La Corte de Apelaciones de Santiago asestó un duro golpe a la Fiscalía Regional de Aysén al revocar la prisión preventiva de los ocho imputados que permanecían encarcelados por el caso “Operación Imperio Ámsterdam”. La decisión, que deja en libertad a los presuntos cabecillas de una red de tráfico de cannabis medicinal, no solo debilita la tesis del Ministerio Público sobre la peligrosidad social de los imputados, sino que expone las profundas contradicciones de un sistema judicial que, mientras persigue con saña a los eslabones más débiles de la cadena, se muestra incapaz de sostener sus acusaciones contra quienes ostentan el poder económico. La clase trabajadora asiste, una vez más, a la confirmación de que la ley, en el Chile de los patrones, se dobla ante los poderosos y se rompe sobre los de abajo.
Por Equipo El Despertar
Santiago de Chile. La tarde del viernes 11 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago emitió una resolución que, leída desde la perspectiva de la lucha de clases, constituye una de las páginas más elocuentes de la justicia chilena en lo que va de 2026. El tribunal de alzada revocó la prisión preventiva que pesaba sobre los ocho imputados que aún permanecían tras las rejas en el marco de la denominada “Operación Imperio Ámsterdam”, la megainvestigación que durante agosto conmocionó al país con más de 70 detenciones y que apuntaba a una presunta red de tráfico de marihuana que operaba bajo la fachada de dispensarios de cannabis medicinal.
La decisión de la Corte no solo deja en libertad a quienes la Fiscalía había presentado como la “cúpula” de la organización, sino que debilita de manera terminal la tesis del Ministerio Público sobre la necesidad de mantenerlos encarcelados. Entre los beneficiados se encuentran Andrés Astorga Rodríguez, alias “El rey de la weed”, sindicado como el principal articulador de la estructura; Gino Athens Athens y Mario Astorga, señalados como cabecillas de la red que vinculaba al Dispensario Nacional con la productora Má Botanics. Todos ellos habían quedado en prisión preventiva por decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que inicialmente consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. La Corte de Santiago revirtió esa decisión y concluyó que podían permanecer en libertad mientras continúa la investigación, aunque sujetos a arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de comunicarse entre sí.
Un segundo revés que expone la fragilidad de la acusación
El fallo del viernes no fue un hecho aislado. La semana anterior, la misma Corte de Apelaciones ya había rechazado una solicitud de la Fiscalía para enviar a prisión preventiva a otros 13 formalizados, manteniendo las cautelares de menor intensidad que se les habían impuesto en primera instancia. Con esta nueva resolución, ninguno de los imputados en esta arista continúa encarcelado: algunos cumplirán firma quincenal, arraigo y prohibición de comunicarse, mientras que Camilo Huerta, el exchico reality que se convirtió en el detenido número 74 de la causa, sigue bajo arresto domiciliario total.
La secuencia de reveses judiciales configura un cuadro devastador para el Ministerio Público. La Fiscalía Regional de Aysén, dirigida por Hernán Libedinsky, había construido una acusación monumental: más de un centenar de interceptaciones telefónicas, allanamientos simultáneos en nueve regiones, testimonios de arrepentidos y una tesis que vinculaba a los imputados con ganancias millonarias provenientes del tráfico de cannabis. El propio Libedinsky sostenía que los imputados conformaron una organización dedicada a “comercializar marihuana de alta concentración de THC a través de dispensarios medicinales”, generando un perjuicio fiscal significativo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones no encontró méritos suficientes para mantenerlos encarcelados.
La ironía es brutal. La misma justicia que no duda en encarcelar preventivamente a jóvenes de barrios populares por delitos menores, que mantiene a cientos de personas sin condena en cárceles hacinadas, que aplica con rigor el principio de “peligro para la seguridad de la sociedad” cuando el imputado es pobre y marginal, se muestra incapaz de sostener esa misma lógica cuando los acusados son empresarios con acceso a abogados de primer nivel y capacidad de construir una defensa técnica sofisticada. La libertad de la cúpula del “Imperio Ámsterdam” no es una victoria de la presunción de inocencia; es una demostración de que el sistema penal chileno tiene dos velocidades: una para los de abajo, que no conocen la libertad provisional, y otra para los de arriba, que pueden esperar el juicio en sus casas.
