. Pero las palabras de Kast no logran ocultar la realidad: su gobierno está sumido en un caos que ni siquiera él puede contener.
Los episodios se han sucedido con una velocidad que evidencia la falta de conducción. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió un reajuste del 23,9% para su cartera de cara a la Ley de Presupuesto 2027. El Presidente tuvo que salir a recordarle que “el que toma la decisión final soy yo”. La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, sugirió que los profesores podrían reconvertirse en “vendedores” o trabajar en “servicio al cliente” ante el avance de la inteligencia artificial. Tuvo que pedir disculpas al Colegio de Profesores. La ministra de Salud, May Chomalí, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, protagonizaron una descoordinación por la inclusión en la ACOT de un inciso que podría traducirse en pérdida de derechos sociales.
La lista de contradicciones parece interminable. Como ha señalado la diputada Zandra Parisi, “algunas declaraciones de ministros han generado confusión y señales contradictorias”. El analista político de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, ha observado que Kast “está en una postura más sobre el bien y el mal”, privilegiando la autonomía de sus ministros en lugar de marcar pautas clara. El resultado es un gobierno que no sabe gobernar, que se desgarra en disputas internas y que pierde credibilidad día a día.
Los reveses legislativos: el fracaso de la “mano dura”
La descoordinación ministerial ha tenido consecuencias concretas en el plano legislativo. El Tribunal Constitucional rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento presentado por el gobierno de Kast para impugnar la norma que garantizaba la reposición de servicios básicos en zonas de catástrofe. La senadora Karol Cariola (PC) fue categórica: “Le dijimos al ministro Quiroz que estaban cometiendo un error”.
Pero el principal fracaso ha sido la reforma constitucional de seguridad, el proyecto estrella de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa, que requiere 29 votos en el Senado para ser aprobada, llegó a la Cámara Alta sin tener asegurados ni siquiera los 26 respaldos que el oficialismo suele reunir. La UDI ha marcado distancia del proyecto y la propia oposición ha calificado la medida como “manifiestamente iliberal”. El gobierno ha tenido que quitarle la urgencia legislativa a la tramitación, en una confesión de que su proyecto estrella está condenado al fracaso.
El Presidente Kast ha intentado desdramatizar la situación, argumentando que “lo que nosotros vemos es que el crimen organizado ha avanzado tanto que requiere respuestas distintas”. Pero la realidad es que su gobierno no logra articular los consensos necesarios para aprobar ni siquiera sus propias iniciativas. La “mano dura” que prometió en campaña se ha estrellado contra la falta de coordinación de un gabinete que no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en sus mensajes más básicos.
La rotación de autoridades: el desgaste como política de clase
El desorden interno se refleja también en la alta rotación de autoridades que ha caracterizado al gobierno de Kast. En apenas cinco meses, el Ejecutivo ha acumulado 43 salidas entre ministros, subsecretarios, seremis y otras autoridades. Tres ministras han dejado el gabinete: Trinidad Steinert (Seguridad), Mara Sedini (Segegob) y Natalia Duco (Deporte). Seis subsecretarios y 33 secretarios regionales ministeriales también han salido.
El Presidente Kast ha restado importancia a esta situación, argumentando que “lo primero es resultados” y que “uno tiene que hacer un cambio” cuando la gestión no se realiza. Pero la alta rotación no es un síntoma de exigencia, sino de la incapacidad del gobierno para construir un equipo estable y cohesionado. Como señala un análisis del medio Canal 9, el gobierno de Kast se acerca a su primer medio año en el poder con una “seguidilla de controversias que han tensionado su conducción”. Las críticas, incluso dentro del oficialismo, han apuntado al diseño de gestión y al estilo de liderazgo del Presidente.
La función de clase del desorden
Desde una perspectiva marxista, el desorden y la descoordinación del gobierno de Kast no son un accidente ni un problema de “estilo de liderazgo”. Son la expresión de la contradicción fundamental de un gobierno que llegó al poder para profundizar el modelo neoliberal, pero que enfrenta la resistencia de una clase trabajadora que no está dispuesta a pagar el costo del ajuste.
La “libertad ministerial” que pregona Kast no es un gesto de confianza en sus colaboradores, sino la confesión de un Presidente que no logra imponer su autoridad sobre un gabinete que representa intereses diversos y, a menudo, contradictorios. La misma administración que encontró tiempo y recursos para aprobar una megareforma tributaria que regala más de 4.000 millones de dólares anuales a las grandes empresas, que autorizó la capitalización de Codelco con 2.400 millones de dólares y que prepara una reforma al mercado de capitales, ahora se desgarra en disputas internas que la prensa hegemónica intenta presentar como “diferencias de estilo”.
Pero la clase trabajadora no debe dejarse engañar por el espectáculo de un gobierno que no sabe gobernar. La descoordinación no es un problema de comunicación, sino la manifestación de un proyecto político que no tiene un rumbo claro. Kast llegó al poder prometiendo “orden” y “mano dura”, pero su gobierno es la encarnación del caos y la improvisación. Los trabajadores de la salud esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones; los estudiantes temen por la continuidad de sus programas; las familias de los barrios populares enfrentan un futuro incierto. La crisis de Kast no es una crisis de liderazgo, sino la crisis de un modelo que ha entrado en su fase final.