La “not denuncia” que amenaza con derribar todo el caso
Pero la liberación de los imputados no es el único golpe que ha recibido la Fiscalía. En paralelo, el caso enfrenta una amenaza aún más grave para su validez jurídica: la querella presentada por William Vásquez Martínez, director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, que acusa a personal de Carabineros y a la propia Fiscalía Regional de Aysén de haber construido la investigación a partir de una denuncia inexistente. Según la querella, admitida a trámite por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, la conversación que Vásquez mantuvo en agosto de 2024 con el OS7 de Carabineros nunca tuvo el carácter de denuncia ni de autodenuncia. Vásquez asegura que concurrió voluntariamente a las dependencias policiales para hacer consultas administrativas sobre su proyecto de dispensario medicinal, y que no entregó antecedentes sobre delitos cometidos por él o por terceras personas. Sin embargo, el OS7 remitió a la Fiscalía Local de Coyhaique el Oficio Reservado Nº 311, suscrito por el suboficial Daniel Hidalgo Garcés y el capitán Pablo Ardiles, en el que presuntamente se habrían alterado las declaraciones de Vásquez para hacerlas pasar por una denuncia formal.
La querella, que apunta a los delitos de falsificación de instrumento público cometido por empleado público, ha sido derivada al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien deberá resolver si designa a un fiscal regional distinto al de Aysén para investigar el origen de la operación. La razón es particularmente delicada: si se comprueba que el antecedente inicial fue falsificado, deberá establecerse quiénes conocieron, validaron y utilizaron esa información para solicitar medidas judiciales. En el punto de mira está el propio Libedinsky, quien validó las actuaciones del caso y quien podría convertirse en foco de las imputaciones.
La función de clase de la persecución penal
Desde una perspectiva marxista, el caso “Imperio Ámsterdam” no es una simple operación antidrogas. Es la expresión de una contradicción de clase que atraviesa todo el sistema penal chileno. La Fiscalía, como aparato del Estado, persigue el delito allí donde puede obtener resultados mediáticos y donde no se topa con la resistencia del poder económico. Los dispensarios de cannabis medicinal, que operan en un limbo legal, eran un blanco perfecto: un negocio en expansión, con figuras públicas involucradas, con márgenes de ganancia atractivos y con una estructura jurídica que permitía presentarlo como una “organización criminal”. Pero cuando la Corte de Apelaciones examinó la evidencia, no encontró méritos suficientes para mantener encarcelados a los imputados. La “peligrosidad social” que la Fiscalía había invocado se desvaneció en los tribunales.
El verdadero problema no es la inocencia o culpabilidad de los imputados. Es la lógica de clase que determina quién va a la cárcel y quién espera el juicio en libertad. Mientras los empresarios del cannabis medicinal negocian sus cautelares con abogados que cobran honorarios millonarios, los jóvenes de los barrios populares detenidos por microtráfico son enviados a prisión preventiva sin que nadie cuestione su “peligrosidad social”. La Corte de Apelaciones no aplicó un principio jurídico abstracto; aplicó la lógica de clase que estructura el sistema penal. Y esa lógica dice que la libertad provisional es un privilegio de los que pueden pagarla.
La clase trabajadora chilena no debe dejarse engañar por el espectáculo de un sistema judicial que se muerde la cola. La liberación de la cúpula del “Imperio Ámsterdam” no es una victoria de la justicia; es la confirmación de que la ley se aplica con dos varas. Mientras los de abajo se pudren en prisión preventiva por delitos menores, los de arriba salen por la puerta grande. Y la historia, como siempre, la escriben los que resisten.